ISSN 1909-2002
7ª Edición

TEL 310 234 0736

email: orlandoamorocho@hotmail.com

SinTapujos

"AQUI SE DICE LO QUE OTROS CALLAN"

PERIODICO INFORMATIVO A SU SERVICIO

ORLANDO AMOROCHO CH.
DIRECTOR

 

SOBRE MI GESTION
VER QUIENES SOMOS

 

Bienvenido al

CONSULTORIO JURIDICO

de Amorocho

 

PROBLEMAS JURIDICOS ? CONSULTENOS :

PROYECTO DE LEY PARA LEGALIZAR Y REGLAMENTAR LA CORRUPCION

Proyecto de Ley No. de 2011
Por la cual se Legaliza y se Reglamenta la Corrupción en Colombia como mecanismo Transitorio para evitar el desencaje de las finanzas y recursos públicos del país
EL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:

Artículo primero Objeto. La presente Ley tiene por objeto Legalizar y Reglamentar en todo el Territorio Colombiano La Corrupción y la apropiación en porcentajes considerables y razonables de los recursos públicos del Estado para evitar que las finanzas públicas dejen de cumplir el objeto de inversión en todos los sectores del Estado Colombiano por su mengua.

Articulo Segundo. Quedará rotundamente prohibido a particulares, consorcios, o personas jurídicas pedir para bien de estos mas del porcentaje que de acuerdo a las tablas fijará en su reglamentación las autoridades territoriales, estas como Alcaldes, Concejales, Gobernadores, Diputados, Ediles en la respectiva Jurisdicción.
PARAGRAFO. El Congreso de Colombia podrá participar en dicha reglamentación si algunos de sus miembros lo consideran pertinente y conducente.

Artículo Tercero. Con la presente Ley, quedan Legalizadas las denominadas coimas y comisiones al igual se deroga todo el capítulo de Peculado en el actual ordenamiento Penal Colombiano para el tráfico de influencias.


Artículo Cuarto. Quien desee hacer cabildeo o lobby para obtener comisiones por el otorgamiento de contratos deberá abrir una cuenta bancaria en el exterior especialmente en Islas Caiman para evitar el cobro del 4 por mil y evitar el descubrimiento de pruebas.


Artículo quinto. A los funcionarios y servidores públicos del estado les estará permitido recibir mordidas por colaborar, ayudar, asesorar y acompañar el otorgamiento de Contratos y Licitaciones sin el lleno de requisitos de Ley

Artículo Sexto. A quienes se vean afectados por el incumplimiento en el pago de comisiones por parte de contratistas, podrán denunciar desde cualquier parte del mundo y las autoridades competentes les otorgarán el principio de oportunidad como respeto a los pactos.

Artículo séptimo. Se permitirán los desayunos con contratistas, organismos de control y vigilancia, de autoridades que ejerzan control político, autoridad administrativa y policiva y quienes tengan a cargo la ejecución del presupuesto en todas las entidades del Estado única y exclusivamente para estos temas.
PARAGRAFO.- Nadie podrá ser filmado, chuzado o interceptado en sus comunicaciones, ni grabado cuando se desarrollen estas actividades de Cabildeo y desayuneo o almuerceo, con el fin de obtener coimas, comisiones, regalías u otras similares frente a la contratación en Colombia.


Artículo Octavo. A las fuerzas militares de Colombia les queda prohibido la aplicación de esta Ley, y en todo caso si se dejaren pillar también se les concederá el principio de oportunidad, por la delación que hagan de cualquier tipo de persona que abuse o desborde la presente ley.

Artículo Noveno. Los gobernantes de turno en cada territorio, propenderán para que mínimo el 50 por ciento del presupuesto. De cada anualidad se invierta en los programas del Plan de Desarrollo aprobados, y podrán decretar impuestos adicionales para dar cumplimiento a esta Ley en todos sus artículos.


Artículo Decimo. Con esta Ley quienes hayan sido engañados y estafados, o a quienes no les hayan cumplido con las comisiones o coimas, podrán denunciar y a los incumplidos se les sacará del registro de lobistas y no se les concederá ningún beneficio de rebaja de penas por incumplidos y faltos de seriedad

Artículo Decimo primero.
La reglamentación de porcentajes de que trata esta ley deberá hacerse de inmediato, antes de que se contraten y adjudiquen los actuales presupuestos y con ello evitar que el presupuesto del país se quede en coimas comisiones o mordidas y que no se invierta en lo social y en infraestructura en Colombia.


Articulo Decimo segundo. Esta ley rige a partir de la fecha y deberá socializarse con los comisionistas y lobistas de los contratistas en Colombia.


Artículo Decimo tercero. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase, aprobada por el Pueblo Colombiano para evitar que se sigan robando la mayoría del Presupuesto de nuestro país por nuestros impuestos.
Autoría de www.SINTAPUJOS.NET


“PORQUE LA CORRUPCION HAY QUE REDUCIRLA A SU MAXIMA EXPRESION “

PONENCIA SOBRE LOS CERROS ORIENTALES EN EL CONSEJO DE ESTADO

Ponencia está en manos de magistrados para discutir en sala plena
Revolcón en cerros orientales
Proyecto de fallo de 259 páginas, elaborado por consejera de Estado, plantea la toma de al menos 20 decisiones de choque para terminar degradación de esa reserva natural. Sugiere copia del caso a Fiscalía para establecer responsables.

Por: Norbey Quevedo Hernández

Una vez se ratifique en Sala Plena la decisión del Consejo de Estado, el fallo se convertirá en la carta de navegación para evitar la degradación de los cerros orientales de Bogotá. / El Espectador
Hace ocho años, con el objetivo de legalizar asentamientos, explotaciones mineras, tala de árboles o licencias de construcción en los cerros tutelares de Bogotá, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que excluyó una vasta zona de esa reserva forestal. La decisión dio pie a una acción popular que en 2006 amparó algunas áreas de importancia ecológica y el acceso a servicios públicos. El caso llega ahora al Consejo de Estado, que se apresta a sentar cátedra sobre cómo se deben proteger los cerros orientales de la ciudad.
Durante casi 40 años, en virtud de la Ley 133 de 1976, las 14.116 hectáreas del bosque que atraviesa la ciudad de sur a norte en los cerros orientales fueron consideradas reserva forestal. Por su variedad de flora y fauna, sus múltiples fuentes hídricas y otros aspectos conexos que definen condiciones climáticas de Bogotá, la zona que atraviesa por las localidades de Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén fue también protegida por el Ministerio de Agricultura, a través de una resolución de 1977, respaldada por leyes posteriores.
Sin embargo, con disímiles argumentos, desde el cambio de los usos del suelo en algunos sectores o la necesidad de adoptar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, en abril de 2005 el Ministerio de Ambiente introdujo una sensible variación. A través de la Resolución 463 de 2005 excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal. Lo hizo además con el propósito de legalizar situaciones ya de por sí irregulares. Una semana después de expedida la norma, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se interpuso una acción popular.
El litigio fue entablado por la ciudadana Sonia Andrea Ramírez, quien consideró que los cambios y las omisiones han deteriorado gravemente el bosque de los cerros orientales, y que de no tomarse medidas inmediatas, el descalabro ecológico puede ser mayor. En particular, la demandante detalló los riesgos que se corren en los asentamientos irregulares cuando llega el invierno, las enfermedades causadas por la explotación ilegal de minería, la falta de control a la tala de árboles y la explotación de la riqueza de flora y fauna.
En su momento, la acción popular orientada a reclamar protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso a infraestructura de servicios, entre otras pretensiones, suscitó un intenso debate. Como era de esperarse, el Departamento Administrativo del Medio Ambiente del Distrito, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y el Ministerio de Ambiente se opusieron a la demanda. No obstante, la Procuraduría admitió el caos existente.
En contravía con los diagnósticos del Dama, la CAR o el Minambiente, el Ministerio Público admitió que al menos en la resolución que excluyó 973 hectáreas de la reserva forestal de los cerros orientales de Bogotá se desconocieron conceptos técnicos y jurídicos. Además, recalcó que la CAR ha incumplido con sus obligaciones legales de proteger la reserva y el Departamento de Planeación Distrital la ha perjudicado al expedir varios conceptos que han posibilitado el desarrollo de varios proyectos urbanísticos en la zona.
A pesar de que como medida cautelar, en junio de 2005, fueron suspendidos los efectos de la resolución en entredicho, a la hora de la decisión de fondo, en septiembre de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se limitó a amparar el derecho colectivo al acceso a los servicios públicos y la protección de algunas áreas de especial importancia ecológica. La sentencia definió las responsabilidades de los organismos nacionales y distritales e impartió órdenes precisas para proteger la reserva forestal del bosque oriental de Bogotá.
Con el argumento de que el Tribunal de Cundinamarca debió también haber amparado aspectos relativos a la moral administrativa, la defensa del patrimonio público y cultural, y la seguridad, la demandante Sonia Andrea Ramírez apeló la decisión. Por motivos más bien relacionados con la premisa de que el fallo les había impuesto obligaciones que excedían sus competencias, el Ministerio de Ambiente, la CAR y otros organismos hicieron lo propio. El caso pasó al Consejo de Estado y siete años después el debate de nuevo está al rojo vivo.
Aunque el caso fue inicialmente un asunto de conocimiento de la Sección Tercera del Consejo de Estado, hoy es una prioridad de su Sala Plena. Están en juego muchos intereses y una realidad social de enormes proporciones. Son seis localidades comprometidas con urbanizaciones de todos los estratos. Entre las localidades de Usaquén, Chapinero y Santa Fe son cinco barrios y ocho veredas. Entre Usme, Chapinero y San Cristóbal, en la llamada Franja de Adecuación, hay 60 barrios, 34 de ellos legalizados y 26 en trámite de serlo.
En cuanto a las 973 hectáreas que fueron excluidas de la reserva forestal en abril de 2005, la misma Franja de Adecuación, de acuerdo con información del propio Ministerio de Ambiente, se trata de una zona con 470 hectáreas de vivienda, infraestructura y servicios; 42 hectáreas más dedicadas a la actividad de las canteras; 92 hectáreas de vegetación natural, 53 de pastos y 33 dedicadas a la agricultura. El área restante, es decir, 283 hectáreas, corresponden a plantaciones de bosque. Más de 100.000 personas viven en la zona.
El Espectador conoció el proyecto de fallo que hoy estudian los magistrados del Consejo de Estado. En principio, se trata de una ponencia que, de ser aprobada, no va a dejar títere con cabeza. La argumentación para el debate parte de reconocer que la expedición de la resolución de 2005 generó una situación caótica en la Franja de Adecuación y en la zona de recuperación ambiental. Además, admite que los asentamientos irregulares en el área de reserva pueden ocasionar peligrosos deslizamientos y desastres en la época invernal.
El proyecto de fallo plantea conceder la acción popular, no sólo reconociendo las pretensiones de la demandante, sino otorgándoles prevalencia a las necesidades de los habitantes de la zona. En esencia, protegiendo a la población de las acciones y omisiones del Ministerio de Ambiente, la CAR y el Distrito Capital. Por eso parte de resaltar que, en adelante, debe quedar prohibido expedir licencias de construcción y urbanización dentro de la reserva forestal. De manera adicional, propone órdenes concretas para los organismos oficiales.
Por ejemplo, exige que con sus propios presupuestos, Ministerio, CAR y Distrito costeen un plan de manejo del área de vivienda en un plazo de 10 meses para recuperar el valor ambiental de la zona. De igual modo, que se elabore un estudio denominado “Informe de minas y canteras”, para que en seis meses se describa cuál es la situación real en este aspecto. En conjunto, se busca ejecutar actividades de gran impacto ambiental y constituir un límite o una barrera que impida nuevos desarrollos urbanísticos ilegales en la zona de impacto.
La propuesta del Consejo de Estado apunta también a que en adelante los curadores urbanos de Bogotá se abstengan de conceder nuevas licencias de construcción o expedir cualquier tipo de permiso semejante. En particular, al Distrito Capital lo conmina a que elabore un informe de reubicación de asentamientos humanos para que sea ejecutado dentro de los 18 meses siguientes a su elaboración. De paso, plantea que el Ministerio de Ambiente expida un decreto que restablezca la reserva en sus auténticas proporciones.
De prosperar la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, la Procuraduría tendría que hacerles estricto seguimiento a todas las órdenes impartidas en el fallo; la Superintendencia de Notariado y Registro tendría que cancelar las anotaciones de afectación de la reserva en aspectos de vivienda; la Policía tendría que prestar apoyo especial en la reserva forestal para cumplir con las disposiciones ambientales, y se constituiría un comité de verificación de la sentencia, encabezado por el alcalde, el ministro de Ambiente y la demandante.
En los apartes finales del proyecto de fallo se propone compulsar copias del expediente a la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría para investigar la actuación de las personas que actuaron como curadores urbanos 2, 3, 4 y 5 de Bogotá, al momento en que se expidieron licencias irregulares de urbanismo y construcción. Por considerar que la acción popular no es la vía para hacerlo, la ponencia se niega a emitir juicios de responsabilidad contra los directores de la CAR que se desempeñaron durante el tiempo en que se deterioro la reserva.
La ponencia ya circula entre todos los miembros del Consejo de Estado y en breve comenzará el debate. Desde Usme hasta Usaquén, en una vasta extensión que abarca también varios terrenos hacia la vía a La Calera, tanto sus habitantes como los líderes comunales están a la expectativa de la decisión judicial. En el interior de la corporación judicial ya se advierte un consenso, que se trata de un fallo histórico, quizá de los más trascendentales de los últimos tiempos. Más que las 14.116 hectáreas de los cerros orientales, está en juego la protección ambiental de Bogotá.

TUTELA QUE TUMBA LA FOTOMULTA

215 personas le han solicitado al abogado antioqueño Benjamín Higuita, por correo electrónico, el fallo de tutela con el que el Juzgado 20 Penal del Circuito de Medellín hizo revocar una foto multa.
Según Higuita, el juzgado le dio la razón al decir que no tenía que pagar una foto multa por exceso de velocidad, impuesta el seis de marzo, esgrimiendo la vulneración de los derechos constitucionales a la presunción de inocencia y el debido proceso.
En primera instancia, el abogado acudió al tránsito durante los once días siguientes a la foto multa, para decir que le retiraran la sanción porque con la foto de un carro no podían comprobar que él era quien había cometido la infracción. Luego entuteló ante el Juzgado 30 Penal Municipal, quien dijo que no tenía competencia para fallar el caso, que fue remitido al Juzgado 21 Penal del Circuito, quien finalmente falló a su favor.
Para Benjamín Higuita, ex congresista, ex diputado, ex secretario general del Partido Conservador, con este fallo no se hace una apología a quienes infringen las normas de tránsito, sino que se hace un llamado a que se respeten los derechos de los ciudadanos, empezando por las autoridades.
Esta es la tutela. El señor Higuita recomienda a quienes deseen basarse en ese documento para instaurar un recurso, llenar los espacios en blanco:
Medellín, 08 de mayo de 2012
SEÑORES.
JUZAGDO PENAL MUNICIPAL DE MEDELLIN.
MEDELLIN.
REFERENCIA:ACCION DE TUTELA.
ACCIONANDTE:BENJAMIN HIGUITA RIVERA
ACCIONADO:MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN
BENJAMIN HIGUITA RIVERA, mayor de edad, abogado en ejercicio, con domicilio en la ciudad de Medellín, identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando en nombre propio, me dirijo a ustedes respetuosamente para que se sirvan proteger de manera inmediata y a favor del suscrito los derechos constitucionales fundamentales objeto de violación por parte del MUNICIPIO DE MEDELLIN representado legalmente por el señor ANIBAL GAVIRIA y la SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, representado legalmente por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o por quienes los reemplace o hagan sus veces al momento de notificarse la TUTELA.

ACCIÓN U OMISIÓN QUE MOTIVA LA TUTELA
Considero que han sido vulnerados mis derechos esenciales a la PRESUNCION DE INOCENCIA Y AL DEBIDO PROCESO dentro del trámite Administrativo que se adelantó en la Secretaria de Tránsito Municipal de Medellín y la cual concluyó con una sanción que se me impuso por supuestamente haber incurrido en una contravención que nunca he cometido.
HECHOS.
1.El día 22 de marzo acudí a las dependencias del Tránsito Municipal de Medellín para atender un Comparendo por FOTOMULTA que me había sido informado la semana anterior en mi sitio de residencia.
2. La FOTOMULTA era aparentemente porqué un vehículo de mi propiedad identificado con placas MNY 512 había excedido el límite de velocidad en una calle de la ciudad.
3.Al presentarme ante el funcionario respectivo, mesa 60, tuve la oportunidad de presentar mis argumentaciones las cuales resumo de la siguiente manera:
•El Código Penal Colombiano en su Artículo 21 señala en su Principio de Causalidad que laSanción no es aplicable si no “ es consecuencia de su acción o de su omisión “. Se refiere al sujeto a quién se le pretende hacer la imputación.
•El Código Nacional de Tránsito en su Artículo 129 menciona en su parágrafo primero qué “Las multas no pueden ser impuestas a personas distintas de quién cometió la infracción “
•El artículo 122 del mismo Código dice “ qué las sanciones se impondrán al responsable “
4.En ninguna parte dentro del trámite procesal se acreditó qué la persona que iba conduciendo el vehículo fuera el suscrito, ya qué incluso para esa época yo me encontraba incapacitado por una delicada cirugía -trasplante de hígado-, que me fue practicada en el Hospital San Vicente de Paul .
5.Al momento de terminar mi alegato me informaron verbalmente qué se me aplicaría la multa sin derecho a Reposición ni recurso de Apelación.
6.Si la multa es solamente aplicable al infractor, me pregunto yo, ¿ porqué colige con facilidad el funcionario de transito que el propietario tiene que ser el mismo infractor sin demostrarlo?.
7.El día 27 de marzo en escrito cuyo copia adjunto, eleve un Derecho de petición con base en el artículo 23 de la Constitución Nacional.
8.En escrito del día 25 de abril del año 2012 recibí respuesta de la Secretaría de Tránsito de Medellín, radicado Número 201200170660 donde me informan qué mediante la resolución 6853 del 22 de marzo se me había sancionado por la Contravención infringida y que ella estaba debidamente ejecutoriada. (Anexo Fotocopia de la comunicación).

9.La fecha de mi Derecho de Petición es marzo 27 del año 2012 y la fecha de respuesta es
Abril 25 del mismo año. Quiero dejar esto en consideración del señor Juez ya qué para responder por los Derechos de Petición se fijan al funcionario respectivo términos de carácter perentorio.
FUNDAMENTO DE DERECHO.
SENTENCIA C-980 DEL AÑO 2010-CORTE CONSTITUCIONAL.
“La obligación de pagar la multa, solo puede tener lugar, como consecuencia de su vinculación formal a la ¬¬¬ actuación administrativa y luego de qué se establezca plenamente su culpabilidad en la infracción.
En otro de sus apartes la misma Sentencia dice “ No está indicando que la sanción se produce de forma autómatica por efecto de la sola notificación “.
Y más adelante reitera
“Solo se paga la multa cuando se pruebe qué fue él quién cometió la infracción o cuando lo admita expresa o implícitamente “
Basadas todas las consideraciones anteriores en fallos reiterados de la Corte Constitucional, sobre interpretación y alcances del Artículo 29 de la C.N. sobre el Principio de la Presunción de Inocencia
“TODA PERSONA SE PRESUME INOCENTE MIENTRAS NO SE HAYA DECLARADO JUDICIALMENTE CULPABLE “ .
Otros fallos de la Honorable Corte Constitucional que pueden servir de soporte
Jurídico al señor Juez para atender la petición de restablecer mis Derechos son:
•C-563 DE 1999
•C-155 DE 2002
•C-506 DE 2002
•T-270 DE 2004
•T-677 DE 2004
Todas ellas proscriben la RESPONSABILIDAD OBJETIVA, por ser incompatibles con la dignidad humana.
Y para finalizar en la Sentencia T-145 DE 1993 que afirma
“Carece de respaldo Constitucional la imposición de sanciones Administrativas de plano con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal en razón del desconocimiento que ello implica de los principios de contradicción y de Presunción de Inocencia” los cuales hacen parte del núcleo esencial del Derecho del Debido Proceso “.
RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA
Con este escrito estoy aportando como pruebas los siguientes documentos:
1)Cedula de ciudadanía.
2)Derecho de petición del 27 de abril del 2012.
3)Respuesta del derecho de petición.
4)Comparendo N° xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANEXOS.
1)Cedula de ciudadanía.
2)Traslado para la accionada y para la procuraduría.
MANIFESTACIÓN JURAMENTADA
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 37 del Decreto 2591 del 19 de Noviembre de 1.991, manifiesto bajo juramento que no se ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos hechos o derechos aquí expuestos.
PETICIÓN:
Respetuosamente solicito al Despacho que a favor del señor BENJAMIN HIGUITA RIVERA, sean amparados los siguientes derechos fundamentales:
•PRESUNCION DE INOCENCIA
•DEBIDO PROCESO
DIRECCIONES.

 

Estas son las bases juridicas de la demanada contra la contralora general de la Republica .
DEMANDA CONTRALORA



1. Constitución Política. Art. 267. (…)

“El contralor será elegido por el congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República de terna integrada por candidatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar a cargo de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

“(…)

“Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de cinco años, y acreditar las calidades adicionales que exija la ley”.

2. LEY 42 DE 1993.

Art. 58. (…)

“Parágrafo. Las personas que aspiren a ejercer el cargo de Contralor General de la República deberán acreditar ante los organismos que formulen su postulación que reúnen las condiciones exigidas por la Constitución Política para el desempeño del cargo”.

“Art. 59. Para ser elegido Contralor General de la República se requiere, además de lo señalado por el artículo 267 de la Constitución Nacional, acreditar título universitario en ciencias económicas, contables, jurídicas, financieras o de administración y haber ejercido funciones públicas por un período no menor de cinco años”.

3. CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Art. 97. Parágrafo adicionado por art. 33 de la Ley 448/98. “La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado”.

 


Este es el contenido completo del fallo que tumbó a al FISCAL GENERAL :

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
CONSEJERO PONENTE: DR. VICTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil doce (2012).-

Radicación: 11001-03-28-000-2011-00003-00.-
Actor: Ferleyn Espinosa Benavides.-
Demandado: Viviane Aleyda Morales Hoyos - Fiscal General de la Nación.-
Acción Electoral.-

Decide la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por importancia jurídica, y en única instancia, la acción pública de nulidad electoral promovida por el señor Ferleyn Espinosa Benavides, quien pretende invalidar los actos administrativos mediante los cuales la H. Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación.

Al no haber sido aprobada la ponencia presentada inicialmente, el Consejero que sigue en turno somete a consideración de la Sala un nuevo proyecto de fallo.

I. ANTECEDENTES.
LA DEMANDA
FERLEYN ESPINOSA BENAVIDES, en ejercicio de la acción de nulidad electoral, pretende que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos :
- El proferido por la Corte Suprema de Justicia el 1°de diciembre de 2010, mediante el cual declaró elegida -en propiedad- a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, como Fiscal General de la Nación.

- El que dictó la misma Corporación el 14 de diciembre de 2010, en el que confirmó la elección de la Fiscal General de la Nación.

Para sustentar sus pretensiones, el demandante expuso los hechos que la Sala sintetiza así:

- El 6 de julio de 2009, el Presidente de la República remitió a la Corte Suprema de Justicia una terna de candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General de la Nación, integrada por los doctores Juan Ángel Palacio Hincapié, Virginia Uribe y Camilo Ospina Bernal; atendiendo la solicitud que elevó el Presidente del alto Tribunal, motivada en que el 31 de julio de ese año, el doctor Mario Iguarán Arana culminaba su periodo Constitucional.

- Comoquiera que, quienes integraban la terna, renunciaron en distintas fechas, el primer mandatario procedió a integrar una nueva, esta vez conformada por los doctores: Margarita Leonor Cabello Blanco, Jorge Aníbal Gómez y Marco Antonio Velilla.

- La Corte Suprema de Justicia procedió a votar por los ternados. Sin embargo, y tras varias votaciones, ninguno de ellos obtuvo el número necesario de votos para ser electo.


- Por lo anterior, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, pronunciarse sobre la posibilidad de que el Presidente de la República integrara una nueva terna para la elección del Fiscal General de la Nación. Dicha Sala conceptuó que resultaba viable que el primer mandatario nacional integrara un nuevo grupo de candidatos.

- En ese orden, el 5 de noviembre de 2010 se oficializó ante el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, la terna conformada por los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

- Previa convocatoria, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia procedió a votar para elegir al nuevo Fiscal General de la Nación. La sesión comenzó el 23 de noviembre de 2010 y se extendió hasta el 2 de diciembre siguiente, día en el que, con 14 votos de los 18 Magistrados que en ese momento integraban la Corporación, resultó electa la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos. La designación fue confirmada el 14 de diciembre de la misma anualidad.

LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

A juicio del demandante, los actos acusados desconocen las siguientes disposiciones:

- De la Constitución Política de 1991, los artículos 6, 29, 40-6, 115 (inciso 3), 121, 122, 152 (literal c), 189, 234 y 249 (inciso 2).

- Del Código Contencioso Administrativo, los artículos 84, 137, 138 y 229.

- Del Decreto 250 de 1970, el artículo 62 (modificado por el artículo 1 del Decreto 526 de 1971).

- Del Decreto 1660 de 1978, el artículo 14 .

Para sustentar el concepto de violación, el accionante agrupó sus argumentos así:

a. Falta de la firma del Ministro respectivo, en el acto de postulación de la terna. (Infracción a los artículos 115, 189 y 249 de la Constitución).-

Sostuvo que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 115 de la Constitución, ningún acto del Presidente de la República tiene valor ni fuerza alguna, mientras no sea suscrito por el Ministro del ramo o el Director del Departamento Administrativo correspondiente; salvo i) el acto de nombramiento y remoción de Ministros y Directores de Departamento Administrativo, y ii) aquellos actos expedidos en su calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa.

Manifestó que como el acto del 3 de noviembre de 2010 -a través del cual el Presidente de la República postuló a los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta Padilla-; solo está firmado por el primer mandatario y no fue suscrito por el Ministro del Interior y de Justicia; adolece de nulidad.

Afirmó que la integración de la terna no cabe dentro de las excepciones previstas en el artículo 115 de la Carta Política y que los actos que dicta el Presidente de la República, como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, están enumerados en el artículo 189 superior, sin que en esa disposición se mencione el acto de postulación de los 3 candidatos para la provisión del cargo de Fiscal General de la Nación.

b. Simultaneidad de dos ternas. (Desconocimiento del inciso 2 del artículo 249 de la Carta Política).-

Explicó que del texto del inciso 2 del artículo 249 de la norma superior, se infiere claramente que el Presidente de la República está facultado para postular una sola terna a fin de que la Corte Suprema de Justicia designe al Fiscal General de la Nación. Adujo que elaborar dos ternas de manera simultánea, como ocurrió en este caso, “altera e indisciplina” todo el trámite electoral. En efecto, éste resultó “enrevesado” y “confuso”, razón por la cual el acto administrativo debe ser declarado nulo.

c. Transgresión al derecho al debido proceso. (Violación del artículo 29 de la Constitución Nacional).-

Precisó que, a efectos de proveer el cargo de Fiscal General de la Nación, la Constitución y la Ley establecen que la actuación administrativa comprende las siguientes etapas: i) la postulación de la terna de candidatos por parte del Presidente de la República, quien debe enviarla a la Corte Suprema de Justicia, ii) la elección, y iii) la confirmación del nombramiento.

Señaló que la competencia del primer mandatario se agota cuando envía la terna a la Corporación Judicial y que no le es dable retomarla con posterioridad. Hacerlo desconocería el principio de colaboración armónica entre los poderes públicos.

En su criterio, en este caso se vulneró el derecho al debido proceso porque: i) el Presidente conformó dos ternas, ii) dentro del trámite electoral hubo un acto de postulación que adolece de nulidad, pues no está suscrito por el Ministro del ramo y, además, se dictó sin competencia y con abuso de poder (por ausencia de norma facultativa), y iii) el proceder del Presidente implica una intromisión en un proceso que de por sí era anómalo.

d. Incompleta integración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de la Fiscal General de la Nación. (Desconocimiento de los artículos 234 de la Constitución; 62 del Decreto Ley 250 de 1970 y 1 del Decreto 1660 de 1978, y de los Decretos 901 de 1969 y 3272 de 1985).-

Cuestionó el hecho de que la Corte Suprema de Justicia haya llevado a cabo la elección de la Fiscal General de la Nación con tan solo 18 de los 23 Magistrados que integran la Corporación. Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 234 de la Constitución, el alto Tribunal se compone del número impar de Magistrados que determine la Ley (23), de lo que se infiere que su debida integración se da cuando funcione con todos sus miembros (en pleno).

Dijo que, teniendo en cuenta la anterior disposición, así como la contenida en el artículo 15 de la Ley 270 de 1996, la facultad de la Corte Suprema de Justicia para elegir válidamente al Fiscal General de la Nación suponía que estuviera integrada por los veintitrés Magistrados. En ese orden, como la elección se llevó a cabo con sólo dieciocho togados, la Corporación no estaba habilitada para ejercer la competencia electoral.

De otro lado, reprochó que el alto Tribunal haya elegido a la Fiscal General de la Nación antes del nombramiento de los cinco Magistrados que faltaban, toda vez que, a su juicio, lo primero que debió hacer fue llenar las vacantes que existían en la Corporación y luego designar al Fiscal General.

Señaló que el artículo 62 del Decreto 250 de 1970 (modificado por el artículo 1 del Decreto 526 de 1971) prevé: “en la elección que hacen las Corporaciones Judiciales (…) el candidato no se considerará designado o escogido sino cuando se reúna las dos terceras partes de los votos de los miembros de la Corporación”, disposición que debe ser analizada conjuntamente con los artículos 152 (literal c) y 231 de la Carta Política, y con el artículo 14 del Decreto 1660 de 1970 (sic). Este último establece que “no se considerará elegido el candidato sino cuando haya obtenido a su favor los dos tercios de los votos de los miembros que integren la Corporación respectiva reunida en pleno”.

e. Periodo del Fiscal General de la Nación (Violación a los artículos 125 de la Carta Política y 6 del Acto Legislativo N° 1 de 2002).

En criterio del demandante, la Fiscal General de la Nación fue nombrada para un periodo de 4 años, sin tener en cuenta que la elección tiene carácter institucional y, por ende, solo podía ser designada para el lapso comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 31 de julio de 2013.

EL TRÁMITE DE LA DEMANDA

Radicado el escrito introductorio del proceso y, a solicitud del accionante, el 8 de febrero de 2011 el Magistrado Sustanciador ordenó requerir al señor Secretario General de la Corte Suprema de Justicia para que remitiera, con destino al proceso de la referencia, la copia auténtica con la constancia de publicación, notificación, comunicación o ejecución de los actos administrativos demandados .

Surtido el anterior requerimiento, mediante auto del 10 de marzo de 2011 , la Sección Quinta de esta Corporación resolvió:

i) Admitir la demanda.
ii) Notificar personalmente a:

- El señor Agente del Ministerio Público.
- La Fiscal General de la Nación, doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos (demandada).
- Al señor Presidente de la República, “para que, si a bien lo tiene intervenga y se pronuncie sobre las pretensiones de la demanda”. Y,
- Al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para los mismos efectos.

iii) No decretar la suspensión provisional de los actos demandados.

Dentro de la oportunidad legal, la Fiscal General contestó la demanda. Adicionalmente, la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Asociación de la Red Nacional de Veedurías y el ciudadano Víctor Velásquez Reyes; radicaron escritos en los que intervinieron en el asunto de la referencia. A través del auto de 2 de mayo de 2011, fueron aceptadas las intervenciones .

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

En su escrito , la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, quien obró mediante apoderado, se opuso a las pretensiones formuladas por el accionante con fundamento en los siguientes argumentos:

El Presidente de la República, al expedir el acto demandado, fungió en calidad de Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, razón por la cual el acto de postulación de candidatos a Fiscal General de la Nación tiene pleno valor y fuerza vinculante con su sola firma. Así lo advirtió la Sala de Consulta y Servicio Civil, al señalar que la terna de candidatos sólo requiere de la firma del Primer Mandatario.

De conformidad con el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, la elaboración de la terna, por ser una potestad discrecional, sólo está sujeta a la finalidad de la norma, la cual no es otra que la de lograr la elección del Fiscal General de la Nación.

Por tanto, dicha potestad no se agota con la postulación de una única terna, ya que pueden ocurrir distintos eventos, como la renuncia de uno de los integrantes, que hace “imperativo su modificación o revocatoria”.

El artículo 249 de la Constitución Política no establece de forma expresa la facultad del Presidente de cambiar la terna, sin embargo, ésta se halla de manera implícita, comoquiera que es una atribución autónoma, discrecional y de trámite dentro del proceso de elección, esto es, “revocable en cualquier momento”.

De igual forma, frente al argumento de la demanda según el cual, el acto de postulación de la terna es irrevocable, señaló que es errado, pues el mismo tiene carácter preparatorio y no genera ningún derecho en cabeza de quienes la integran.

El acto complejo de su designación como Fiscal General de la Nación, en el cual intervino el Presidente de la República y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, fue el resultado de un trámite en cuyas etapas se respetó el debido proceso.

Para el momento en el que resultó elegida, la Corte Suprema de Justicia se encontraba integrada por 18 Magistrados, toda vez que las plazas de 5 de ellos estaban vacantes, por lo tanto, las dos terceras (2/3) partes correspondían a 12 votos. En consecuencia, la elección observó el requisito de las mayorías que exige el Reglamento de esa Corporación.

En todo caso, la elección fue confirmada con el voto afirmativo de 16 Magistrados, número que comprende las dos terceras (2/3) partes de 23, por tanto, si se llega a considerar que la elección fue irregular, ésta ha de entenderse convalidada por el acto de confirmación de la elección, el cual se produjo el 14 de diciembre de 2010.

LAS INTERVENCIONES

1. El ciudadano Víctor Velásquez Reyes , actuando en nombre propio, manifestó que la acusación del actor, en relación con la validez del acto de postulación de la terna, es infundada, pues por ser una potestad discrecional del Presidente de la República no requería de la firma del Ministro del Interior y de Justicia. Sostuvo que, mientras la Corte Suprema de Justicia no ejerciera su función electoral, el Presidente podía componer o recomponer la terna de candidatos, por cuanto no se afectaban derechos subjetivos ni se causaba perjuicio a los integrantes de la misma.

2. La Asociación “Red Nacional de Veedurías”, mediante escrito del 5 de abril de 2011 , intervino oponiéndose a los argumentos del actor.

Afirmó que el procedimiento de designación de ternas por parte del Presidente de la República es de carácter discrecional y puede ser revocado en cualquier momento del trámite.

En su criterio, la elaboración de una nueva terna por parte del Primer Mandatario tuvo su justificación en la situación anormal que se presentó en la elección del Fiscal General de la Nación de la terna inicialmente puesta a consideración de la Corte Suprema de Justicia.

3. La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fundamentó su oposición a las pretensiones de la demanda, entre otros, en los siguientes argumentos:

El acto de la terna tendiente a proveer el cargo de Fiscal General de la Nación es proferido por el Presidente de la República, en calidad de Jefe de Estado, en cumplimiento de los mandatos y fines constitucionales, principalmente el de lograr la consecución de una adecuada política criminal, razón por la cual adquiere validez con su sola firma.

La elaboración de una nueva terna de candidatos tuvo razón de ser en el interés público ya que la Fiscalía General requería, para su adecuado funcionamiento, del nombramiento de su Director.

Por otro lado, para el momento de la elección de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, la Corte Suprema de Justicia se encontraba integrada por 18 Magistrados, por lo que las dos terceras (2/3) partes correspondían a 14 de ellos.

4. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, actuado a través de apoderado, solicitó negar las pretensiones de la demanda, por carecer de respaldo jurídico, con fundamento en las siguientes tesis:

El Presidente de la República cuenta con un margen de discrecionalidad para escoger candidatos a conformar la terna para Fiscal General de la Nación, comoquiera que las únicas restricciones son las establecidas en los artículos 232 y 249 de la Constitución Política, relativas a las calidades de los candidatos, la forma de proponer la terna y la corporación destinataria de la misma.

La selección de candidatos es una atribución que el Presidente lleva a cabo de forma voluntaria y autónoma, sujeta únicamente a la verificación de los requisitos constitucionales y legales que debe tener el candidato, sin que por ello se genere en este último un derecho subjetivo a ser elegido.

En ese orden, manifestó que no comparte la afirmación del actor, según la cual el Presidente de la República tiene derecho a presentar una única terna y que no tiene asidero legal ni constitucional entender que ambas ternas, a saber: i) la conformada por los doctores Margarita Leonor Cabello Blanco, Marco Antonio Velilla y Jorge Anibal Gómez, y ii) la integrada por los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Viviane Aleyda Morales Hoyos y Carlos Gustavo Arrieta Padilla; coexistieron, pues es claro que la nueva, al quedar en firme, “revocó la anterior”.

PRUEBAS

Mediante auto de 2 de mayo de 2011 se abrió el proceso a pruebas , se decretaron y practicaron las siguientes:

1. A solicitud de la parte demandante:

Copia auténtica e íntegra de los antecedentes que soportan las ternas, esto es, de las hojas de vida de los postulados para desempeñar el cargo de Fiscal General de la Nación y de los escritos remisorios expedidos dentro del trámite que contienen los nombres de los ternados (folios 108 a 167).

Copias de las actas en las que constan las actuaciones y deliberaciones de la H. Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, en orden a elegir el Fiscal General de la Nación (folios 326 a 515).

Certificación de los Magistrados que integraban el Alto Tribunal de la Jurisdicción ordinaria para el 1º de diciembre de 2010.

2. A solicitud de la parte demandada:

Se tuvo como prueba el documento anexo a la contestación de la demanda y que se relacionó con el Acta No. 42 de la Sesión Extraordinaria de 14 de diciembre de 2010 (folios 69 y 70).

- Con fundamento en los Oficios librados, se allegaron las siguientes pruebas documentales:

2.1. Escrito de 16 de junio de 2009, remitido por el Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de la República, a efectos de que enviara la terna para la elección de Fiscal General de la Nación (folios 108 y 109).

2.2. Oficio de 6 de julio de 2001 (sic) del señor Presidente de la República dirigido al Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia mediante el cual remitió la terna de candidatos para el cargo de Fiscal General de la Nación, conformada por los doctores María Rosa Virginia Uribe Betancur, Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal y Juan Ángel Palacio Hincapié (folio 110).

2.3. Perfiles de los postulados en la terna (folios 111 a 140).

2.4. Renuncia del doctor Juan Ángel Palacio Hincapié, presentada el 13 de octubre de 2009 (folios 144 y 145).

2.5. Oficio radicado ante la H. Corte Suprema de Justicia, el 26 de los mismos mes y año, por el que el Presidente de la República recompuso la terna con el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, adjuntando para el efecto su hoja de vida (folios 146 a 150).

2.6. Oficio de 26 de noviembre de 2009, suscrito por la doctora María Rosa Virginia Uribe Betancur, por el que solicitó la exclusión de su nombre de la terna (folios 151 a 155).

2.7. Oficio de 9 de diciembre de 2009, mediante el cual el Presidente de la República incluyó en la terna a la doctora Margarita Leonor Cabello Blanco, anexando su hoja de vida (folios 156 a 160).

2.8. Oficio de 13 de mayo de 2010, por el cual se incluyó en la terna al doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego, adjuntando su hoja de vida (folios 162 a 167).

2.9. Oficio radicado el 5 de noviembre de 2010, suscrito por el Primer Mandatario, por el cual envió nueva terna para la elección de Fiscal General de la Nación. Con el escrito se acompañaron las hojas de vida de cada uno de los postulados (folios 168 a 215).

2.10. Actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en las que se efectuaron deliberaciones y votaciones para elegir al Fiscal General de la Nación (folios 225 a 321 y 326 a 515).

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

En providencia de 18 de julio de 2011 se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión (folios 323 y 324):

1). El demandante .-

Reiteró las acusaciones contra el acto de elección de la doctora Viviane Aleyda Morales y, frente a los argumentos de la defensa, señaló que carecen de fuerza suficiente para enervar los cargos expuestos en la demanda.

Citó apartes del Acta N° 40 correspondientes a la sesión de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia iniciada el 23 de noviembre de 2010 (los que, en pertinente transcribió), de los que, en su sentir, se evidencia la postura de los Magistrados sobre la interpretación que se hizo del Reglamento de la Corporación respecto del número de votos que se requieren para elegir al Fiscal General de la Nación, en consideración a los cargos que existían vacantes en la Corte, para concluir, que aquellas suponen un artificio jurídico que trasgrede la Ley y la Constitución.

2). El apoderado de la Fiscal demandada doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos . -

Sostuvo que el acto de conformación de una nueva terna por parte del Presidente de la República no requería de la firma del entonces Ministro del Interior y de Justicia.

Con base en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado del 28 de octubre de 2010, afirmó que la facultad del Presidente de la República no se agota con la postulación de una terna, sino que debe reconformarla cuantas veces resulte necesario para cumplir el fin de la norma, es decir, hacer posible la elección de Fiscal General de la Nación. Al ser el acto de postulación una competencia constitucional autónoma, discrecional y de trámite del Presidente de la República dentro del proceso de elección del Director de la Fiscalía, dicho acto es esencialmente revocable, pues no genera ningún derecho para los ternados.

La postulación que efectúa el Primer Mandatario es un acto de trámite o preparatorio no susceptible de ser impugnado en sede administrativa ni en instancias judiciales.

No se trasgredió el debido proceso en el trámite de la elección de la Fiscal General de la Nación en ninguna de las etapas adelantadas por el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia.

El Reglamento de ésta última Corporación, adoptado mediante Acuerdo 006 del 12 de diciembre de 2002, establece que el quórum deliberatorio es de la mayoría de los miembros que integran la Corte Suprema y que para la elección de algunos cargos, como el de Fiscal General de la Nación, se requiere el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes.

Para el momento en que se efectuó su elección, el Alto Tribunal se encontraba integrado por 18 Magistrados, por lo tanto, las dos terceras (2/3) partes correspondían a 12. Agregó que, aun cuando esta consideración no fuese acogida, la elección fue convalidada el día 14 de diciembre con el voto afirmativo de 16 Magistrados.

En conclusión, sostuvo que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se ciñó a los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios, al culminar el proceso de elección del Fiscal General de la Nación.

3). Los intervinientes.-

3.1). La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial . Reiteró lo que expuso en el escrito de su intervención y afirmó que el acto de postulación del Presidente de la República no requiere, para su validez, la firma del Ministro del ramo.

Resulta inexplicable que el demandante alegue la existencia de dos ternas de manera simultánea en la medida en que nunca hubo –coetáneamente- 6 candidatos.

Es claro que la competencia radicada en cabeza del Presidente de la República, se caracteriza por: i) ser autónoma y de carácter constitucional; ii) es discrecional; iii) es revocable; iv) no es generadora de derechos a favor de alguno de los candidatos, y v) se materializa en un acto preparatorio o de trámite.

El procedimiento que se surtió para la elección del Director de la Fiscalía, se adelantó con sujeción al debido proceso y en aras del interés público.

Cuando se llevó a cabo la designación de la Fiscal General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia contaba con 18 Magistrados y no con 23, como “extrañamente el demandante considera que debería haberlo estado”, por lo que la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos obtuvo la mayoría de los votos de los presentes, de acuerdo con la exigencia del Reglamento General de la Alta Corporación.

Finalmente, señaló que el periodo que prevé la Constitución para el ejercicio del cargo de Fiscal, es de 4 años.

3.2). La Nación- Departamento Administrativo de la Presidencia de la República . Sostuvo que es importante tener en cuenta que la demanda se dirige contra los actos mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la Fiscal General de la Nación porque de manera contradictoria el accionante cuestiona el acto de postulación del Presidente que, en esta oportunidad no se demanda, el cual no es susceptible de ser impugnado ni en sede administrativa ni en la instancia judicial.

Señaló que el señor Presidente de la República cuenta con un poder discrecional y exclusivo como Jefe de Estado para integrar la terna a efectos de elegir al Fiscal General de la Nación, sin que sea dable entender que se trata de un acto de gobierno que requiere, para su validez, la firma del Ministro.

La demanda contiene apreciaciones subjetivas e intenta demostrar una presunta vulneración de principios constitucionales, entre ellos el debido proceso, pero no acreditó efectivamente ninguna violación.

Tanto el Presidente de la República como la Corte Suprema de Justicia, cumplieron sus deberes y ejercieron las competencias asignadas por la Carta Política, con el objeto de elegir al Fiscal General de la Nación.

3.3). El ciudadano Víctor Velásquez Reyes . En su escrito, reiteró su solicitud de que se nieguen las pretensiones de la demanda. Al efecto, dijo que las causales alegadas no existen por cuanto: i) la firma del Ministro del Interior no es necesaria porque el Presidente de la República actúa como Jefe de Estado o primer funcionario del orden administrativo; y ii) la Ley Estatutaria señala que las decisiones de las Corporaciones Judiciales se toman por mayoría de votos y en el caso sub-lite así se actuó. Agregó que los ternados no tienen derechos adquiridos sino meras expectativas y que, por el principio general según el cual “quien puede lo más puede lo menos, quien terna puede modificarla cuantas veces quiera”.


EL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Séptimo Delegado ante esta Corporación rindió concepto mediante escrito en el que solicitó negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no existe motivo constitucional ni legal para proceder a la nulidad del acto de elección de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos en el cargo de Fiscal General de la Nación.

En lo concerniente a la conformación de la terna, afirmó que, para su perfeccionamiento, sólo se requería la intervención de la voluntad del Presidente de la República, por cuanto el artículo 249 de la Constitución Política no condiciona su validez a la suscripción y comunicación por parte del Ministro del ramo respectivo.

La atribución conferida por el mencionado artículo es una función administrativa, autónoma, conferida a título personal al Presidente, en los términos del artículo 115 de la Carta.

De acuerdo con lo previsto en los artículos 234, 235 y 249 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia i) se compone del número impar de Magistrados que señala la Ley; ii) tiene la atribución de darse su propio Reglamento, y iii) dentro de sus funciones está la de elegir al Fiscal General de la Nación. Ni el Constituyente ni el legislador estatutario precisaron la mayoría requerida para la designación de dicho funcionario.

En ese orden, dijo que las mayorías, para efectos de la elección de Fiscal General, están reguladas en el artículo 5 del Reglamento de la Corporación, Acuerdo 006 de 2002, el cual, en sesión del 23 de noviembre de 2010, fue “interpretado” en el sentido de que las dos terceras (2/3) partes de los votos se debían calcular con base en los Magistrados que en ese momento conformaban la Corte y no en los que por Ley debe tener. A su juicio, dicha interpretación no contravino las preceptivas jurídicas invocadas por el actor.

En relación con el período de la Fiscal General de la Nación, afirmó que el artículo 249 de la Constitución Política prescribe que éste es de cuatro años. Que al tenor del artículo 125 ibídem, se establece que dicho período tiene carácter institucional, lo que supone que si el titular de dicho cargo se separa antes de que se cumpla su periodo, quien lo reemplace lo hace sólo por el tiempo restante.

Para quienes son elegidos en propiedad, como en el caso de la doctora Viviane Aleyda Morales, el tiempo de cuatro años comienza a contarse desde el día de la posesión.

Finalmente, advierte que, pese a que el actor no lo alegó y, por tanto, la Corporación no puede pronunciarse sobre ese particular, quiere llamar la atención sobre el hecho que la discrecionalidad que tiene el Presidente de la República para elaborar la terna no opera para revocarla porque ésta es una actuación que tiene un carácter reglado. Así, del Decreto 1950 de 1973, concluyó que se requiere la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 45 de esa normativa para revocar una designación, toda vez que las postulaciones que hace el Presidente de la República en una terna deben ser asimiladas a esa figura, cuya regulación se encuentra en la mencionada disposición. Al respecto señaló:

“Para revocar el acto administrativo que escogió la terna para elegir Fiscal General de la Nación, le es posible al Presidente de la República aplicar el artículo 69 del C.C.A. numeral 2, causales que per se no operan sino que deben estar en consonancia con el marco jurídico aplicable, es decir, siempre que se subsuman las hipótesis previstas en el artículo 45 del Decreto 1950 de 1973, salvo renuncia de los designados.


De otro lado se admite erróneamente que la naturaleza del acto de trámite que doctrinalmente se ha dado a la decisión de integrar una terna, faculta al Presidente de la República a revocarla por vía de la discrecionalidad, lo cual no resulta válido en un sistema de derecho porque esta decisión como acto jurídico que es debe estar sometida al ordenamiento jurídico.”.


MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO


En consideración a que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en Sesión del pasado 14 de febrero de 2012, asumió por importancia jurídica el conocimiento del proceso de la referencia; el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, Consejero de Estado, manifestó el impedimento para conocer del presente asunto, mediante escrito del 21 de febrero de 2012 .

En Sesión adelantada el 28 de febrero del presente año, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por encontrarlo fundado, aceptó el impedimento manifestado .-


II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1). Competencia y oportunidad.-

La competencia de esta Sala para conocer de la acción electoral de la referencia, en única instancia, se determinó en la Sesión del pasado 14 de febrero de 2012, en la cual se estableció que el presente asunto, por su importancia jurídica, debía ser decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; con fundamento en lo regulado en el artículo 130 del Decreto 01 de 1984, reformado por el artículo 38 de la Ley 446 de 1998. En efecto, el precepto en cita dispone lo siguiente:

“A solicitud del Ministerio Público, o de oficio, las secciones podrán remitir a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aquellos asuntos que se encuentren para fallo y que por su importancia jurídica o trascendencia social ameriten ser decididos por ésta. La Sala Plena decidirá si avoca o no el conocimiento del asunto.

Igualmente, la Sala Plena podrá asumir directamente el conocimiento de los asuntos que se encuentren para fallo en cualquiera de las secciones.”


Actos demandados.-

Se impugnan los actos administrativos mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, como Fiscal General de la Nación, proferidos los días primero (1°) y catorce (14) de diciembre de 2010, respectivamente, por considerar el actor que fueron expedidos con pleno desconocimiento de la Constitución y la Ley.

Caducidad de la acción electoral.-

Sobre la oportunidad del ejercicio de la acción, es precisa la referencia a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que preceptúa:

“La acción electoral caducará en veinte (20) días contados a partir del siguiente a aquél en el cual se notifique legalmente el acto por medio del cual se declara la elección o se haya expedido el nombramiento de cuya nulidad se trata. Frente a los actos de confirmación, el término de caducidad de la acción se contará a partir del día siguiente a la fecha en la cual se confirme la designación o nombramiento.”

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 121 del C.P.C., en concordancia con el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, el término “días” señalado en la norma previamente citada se entenderá como hábiles.

La Sala advierte que la demanda de acción electoral instaurada por el ciudadano Ferleyn Espinosa Benavides, contra los actos de elección aquí cuestionados, fue radicada en la Secretaría de la Sección Quinta de la Corporación, el 2 de febrero de 2011.

Por lo anterior, el plazo que tenía el actor para presentar la demanda incluyó 2 días de diciembre de 2010, y a partir del 11 de enero del siguiente año, se cuentan los 18 días restantes, de este modo, el término de caducidad venció el jueves 3 de febrero de 2011. Como la demanda se presentó el 2 de febrero de dicha anualidad, la acción se ejerció en tiempo.-

2). Del fondo del asunto.

El problema jurídico del cual se ocupará la Sala consiste en determinar si los actos, mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación, son nulos.

A efectos de resolver la cuestión planteada, la Sala estudiará los cargos en el orden desarrollado en la demanda, en los siguientes términos:

Primer cargo: Ausencia de ratificación ministerial a la terna presentada por el Presidente de la República. Segundo cargo: Alcance de la facultad conferida al Presidente de la República en el inciso 2º del artículo 249 de la Constitución Política – simultaneidad de ternas y vulneración del derecho al debido proceso. Tercer cargo: Incompleta integración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de la Fiscal General de la Nación. (Desconocimiento de los artículos 234 de la Constitución; 62 del Decreto Ley 250 de 1970 y 1 del Decreto 1660 de 1978, y de los Decretos 901 de 1969 y 3272 de 1985). Y, Cuarto cargo: Periodo del Fiscal General de la Nación.

Se precisa que el accionante al formular sus pretensiones no incluyó como demandado el acto de postulación del Presidente de la República, pues la solicitud que invocó en el mencionado capítulo se limita a pedir la nulidad de los actos mediante los cuales la Corte Suprema de Justicia eligió y confirmó a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación. Empero, la anterior circunstancia no le impide a la Sala pronunciarse sobre las dos primeras censuras que formuló el actor y que se relacionan con el acto que integró la terna; si se tiene en cuenta que se trata de dos argumentos que expuso el señor Espinosa Benavides para sustentar la pretendida nulidad de la elección y confirmación de la Fiscal y que se encuentran íntimamente ligados con la legalidad de los actos demandados pues, sin la postulación del Primer Mandatario, el máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria no hubiese podido ejercer su atribución electoral.

Primer cargo: Ausencia de ratificación ministerial a la terna presentada por el Presidente de la República.-

Con el objeto de abordar la censura planteada, la Sala se ocupará de los siguientes aspectos: (i) Alcance del artículo 249 inciso 2º de la Constitución Política, y, (ii) Naturaleza de la función de postulación atribuida al Presidente en el artículo 249 inciso 2º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 115 ibídem.

(i) Alcance del artículo 249 inciso 2º de la Constitución Política.-

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Constitución Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, configuración política y jurídica con claras implicaciones en el ejercicio del poder por parte de cada una de las autoridades de la República, las que, además, están instituidas para proteger los derechos de todas las personas residentes y para asegurar el cumplimiento de los deberes del Estado [artículo 2º ibídem].

Lo anterior implica necesariamente la postulación de un gobierno democrático, gobierno entendido en el sentido lato, como las autoridades (en este caso el Presidente de la República), que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado.

Es así como, dentro de una concepción de racionalización del poder, con el objeto de evitar los excesos evidentes en un sistema en el que una autoridad (unipersonal o colectiva) pueda concentrar el ejercicio de varias de las funciones centrales que debe ejercer el Estado, resulta de vital trascendencia el establecimiento de un marco normativo (constitucional, legal y reglamentario) de asignación de competencias a cada una de las autoridades estatales. La sujeción a dicho marco competencial quedó claramente configurado en el artículo 6º de la Constitución Política, que dispone:

“Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.”.

Lo anterior equivale a dar por sentado que, mientras los particulares pueden hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la Constitución y la Ley, los servidores públicos tan solo pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por ellas. Es natural que ello sea así, pues quien está detentando el poder necesita estar legitimado en sus actos y esto opera por medio de la autorización legal o constitucional .

En estas condiciones, la propia Carta establece ciertas funciones, atribuciones o competencias que son propias de las autoridades que dirigen, controlan y administran las instituciones del Estado, las cuales deben ser cumplidas a cabalidad.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 115 de la Constitución, el Presidente de la República es una autoridad del Estado, que no solo hace parte de la Rama Ejecutiva del Poder, sino que, además, la preside. A su turno, de la afirmación según la cual el Primer Mandatario es una autoridad, se deriva entonces, que sus competencias se encuentran definidas por un marco normativo específico, el cual deviene en primera instancia de la Constitución Política, tal como lo dispuso en el artículo 189.

Dicho artículo, empero, no agotó las facultades que el Constituyente quiso radicar en cabeza del Primer Mandatario del Estado, es decir, no puede considerarse que las facultades establecidas en el artículo precitado sean taxativas, pues una lectura atenta de la Carta Política se evidencia que en muchas otras disposiciones se confirieron atribuciones al mismo. Concretamente, y atendiendo al tópico que ahora concentra la atención de la Sala, es dable traer a colación el contenido del artículo 249, en los siguientes términos:

“La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la Ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un periodo de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido. (…)”.

De la lectura de dicha disposición se infiere, sin lugar a equívocos, que al Presidente de la República le fue conferida, a título personal y por razón de su cargo, la potestad de conformar una terna con el objeto de que otra autoridad, en este caso la Corte Suprema de Justicia, adopte una decisión en relación con la elección del Fiscal General de la Nación. No obstante esa claridad meridiana, argumentó el accionante que, en ejercicio de la facultad de postulación, el Presidente de la República debía contar con la firma del Ministro, para ese entonces, el de Interior y de Justicia.

Al respecto, se debe precisar que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Código Civil, “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. En concordancia con lo anterior, el artículo 28 ibídem prevé que: “Las palabras de la Ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras.”.

Así las cosas, dos son los presupuestos que se deben tener en cuenta al momento de interpretar una Ley: i) que la misma sea compleja o ambigua, es decir que requiera de un juicio de interpretación, y ii) que por ser precisa y puntal no se exija el mismo.

La Constitución Política tiene fuerza normativa, por lo cual se puede considerar como Ley en sentido material y, por ende, le son aplicables las normas generales de interpretación.

Aplicando dichas reglas, vigentes y pertinentes al caso en la medida en que la Constitución está dotada de fuerza normativa y por tanto es Ley en sentido material, se encuentra que la facultad conferida por el artículo 249 de la Constitución Política recae en el Presidente de la República, a título personal, y no en el Presidente de la República y el Ministro del ramo, concurrencia que, al tenor de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 115 ibídem, conforma el Gobierno.

En conclusión, la Carta estableció que esta atribución de presentar la terna emana del Primer Mandatario del Estado, sin que como lo pretende el actor, se pueda derivar otra interpretación de la norma constitucional que la establece.

(ii) Naturaleza de la función de postulación atribuida al Presidente de la República en el artículo 249 inciso 2º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 115 ibídem.-

Considera oportuno la Sala dar alcance al enunciado normativo referido, partiendo de una lectura sistemática con el artículo 115 de la Constitución Política, disposición que el accionante invocó como vulnerada y en la cual se reguló el tema aquí discutido, dependiendo de la naturaleza de la función que desempeña el Presidente de la República.

Dado el sistema de gobierno presidencial que impera en el ordenamiento constitucional colombiano, el Presidente de la República, como autoridad que simboliza la unidad nacional, ostenta una triple condición: Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.

Dichas calidades, aunque están enunciadas en la Carta Fundamental, presentan una dificultad práctica a la hora de determinar cuáles de las funciones atribuidas al Presidente de la República se encuadran en cada una de ellas. Por lo que, a título de ejemplo se ha entendido, por lo menos jurisprudencialmente, sin que sean los únicos eventos, que “las funciones de Jefe de Estado son [verbigracia] aquéllas que denotan de manera clara la voluntad de la Nación de conformar una unidad política propia, tales como las referidas a las relaciones internacionales. A su vez, las funciones que desempeña en su calidad de Jefe de Gobierno serían [por ejemplo] aquellas relacionadas con la fijación de políticas, de derroteros para la conducción del país, mientras que las cumplidas como Suprema Autoridad Administrativa son [entre otras] las dirigidas a mantener el funcionamiento normal de la administración pública” .

A juicio de esta Sala, como ya se anticipó, la facultad prevista en el inciso 2 del artículo 249 de la Carta Política constituye una atribución propia del Presidente de la República, entendida como quien ostenta esta dignidad de manera autónoma y no con el concurso del Ministro del ramo (que sería lo que tradicionalmente se entiende como Gobierno).

En efecto, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 489 de 1998, corresponde al Presidente de la República la suprema dirección, la coordinación y el control de la actividad de los organismos y entidades administrativas, atribuciones que le son a signadas a título personal.

Ahora bien, a pesar de lo anterior, aun cuando se pretenda encasillar la facultad de postulación que ostenta el Primer Mandatario de la República con miras a la elección del Fiscal General de la Nación en alguna de las calidades a las que ya se hizo referencia , considera la Sala que la atribución de integrar la terna, está asociada a su condición de Suprema Autoridad Administrativa, pues está íntimamente relacionada con la gestión que el Presidente efectúa para el buen funcionamiento de la administración pública, entendida esta como “una organización cuya actividad se hace presente en la mayoría de los ámbitos y facetas de la vida social, siendo, así, fundamental para el desarrollo de la vida de las personas en la sociedad actual. Pues tiene como misión desarrollar funciones y proveer servicios.” . (Negrillas y subrayas fuera del texto).

En ese orden de ideas, el término administración implica organización, esto es, un conjunto de autoridades y servicios que determina una estructura . Referirse a “organización administrativa” supone aludir al conjunto de normas que regulan las atribuciones, la composición y el funcionamiento de un aparato administrativo, siendo la finalidad esencial, la coordinación entre los distintos organismos. Adicionalmente, en cualquier forma de organización debe existir una suprema autoridad que coordine y “administre” -en el caso colombiano es el Presidente de la República- y, ese jefe administrativo debe tener condiciones de habilidad, entre otras para a) ver la administración como un conjunto, b) tomar decisiones, c) delegar su autoridad y d) atraer la lealtad de sus colaboradores .

Ahora bien, afirmar que el Presidente de la República se desempeña como Suprema Autoridad Administrativa, significa que tiene la facultad de gestionar intereses o asuntos para el correcto funcionamiento de la Administración (entendida como organización), con sujeción a la Constitución y la Ley y, en colaboración armónica con las ramas legislativa y judicial del poder público. En ese sentido, la actividad de “administración” se entiende como la acción que se produce al dictar y aplicar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de las Leyes, la conservación, fomento y satisfacción de los intereses públicos y el adecuado funcionamiento de los distintos órganos que integran la estructura del Estado.

Al estar la administración pública relacionada con la organización y estructura del Estado, cuando el Presidente de la República participa en la elección del Director de la Fiscalía General de la Nación (entidad que hace parte de la Rama Judicial del poder público) actúa como Suprema Autoridad Administrativa. En efecto, al postular a los tres candidatos, ejerce una competencia cuya finalidad es proveer el máximo cargo de dicha entidad, labor que es indispensable para la adecuada organización y funcionamiento de esa institución que, por lo demás, ejerce un papel trascendental dentro de la estructura del Estado y la sociedad misma.

De este modo, la Carta Política de 1991 le otorgó al Primer Mandatario (a título personal y en razón de su cargo) la función de integrar una terna con miras a la elección del Fiscal y que, si se quiere ubicar la aludida facultad dentro de las calidades que el artículo 115 superior le asignó al Presidente de la República, la misma encuadra dentro del carácter de “Suprema Autoridad Administrativa”. El acto de postulación no requería para su validez la firma del Ministro del ramo y, por ende, el mismo adquirió valor y fuerza con la sola firma del Presidente de la República .

Por las razones expuestas, el cargo no prospera.


Segundo cargo: Alcance de la facultad conferida al Presidente de la República en el inciso 2º del artículo 249 de la Constitución Política (simultaneidad de las ternas - vulneración al derecho al debido proceso).-

Sostuvo el libelista que, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 249 de la Constitución Política, el Presidente de la República solo está facultado para elaborar una terna, por lo que en el presente asunto se presentó una irregularidad (en el procedimiento) i) al haber postulado dos listas de tres candidatos de manera simultánea y ii) al someter a consideración de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, seis (6) aspirantes al cargo de Fiscal General de la Nación. A continuación, en el cargo tercero afirmó que la anterior situación materializa la vulneración al derecho al debido proceso [artículo 29 de la Carta Política], el desconocimiento del principio de colaboración armónica y, por tanto, la comisión de un desvío de poder.

Precisa la Sala que, los cargos formulados se encuentran íntimamente ligados y, por ende, se estudiarán en conjunto los cargos segundo y tercero de la demanda. Con tal objeto, se considera oportuno: (i) relacionar los supuestos fácticos que se encuentran plenamente acreditados dentro del proceso; (ii) analizar la potestad de postular la terna desde su configuración constitucional (y el caso concreto); y, finalmente, (iii) abordar la diferencia entre derechos adquiridos y meras expectativas.-

(i) Lo probado en el proceso.-

- Ante la solicitud del Presidente de la Corte Suprema de Justicia efectuada el 16 de junio de 2009 el entonces Presidente de la República presentó, el 7 de julio del mismo año, una terna de candidatos para elegir el remplazo de quien se venía desempeñando como Fiscal General de la Nación (cuyo periodo vencía el 31 de julio de la misma anualidad), la que estuvo integrada por los doctores María Rosa Virginia Uribe Betancur, Camilo Alfonso de Jesús Ospina Bernal y Juan Ángel Palacio Hincapié .

- Mediante escrito del 13 de octubre de 2009 el candidato Juan Ángel Palacio Hincapié renunció a la postulación , por lo cual, a través de Oficio radicado ante la Corte Suprema de Justicia el 26 de los mismos mes y año, quien fungía como Presidente de la República recompuso la terna con el doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

- El 26 de noviembre de 2009, la doctora María Rosa Virginia Uribe Betancur solicitó la exclusión de su nombre de la terna puesta a consideración de la Corte Suprema de Justicia para la elección del cargo del Fiscal General de la Nación . Por ende, el Presidente de la República postuló en su remplazo a la doctora Margarita Leonor Cabello Blanco.

- Posteriormente, y ante la renuncia del doctor Camilo Ospina Bernal el 13 de mayo de 2010, el doctor Jorge Aníbal Gómez Gallego fue postulado por la autoridad competente . De este modo, la nueva terna quedó integrada así: los doctores Margarita Leonor Cabello Blanco, Marco Antonio Velilla y Jorge Aníbal Gómez Gallego.

- Teniendo en cuenta la composición previamente citada, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia efectuó votaciones en las sesiones celebradas los días 27 de mayo ; 10 , 17 , 24 y 30 de junio ; 8 de julio ; 3 , 12 y 25 de agosto ; 16 y 23 de septiembre y 7 de octubre de 2010 , respectivamente.

- Mediante Oficio del 5 de noviembre de 2010 , el actual Presidente de la República, con sustento en el Concepto de 28 de octubre de 2010 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, puso a consideración de la Corte Suprema de Justicia una nueva terna conformada por los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta Padilla. Con tal objeto, argumentó:

“Por su digno conducto informo a la honorable Corte Suprema de Justicia mi decisión de conformar una nueva terna con los nombres de los juristas (…), quienes cumplen a cabalidad los requisitos constitucionales exigidos en el artículo 249 de la Constitución Política, para ocupar dicho cargo.

La anterior determinación obedece a la sentida necesidad de superar la situación de interinidad que hoy es ya prolongada en la provisión de dicho cargo, expresada por amplios sectores de la opinión pública nacional, la comunidad internacional y por la misma Corte que usted preside. Además, procedo con la certeza de que al presentar esta nueva terna, me ciño al debido proceso que debe seguirse para tal efecto, según la Constitución y la Ley.

Ciertamente como es de público conocimiento, el actual trámite para la elección del Fiscal General de la Nación se inició con la solicitud del entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la que se señaló que era necesario que el Presidente de la República presentara una terna para elegir al Fiscal General de la Nación, toda vez que el periodo del que estaba en ejercicio vencía el 31 de julio de 2009, debiendo asumir su rol el nuevo Fiscal a partir del 1 de agosto siguiente, cuya designación por mandato constitucional estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente de la República.
(…)
Debe observarse que del número de votaciones que sobre esta nueva terna ha llevado a cabo la Corte, sin que ninguno de los nombres allí propuestos haya sido elegido, permite inferir la falta de una voluntad colectiva de esa corporación judicial para elegir a algunos de los nombres allí propuestos, independientemente de las calidades personales y profesionales de cada uno de ellos.

Ahora bien, dentro del ánimo que me orienta de respetar a cabalidad al independencia y la dignidad de la Rama Judicial, antes de presentar a la Corte Suprema de Justicia la nueva terna que he conformado, mi Gobierno formuló una pregunta ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del h. Consejo de Estado, relativa a la validez jurídica de esta nueva postulación. Esta Sala respondió indicando que la posibilidad de conformar una nueva terna, se ajustaba plenamente a derecho y que podía proceder a ello (…)” . (Las negrillas son de la Sala).

- La terna fue puesta en conocimiento de la H. Corte Suprema de Justicia en sesión del 7 de noviembre de 2010 y, finalmente, con base en ella y efectuadas las votaciones, en sesión extraordinaria iniciada el 23 de noviembre de 2010 y finalizada el 2 de diciembre del mismo año, se eligió como Fiscal General de la Nación a la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos.

ii) Alcance de la potestad de la elaboración de la terna desde su configuración constitucional. Análisis del caso concreto.

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 1º y 113 de la Constitución Política, el Estado está organizado en forma de República unitaria y el ejercicio del poder está dividido en tres ramas y otros órganos autónomos e independientes que contribuyen al cumplimiento de todos los cometidos estatales.

Esta configuración exige la colaboración armónica de todas las autoridades (independientemente de la rama u órgano autónomo al cual pertenezca) con el objeto de cumplir, entre otros fines, “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios – derechos y deberes consagrados en la carta fundamental” (artículo 2º); y, al mismo tiempo, evitar la acumulación de funciones en una misma persona o cuerpo colegiado, propendiendo así por la garantía del principio de pesos y contrapesos, en el que se configura un escenario de control mutuo.

En efecto, de acuerdo con el artículo 113, la Constitución no solo admite sino que promueve la existencia de controles recíprocos entre las distintas ramas y órganos autónomos por medio del clásico mecanismo de pesos y contra pesos

El principio de división del poder público en tres ramas y otros órganos autónomos e independientes, está acompañado desde su origen del de equilibrio entre los mismos, con fundamento en el cual mediante un sistema de “checks and balances” , cada órgano tiene la posibilidad de controlar a los demás en el ejercicio de sus funciones .

En ese orden de ideas, uno de los principios fundamentales dentro de la organización administrativa, es el de coordinación, que resulta de la ordenada disposición del esfuerzo de las distintas entidades del Estado, a fin de conseguir la unidad de acción en la persecución de un propósito común.

En esta oportunidad, con el fin de elegir al Fiscal General de la Nación, el constituyente estableció en el inciso 2º del artículo 249 de la Constitución Política un proceso en el que concurren, de un lado, la máxima autoridad de la Rama Ejecutiva mediante un acto de postulación: “terna”. Y, de otro, el Alto Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, la H. Corte Suprema de Justicia, Corporación a la que se le confió la elección de la referida autoridad. Dentro de este marco, la atribución a cada una de dichas autoridades es inescindible, pues sin la postulación del Presidente de la República, la H. Corte Suprema de Justicia no podría elegir, situación que relieva el principio de colaboración armónica con el cometido estatal de nombrar al titular de la Fiscalía General de la Nación.

De conformidad con el diseño constitucional, se advierte que la atribución asignada al Primer Mandatario del Estado para elaborar la terna, está determinada por el cumplimiento de los requisitos y calidades constitucionales y legales de cada uno de los aspirantes.

Integrada la lista, surge para los candidatos una expectativa legítima o, si se quiere, una oportunidad, a que su nombre sea considerado en las votaciones que efectúe la Corte Suprema de Justicia para elegir al Fiscal. Esa expectativa debe ser garantizada, no solo desde la perspectiva individual de los ternados, sino también -y, principalmente- en consideración al interés general. En ese orden, no es dable considerar que el Presidente de la República puede cambiar de terna con plena discrecionalidad, porque ello dotaría de una gran incertidumbre al trámite electoral, en desmedro de la seguridad jurídica y de la colaboración armónica entre los poderes públicos.

No obstante, la Sala no desconoce que, eventualmente, pueden presentarse situaciones (particulares y/o excepcionales) que ameriten la sustitución de la terna y que, para garantizar la viabilidad de la elección del Fiscal General, posibiliten su cambio; tal y como acontece en los siguientes eventos: a). Que alguno, algunos o todos los ternados renuncien a su postulación. En este caso, el Presidente de la República debe recomponer la terna, sustituyendo a quien (es) renunció (aron), por otro (s) candidato (s). b). El deceso de algún (os) aspirante (s) a ser elegido (s) Fiscal, situación en la que, como es lógico, el Primer Mandatario queda habilitado para recomponer la terna. c). La inhabilidad (previa o sobreviniente) de algún (os) candidato (s), evento en el cual, por respeto a las disposiciones sobre inhabilidades y a los principios de deben regir la función pública, se deriva la facultad de recomponer la terna. d). Una situación excepcional que se encuentre debidamente probada y que amerite el cambio de la terna, en aras de la protección al interés general; caso en el cual el Primer Mandatario del Estado, debe exponer de manera clara y completa, las razones que motivan la decisión de sustituir la terna, sin que de ninguna manera puedan admitirse justificaciones arbitrarias o puramente subjetivas.

Análisis del sub-lite.-

En el presente caso, el Presidente de la República, en cumplimiento del mandato constitucional y atendiendo a lo solicitado por la Corte Suprema de Justicia, elaboró una primera terna, la cual fue votada y sus integrantes gradualmente sustituidos porque renunciaron en distintas fechas.

Transcurridas 13 Salas y varias votaciones sin que se hubiera logrado la elección del Fiscal General de la Nación, el nuevo Primer Mandatario del Estado, motivado en el clamor nacional, la conveniencia institucional y el interés general y; apoyado en el concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, presentó una nueva terna integrada por los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta.

Teniendo en cuenta la previsión contenida en el inciso 2º del ya citado artículo 249 de la Constitución Política, la situación que se generó con la terna inicial, que provocó su sustitución, lejos de vulnerar alguna de las disposiciones constitucionales, obedeció al ejercicio de una facultad constitucional (no arbitraria), que consultó los fines de la norma así como razones de conveniencia institucional y de interés público (la interinidad se había prolongado mucho tiempo y la Corte no elegía al Fiscal), en consecuencia el Presidente ejerció nuevamente su facultad de postulación, esta vez ternando a los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta, revocando así, la designación anterior. Al efecto, la Suprema Autoridad Administrativa, sustentó ampliamente su decisión en escrito visible a folios 25 a 27 del expediente, ante la particular situación que en este caso se presentó (literal d).

Así, y hasta tanto no exista una reglamentación que desarrolle la disposición contenida en el artículo 249 inciso 2 de la Carta Política, a juicio de esta Corporación, la competencia del Primer Mandatario del Estado para formular la terna encaminada a la elección del Fiscal General de la Nación, no se agota sino hasta tanto se cumpla la finalidad constitucional, máxime cuando, como en este caso, diversas situaciones estaban prolongando una interinidad que afectaba la institucionalidad del Estado. No sobra reiterar que el ejercicio de la aludida facultad debe consultar el interés general y los fines de la disposición misma, sin que sea admisible arbitrariedad alguna.

Por otra parte, por las razones que anteceden, no se puede afirmar, como lo pretende el demandante, que existieron simultáneamente dos ternas pues, como ya se vio, con la radicación de la última, el Presidente de la República revocó tácitamente la primera. En efecto, del escrito que presentó el primer mandatario el 5 de noviembre de 2010 , en el que postuló a los doctores Viviane Aleyda Morales Hoyos, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Carlos Gustavo Arrieta; se desprende claramente su intención de “conformar una nueva terna”, y de sustituir, en su integridad, la anterior. Sostener lo contrario resultaría ilógico, si se tiene en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia, ante el cambio de la terna, votó y eligió de la nueva.

iii) De los derechos adquiridos y las meras expectativas.-

No es válida la afirmación del actor relacionada con los derechos adquiridos (a ser elegidos) en cabeza de quienes fueron ternados inicialmente, pues ellos apenas tenían una expectativa a ser designados como Fiscal General de la Nación, sin que sea dable sostener que para cambiar de candidatos, el Presidente de la República debiera obtener el consentimiento expreso de cada uno de ellos, dado que pueden existir razones de orden superior y distintas de las subjetivas que imponían su cambio.

No desconoce la Sala que de la postulación de los doctores Margarita Leonor Cabello Blanco, Marco Antonio Velilla Moreno y Jorge Aníbal Gómez Gallego, por parte del Primer Mandatario del Estado, derivó para ellos una oportunidad a que sus nombres fueran considerados por parte de la H. Corte Suprema de Justicia a la hora de votar para la elección del Fiscal, como en efecto ocurrió y durante un prolongado tiempo. No obstante, de la anterior circunstancia no se deduce la inamovilidad de la postulación porque, como ya se dijo, de por medio se encontraban razones de conveniencia institucional y de interés público, las cuales motivaron el cambio de la terna, que se tradujo en su revocatoria.

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 69 del C.C.A. establece la posibilidad de revocar actos administrativos por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando entre otros, no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él o la Constitución Política. En este caso, por constituir una mera expectativa (la de ser considerados, como ocurrió con las reiteradas votaciones) no se consolidó ningún derecho que convocara en los precisos términos de la norma, el consentimiento expreso para su revocatoria.

Para la Sala, a quienes inicialmente fueron ternados se les garantizó la oportunidad de “ser considerados por la Corte en sus deliberaciones para elegir al Fiscal” durante un lapso. Así, diversas actas de la Sala Plena del Alto Tribunal (que obran en el expediente) dan cuenta de que esa Corporación votó muchas veces por los referidos candidatos sin que hubiere logrado la elección, por lo que el Presidente de la República sustituyó la terna.

Se reitera que de la postulación de candidatos para la elección del Fiscal no se derivó el derecho a ser designados en dicho cargo, pues éstos apenas contaban con la expectativa de llegar a serlo y, además, el procedimiento electoral no había finalizado: no existía una situación jurídica consolidada.

En este punto, resulta oportuna la distinción entre derechos adquiridos y meras expectativas, partiendo de la protección que, desde el texto constitucional, se le otorga a los primeros.

Así, el artículo 58 de la Carta Política, modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 1 de 1999, preceptúa que “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”. A su turno, la Ley 153 de 1887, en el artículo 17, dispone que “las meras expectativas no constituyen derecho”. (Las negrillas son de la Sala).

En relación con el contenido de las anteriores disposiciones, la jurisprudencia ha entendido que “la garantía de los derechos adquiridos se predica de aquellos derechos que una vez consolidada la situación jurídica particular y subjetiva o individual y constituido así el derecho concreto, resultan infrangibles frente a una nueva legislación. Esto no significa que la regulación legal no pueda cambiar y que toda variación normativa desconozca derechos adquiridos, pues nadie tiene derecho a una cierta y eterna reglamentación de sus derechos y obligaciones” .

La Corte Constitucional ha precisado que la noción de derecho adquirido ha sido ampliamente discutida por la ciencia jurídica, a fin de distinguirla de las meras expectativas, pues mientras el primero no puede ser desconocido por las leyes ulteriores, las segundas no gozan de esa protección. Para el Tribunal Constitucional, “esta distinción se relaciona entonces con la aplicación de la ley en el tiempo y la prohibición de la retroactividad, pues en principio una norma posterior no puede desconocer situaciones jurídicas consolidadas durante la vigencia de una regulación anterior, pero en cambio la ley puede modificar discrecionalmente las meras probabilidades o esperanzas que se tienen de obtener algún día un derecho” .

En el sub-lite, debido a que la aspiración a desempeñarse como Fiscal General de la Nación, respecto de quienes fueron ternados inicialmente nunca se consolidó, pues no hubo una efectiva designación de alguno de ellos en el cargo, se debe concluir que los ternados en esa oportunidad tenían una expectativa que no truncaba el ejercicio de la facultad del Presidente de la República para integrar una nueva terna.

En ese orden de ideas, el segundo de los cargos que formuló el accionante, tampoco tiene vocación de prosperar, por lo que se impone analizar el tercer argumento del actor.

Tercer cargo: (Corresponde al cuarto cargo de la demanda) Incompleta integración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de la Fiscal General de la Nación. (Desconocimiento de los artículos 234 de la Constitución, 62 del Decreto Ley 250 de 1970, y 1 del Decreto 1660 de 1978; y de los Decretos 901 de 1969 y 3272 de 1985).-

El demandante sostuvo que en la sesión en la cual el Máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria eligió a la Fiscal General de la Nación (que comenzó el 23 de noviembre y finalizó el 2 de diciembre de 2010), la Corporación no contaba con la totalidad de los 23 Magistrados que legalmente la componen, pues tan solo estaba funcionando con 18. En ese sentido, afirmó que dicho cuerpo colegiado carecía de competencia para llevar a cabo la elección del Fiscal General de la Nación.

El apoderado de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos al dar contestación a la demanda, se refirió a este cargo en los siguientes términos (folios 63 a 65):

“El Reglamento General de la H. Corte Suprema de Justicia adoptado mediante el Acuerdo 006 de 12 de diciembre de 2002, expedido en ejercicio de la facultad que le otorgaron a dicha corporación el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política, y 4º del artículo 17 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, estableció en su artículo 5º respecto del quórum deliberatorio y decisorio de la Corporación lo siguiente:
“Artículo 5º. Modificado. Acuerdo 005 de 2002, Art. 2. Quórum. El quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes: elección del Presidente y Vicepresidente de la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Auditor de la Contraloría; las reformas al presente Reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.”.
Entonces, de acuerdo con la norma trascrita, para la elección de Fiscal General de la Nación entre otros funcionarios del Estado, se requiere del voto favorable de las dos terceras partes de los integrantes de la corporación, es decir, de 16 Magistrados. Esto en el evento de que la Corte Suprema de Justicia se encuentre conformada por los 23 Magistrados que dispone la Ley.
Ahora, es necesario señalar que la Doctora VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS, fue elegida por la H. Corte Suprema de Justicia, en pleno, así, tal como lo expresa la certificación del 16 de febrero de 2011, suscrita por la Doctora MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ, mediante la cual se trascribe el aparte pertinente para el caso que nos ocupa de la Sesión Ordinaria de Sala Plena No. 40, iniciada el 23 de noviembre de 2010 declarada en sesión permanente, y culminada el 2 de diciembre del mismo año:
El señor Presidente, sometió a consideración de la Plenaria, los nombres de los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Viviane Aleyda Morales Hoyos, por ser quienes en el trascurrir de las votaciones habían obtenido la votación más alta, la Comisión Escrutadora informó el siguiente resultado:
JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 2 VOTOS
VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS 14 VOTOS
VOTOS EN BLANCO 2 VOTOS
TOTAL 18 VOTOS.
Para el momento de elección de la Doctora VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS, como Fiscal General de la Nación, la H. Corte Suprema de Justicia se encontraba integrada por 18 magistrados, y no por 23 como aduce el accionante que debería haberlo estado, toda vez que las plazas de 5 magistrados se encontraban vacantes, por lo tanto, la mayoría simple de la Corporación en ese momento en particular correspondía a 10 Magistrados y 12 de ellos componían las dos terceras partes, lo cual lleva a concluir que la elección de la Doctora VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS como Fiscal General de la Nación fue válida; más aún cuando por unanimidad 16 magistrados la avalaron, es decir la convalidaron, a través del acto de confirmación en el cargo de Fiscal General de la Nación, como consta en la certificación del 29 de marzo de 2011, suscrita por la Doctora MARÍA CRISTINA DUQUE GÓMEZ, mediante la cual se trascribe el aparte pertinente, de la Sesión Extraordinaria de Sala Plena No. 42 celebrada el 14 de diciembre de 2010.
En conclusión, la H. Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se ciñó a los mandatos constitucionales, legales y reglamentarios, al llevar a su debida culminación, el proceso de la elección de Fiscal General de la Nación.
Sin embargo, aun en gracia de discusión, si hipotéticamente se quiere adoptar la tesis del accionante y concluir que no eran los suficientes los 14 votos para elegir a la Doctora VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS como Fiscal General de la Nación, tesis que desconoce que al momento de la elección la Corte Suprema de Justicia no estaba conformada por 23 Magistrados, sino por 18, aquí es importante analizar que dicha elección fue confirmada por 16 magistrados, mayoría esta correspondiente en el caso de que los 23 magistrados que integran la corporación se encontraran presentes en dicha sesión lo cual convalida la supuesta irregularidad alegada por el accionante, ya que este acto de confirmación es el acto definitivo de la actuación adelantada, pues se debe entender que con el acto de confirmación se culmina el proceso de elección de Fiscal General de la Nación.”.


(i) La estructuración del cargo invocado.-

En atención a que el asunto que convoca a la Sala fue planteado mediante la acción pública de nulidad electoral, regulada a partir del artículo 223 del C.C.A., resulta oportuno analizar su naturaleza y características con el objeto de determinar la competencia que asume el Juez de lo Contencioso Administrativo.

Lo primero que debe advertirse es que el objeto de análisis de las acciones de simple nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho recae sobre actos administrativos, caracterizados por su ejecutividad y ejecutoriedad, por lo que, adicionalmente, el análisis jurisdiccional parte del supuesto según el cual aquellos se presumen legales.

Esta presunción tiene claras implicaciones no solo frente a quien está interesado (ya sea por un motivo individual o por uno superior como lo es el mantenimiento del orden jurídico) en desplegar una actuación dirigida a desvirtuarla; y, por otra parte, en relación con la autoridad jurisdiccional competente para definir si el acto administrativo se ajusta o no a la Ley y la Constitución.

Así, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene un marco procesal que debe observar, contenido en los artículos 137 y siguientes del C.C.A. y, en materia del contencioso electoral, en los artículos 223 y siguientes ibídem. Lo anterior no implica que el Juez pase por alto los derechos sustanciales de las partes como el que se refiere al acceso efectivo a la administración de justicia. En este sentido, y tal como lo sostuvo la Corte Constitucional en la Sentencia C-197 del 7 de abril de 1999, en los eventos en los que se encuentre de por medio la violación a un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, el Juez está obligado a proceder a su protección aunque el actor no haya cumplido con la obligación de señalar las normas violadas y el concepto de violación de que trata el artículo 137 numeral 4º del C.C.A. Tampoco puede olvidarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Carta Fundamental, cuando el Juez advierta incompatibilidad entre una norma de la Constitución y otra que debe sujetarse a ella, tiene la obligación de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. En otro escenario, es válido afirmar que, en tratándose de situaciones en las que la finalidad de la acción consiste en la protección de la integridad del ordenamiento jurídico y de por medio se encuentra un interés superior al de aquellos que puedan estar conformando la litis, es obligación del Juez actuar como un agente activo en la consecución de la justicia material, pues dentro de un Estado Social de Derecho el funcionario judicial no es un mero espectador de la actuación de las partes dentro del proceso.

A su turno y, de manera concurrente, no puede obviarse que la garantía del derecho al debido proceso constituye un pilar esencial de la función jurisdiccional, en virtud del cual, en todo caso, se limita al Juez en la asunción de una amplia potestad a la hora de fallar, pues de por medio se encuentra el interés de quien se viera perjudicado en las resultas del proceso, que puede exigir la interpretación irrestricta de las formas que pudieron no cumplirse a cabalidad dentro del trámite.

Así, entonces, de una adecuada ponderación de los principios en juego, es dable sostener que el Juez no es un autómata del derecho, que por tanto, debe superar aquellos formalismos con el objeto de arribar a una decisión de fondo que resuelva la situación puesta a su consideración. Así las cosas, debe tener en cuenta los intereses de las partes o aquellos que se encuentren en conflicto.

Concretamente, la acción de nulidad electoral es entendida como una especie de la acción de simple nulidad, contemplada en el artículo 84 del C.C.A., a la cual es imperativo acudir cuando se debata la legalidad de nombramientos o de actos administrativos de naturaleza electoral y para cuyo trámite tiene disposiciones específicas, no excluyentes , a partir del artículo 223 ibídem.

La naturaleza de la acción, a su turno, está directamente asociada con la protección al ordenamiento jurídico vigente y al interés general, por lo que en estos escenarios el Juez que conozca del asunto, con mayor razón, está obligado a analizar de manera integral la materia sometida a su consideración y así dar una respuesta de fondo que consolide aspiraciones tales como la coherencia del ordenamiento y la seguridad jurídica.

Frente a la integración de la H. Corte Suprema de Justicia para la elección de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos como Fiscal General de la Nación, el demandante manifestó (en el cargo cuarto del escrito de su demanda) que hubo “una incompleta integración de la Corte Suprema de justicia para la elección de Fiscal General de la Nación”. En lo que interesa para resolver el asunto, planteó el cargo así:

“Lo más curioso y extraño es que la Corte, con posterioridad a la elección de fiscal, procedió a integrarse con el nombramiento de cinco nuevos magistrados que llenaron igual número de vacantes.
De lo expuesto se colige que la Corte nuevamente equivocó su camino, nombrando primero Fiscal y luego integrándose, en lugar de haberse integrado primero y posteriormente proceder a la elección del Fiscal. Ello, lamentablemente, puede llevar a provocar el aborto del nombramiento de la Fiscal, merecedora, por lo demás, de la más alta consideración, dada sus cualidades personales e intelectuales.
El razonamiento de por qué la Corte estaba desintegrada y a pesar de lo cual nombró Fiscal, se ve sensiblemente enaltecido con el comportamiento legislativo y reglamentario que ha tenido el país en más de 40 años atrás y que revela cómo ha sido de reiterativo y permanente el compromiso del derecho público en respetar la senda de integridad de la corporación Judicial cuando se está en el campo electoral.
El decreto 250 de 1970, en su artículo 62, modificado por el artículo 1º del Decreto 526 de 1971 dice que “en la elección que hacen las corporaciones judiciales (…) el candidato no se considerará designado o escogido sino cuando reúna las dos terceras partes de los votos de los miembros de la corporación. (Se resalta) la norma hace parte del título primero sobre las funciones de la carrera judicial.
Esta disposición hay que compaginarla con los artículos 152 literal c) de la carta y el 231 de la misma. Por su parte el artículo 42 del decreto 1660 de 1970 enfatiza que en las elecciones de funcionarios que haga la Corte, “no se considerará elegido el candidato sino cuando haya obtenido a su favor los dos tercios de los votos de los miembros que integren la Corporación respectiva reunida en pleno. (Se resalta).
Por lo demás y como continuación de la constante y persevera te conducta a que se ha hecho relación, el decreto ley 901 de 1969 que fue derogado por el decreto ley 250 de 1970 dispuso en su artículo 2º que la elección de funcionarios y empleados judiciales que corresponda hacer a la Corte Suprema de Justicia “requiere, en cada caso, el voto afirmativo (…) de los miembros que la integran” (Se resalta).
Y para reforzar aún más el marco argumental sobre el requisito de integración de la Corte con el número de sus miembros viable para la competencia de elección de Fiscal, viene el decreto 3272 de 1985 que tomó medidas urgentes para la integración de la Corte, desintegrada abruptamente por los hechos del Palacio de Justicia. Allí se previó que para ocupar las plazas vacantes se requería un número determinado de votos “de los Magistrados que en la actualidad integran la Corporación, integrada por todos los sobrevivientes”.
El fin del decreto de emergencia fue permitir que, tras los eventos de la toma del palacio, la Corte ejerciera su función electoral a pesar de no contar, por fuerza mayor, con la totalidad de sus miembros, lo cual resulta útil hoy en día para contrastar el hecho de que a regulación ordinaria solo permite a la Corte ejercer dicha función cuando está integrada por la totalidad de sus miembros.
La Corte Suprema de Justicia introdujo un elemento extraño en el mecanismo de elección de fiscal al acudir al concepto de quórum como sustento de la decisión. El concepto de quórum responde al número mínimo de miembros de la corporación que se requiere para deliberar o para adoptar válidamente una decisión, por lo que implícitamente hace alusión al número máximo de ausencias permitidas para el ejercicio de dichas competencias. (…).”.

De la lectura del referido cargo, encuentra la Sala que la censura a la que se refiere el actor bajo la denominación de “incompleta integración de la Corte Suprema de Justicia para la elección de Fiscal General de la Nación” se encuentra estructurada bajo la siguiente lógica: (i) una disposición constitucional que regula de manera general que la Corte Suprema de Justicia se compondrá del número impar de Magistrados que determine la Ley; (ii) una norma legal de naturaleza estatutaria, contenida en el artículo 15 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que prevé que la Corporación está integrada por 23 Magistrados, y (iii) finalmente unas disposiciones de los Decretos 250 de 1970 y 1660 de 1978 que regulan expresamente los votos requeridos para que una elección de un funcionario por parte de un órgano judicial sea válida, esto es, las dos terceras (2/3) partes de los integrantes.

El actor afirmó que en la elección del Fiscal General de la Nación debía observar la regla de las dos terceras (2/3) partes de los votos de los integrantes para que aquella sea válida.

Advierte la Sala que el Decreto 1660 de 1978 contiene disposiciones sobre administración de personal de la Rama Jurisdiccional y del Ministerio Público, norma que sería suficiente para resolver el problema jurídico aquí planteado dado el contenido del artículo 204 de la Ley 270 de 1996 que preceptúa: “Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto-ley 052 de 1987 y Decreto 1660 de 1978, siempre que sus (las) disposiciones (que) no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley.”. (Las negrillas son de la Sala).

Sin embargo, y sin desestimar la norma anterior, el Reglamento General de la Corte Suprema de Justicia, contenido en el Acuerdo No. 006 de 2002, establece, en el artículo 5º, una disposición de idéntica literalidad a la citada, cuando señala: “Artículo 5º. Modificado. Acuerdo 005 de 2002, Art. 2. Quórum. El quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes: elección del Presidente y Vicepresidente de la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Auditor de la Contraloría; las reformas al presente Reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.”.

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 1660 de 1978 establece: “En las elecciones de funcionario que hagan la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Superior de Aduanas, se procederá individualmente. No se considera elegido el candidato sino cuando haya obtenido a su favor los dos tercios de los votos de los miembros que integren la corporación respectiva reunida en pleno. Las votaciones serán secretas. Prohíbase en forma absoluta cualquier distribución de los empleos entre los Magistrados.”.

El artículo 5º del Acuerdo No. 006 de 12 de diciembre de 2002, “por el cual se recodifica el Reglamento general de la corporación”, prevé que el quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación, y que las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en algunos casos en los cuales se requiere el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes como ocurre en el caso de la elección del Fiscal General de la Nación.

Del tenor literal de la norma citada se evidencia con claridad diáfana que el contenido material de los artículos que invocó el actor como vulnerados en su concepto de violación, es idéntico, para estos efectos, al del artículo 5º del Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, por lo que a esa Corporación le era exigible que en la elección del Fiscal General de la Nación se sujetara a dicha mayoría e, independientemente de la disposición a la que se refirió el demandante, no hay ningún impedimento para que el Juez analice el cargo a la luz del Acuerdo No. 006 de 2002.

En conclusión, el problema jurídico planteado versa sobre la integración de la H. Corte Suprema de Justicia al momento de la elección del Fiscal General de la Nación, de cara a establecer si se cumplió con el requisito de mayoría establecido en el artículo 5º del Acuerdo No. 006 de 2002.

(ii) Lo probado en el proceso.-

- En Sesión Extraordinaria de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de 23 de septiembre de 2010, contenida en el Acta No. 35, al final de la votación respectiva sin que se lograra la elección del Fiscal General de la Nación, el entonces Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia señaló que “(…) había necesidad de hacer un esfuerzo adicional, en ese momento en que había 20 Magistrados, pues como ya se sabía en pocos días tres magistrados cumplirían el periodo constitucional y por tanto no estarían presentes en el recinto.” Adicionalmente, citó a una sesión extraordinaria para estudiar las dificultades en el tema de las elecciones pendientes (folios 492 a 495).

- De conformidad con el Acta N° 36 de 27 de septiembre de 2010, en sesión extraordinaria con la participación de 20 Magistrados (teniendo en cuenta que dos de ellos se encontraban en comisión de servicios) se consideró que el objeto era abordar el problema electoral. Con tal propósito, previa votación, decidió conformar tres grupos y designar un coordinador que presentara las fórmulas y deliberaciones en cada una de las Salas Especializadas sin que finalmente, presentadas varias propuestas, se llegara a ninguna decisión, levantándose la sesión (folios 496 a 499).

- En sesión ordinaria de 7 octubre de 2010, como se refleja en el Acta No. 37, participaron sólo 17 Magistrados porque dos más se encontraban en comisión de servicios. En esta sesión se efectuaron votaciones frente a la primera terna postulada por el anterior Presidente de la República (folios 500 a 502).

- En sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2010, tal como da cuenta el Acta No. 39, con quórum de 13 Magistrados, el Presidente (E) de la Corporación manifestó que el 3 de noviembre se recibió comunicación del actual Primer Mandatario en la que se anunció su decisión de conformar una nueva terna para la elección de Fiscal General de la Nación, integrada por los doctores Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Viviane Aleyda Morales Hoyos. Efectuada dicha afirmación se acordó, por sugerencia de varios Magistrados, el aplazamiento de este punto (folios 504 y 505).

- En sesión ordinaria de 23 de noviembre de 2010, Acta No. 40, con la participación de 18 Magistrados, se declaró la Corte en sesión permanente para buscar fórmulas que condujeran a tomar decisiones en los temas electorales.

- El día 29 de noviembre de 2010 se reanudó la sesión con 18 Magistrados, se acordó votar en bloque las elecciones pendientes (Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia, 5 cargos de Magistrados vacantes y Fiscal General de la Nación). También se modificó el orden del día aprobado el 23 de noviembre y se propuso desarrollar la sesión en el siguiente orden: 1. Escuchar por 30 minutos en audiencia pública, trasmitida por el canal institucional, a los integrantes de la terna enviada por el actual Presidente de la República; 2. Reintegrar la H. Corte Suprema de Justicia, efectuando la elección de las magistraturas vacantes, y 3. Elegir al Fiscal General de la Nación (folios 506 a 515).

- El 1º de diciembre de 2010, la sesión fue reanudada y en ella se agotó el primer punto del orden del día. Previamente a las votaciones pendientes, el Presidente de la Corporación designó una comisión escrutadora y decretó un receso para que “efectuara el conteo y verificara si todas ellas arrojaban un resultado de 16 votos o más, pues de lo contrario se consideraba fallida. Seguidamente se procedió a la elección de la Fiscal.” (folio 508). Con tal objeto se efectuaron votaciones, en una de las cuales la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos obtuvo 14 votos. Acto seguido, el Presidente anunció que “se había agotado el procedimiento señalado en el Reglamento de la Corporación y que no se había logrado la elección” (Destaca la Sala Plena de esta Corporación). Posteriormente, la Corte acordó someter a votación los nombres de los candidatos que habían obtenido la votación más alta, esto es, los señores Viviane Aleyda Morales Hoyos y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Agotada la ronda reglamentaria no se obtuvo la elección, por lo cual el Presidente (E) de la Comisión accidental propuso:
“(…)

Que una alternativa para superar la dificultad era adoptar por única vez, el criterio de que las dos terceras partes de los votos (mayoría exigida por el Reglamento), se calculara no sobre los 23 Magistrados que deben integrar la Corte Suprema de Justicia, sino sobre los 18 que actualmente la componen.
(…)” (Negrillas y subrayas de la Sala).

Luego de la intervención de varios Magistrados, se propuso que se sometiera a decisión de la Sala Plena la propuesta de interpretación del Reglamento y, si era adoptada, se efectuaran nuevamente las votaciones en un solo bloque.

Acto seguido, el Presidente (E) sometió a votación nominal y pública “la propuesta de interpretar por esta única vez, el Reglamento General de la Corporación en el sentido de entender que la mayoría de (sic) dos terceras partes que exige dicho Reglamento para todas las elecciones que están pendientes, se calcule sobre los 18 Magistrados que actualmente la integran. (…)” (Negrillas y subrayas fuera de texto) (folio 511).

Dicha propuesta de interpretación del Reglamento fue “por esta única vez” sometida a consideración de la Sala y adoptada con 13 votos. Agotado dicho aspecto, se consignó en el acta lo siguiente:
“(…)
III. ELECCIÓN DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN.
El señor Presidente, sometió a consideración de la Plenaria, los nombres de los doctores Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Viviane Aleyda Morales Hoyos, por ser quienes en el trascurrir de las votaciones habían obtenido la votación más alta, la Comisión Escrutadora informó el siguiente resultado:

JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO 2 VOTOS.
VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS 14 VOTOS.
VOTOS EN BLANCO 2 VOTOS.
TOTAL 18 VOTOS.

En consideración al resultado obtenido, la Corte Suprema de Justicia, declaró elegida en propiedad, por el periodo constitucional o legal a la Dra. VIVIANE ALEYDA MORALES HOYOS como Fiscal General de la Nación en remplazo del Dr. Mario Fernando Iguarán Arana a quien se le venció el periodo el pasado 31 de julio de 2009 y del Dr. Guillermo Mendoza Diago quien venía ejerciendo en encargo.” (Folios 514 y 515).

- A través de Oficio PCSJ No. 2230 de 2 de diciembre de 2010 el Presidente de la H. Corte Suprema de Justicia le informó a la persona electa la designación (folio 33).

- Por último, en sesión extraordinaria de la Sala Plena del Máximo Tribunal de la Jurisdicción Ordinaria, celebrada el 14 de diciembre de 2010 (Acta No. 42), se confirmó el nombramiento en propiedad de la Fiscal elegida.

(iii) Análisis del cargo.-

De acuerdo con lo probado (ver acápite anterior), la Sala estudiará el asunto al amparo de las normas violadas invocadas en la demanda, sin perder de vista los principios de confianza legítima y seguridad jurídica y, los derechos a la igualdad y al debido proceso.

- De conformidad con lo establecido en el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política, es facultad de la H. Corte Suprema de Justicia darse su propio Reglamento; disposición reiterada en el numeral 4º del artículo 17 de la Ley 270 de 1996.

En ejercicio de esa facultad, la Sala Plena de la Corporación expidió el Acuerdo N° 006 del 12 de diciembre de 2002 mediante el cual “recodifica el Reglamento general de la Corporación”, que prevé en su artículo 5º:

“Quórum. El quórum para deliberar será la mayoría de los miembros de la Corporación. Las decisiones se tomarán por igual mayoría, salvo en los siguientes casos en los cuales se requerirá del voto favorable de las dos terceras partes (2/3) de sus integrantes: elección del Presidente y Vicepresidente de la Corte, de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, del Fiscal General de la Nación, de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y de los integrantes de las ternas para Magistrados de la Corte Constitucional, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República y Auditor de la Contraloría; las reformas al presente reglamento y los proyectos de ley de iniciativa de la Corte.”. (Las negrillas y subrayas son de la Sala).

En concordancia con los artículos 15 y 17 de la Ley 270 de 1996 se infiere claramente que: (i) la H. Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 Magistrados, (ii) el quórum para deliberar está compuesto por la mayoría de sus miembros; (iii) el quórum decisorio para la elección, entre otros, del Fiscal General de la Nación es de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; y, (iv) que la Corte podía válidamente modificar su Reglamento, facultad derivada de la atribución constitucional de “darse su propio Reglamento”, pero con sujeción a una regla de mayoría calificada similar a la requerida para la elección del Fiscal General de la Nación (inferencia tomada concretamente del artículo 5º del Acuerdo N° 006 del 12 de diciembre de 2002) y de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento.

De la lectura armónica de las disposiciones en cita, con los artículos 234 de la Constitución Política y 15 de la Ley 270 de 1996, se concluye que cuando la norma se refiere a “integrantes” se incluyen los 23 Magistrados que componen la Corporación. Y de ello no hay duda si se tiene en cuenta el alcance que a la misma le venía dando la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, es clara la afirmación que el Presidente (E) de esa Corporación hizo en la sesión extraordinaria que comenzó el 23 de noviembre y culminó el 2 de diciembre de 2010, cuando sostuvo -el 1º de diciembre- del mismo año que:

“Previamente a proceder a las votaciones pendientes, el Sr. Presidente (E) designó la Comisión Escrutadora compuesta por los siguientes Magistrados: (…), y recordó el señor Presidente (E), que en la sesión de 29 de noviembre, la Sala acordó votar en bloque todas las elecciones pendientes, decretar un receso para que la Comisión escrutadora efectuara el conteo y verificara si todas ellas arrojaban un resultado de 16 votos o más, pues de lo contrario se consideraría fallida.” (Negrillas fuera del texto).

- De las actas de votación concluye la Sala que al interior de la Corte Suprema de Justicia existía certeza sobre las consecuencias de la disminución del quórum decisorio, razón por la cual, para obviar tal circunstancia, se propuso la “reforma al Reglamento”. En efecto, en sesión de 23 de septiembre de 2010, el Presidente (E) de la Corporación hizo un llamado invitando a efectuar un esfuerzo adicional para llevar a cabo la designación, “(…) pues en pocos días 3 magistrados cumplirían su periodo constitucional”. Por tal motivo, en algunas sesiones, para superar dicha situación, se habló de la posibilidad de reformar el Reglamento, tal como da cuenta el Acta No. 36 del 27 de septiembre de 2010, en la que se aprobó la propuesta de conformar tres grupos que presentaran fórmulas para solucionar el “tema electoral”, uno de los cuales (el grupo dos) propuso “que las elecciones se hicieran con 12 votos pero aclaró que frente al tema de reforma al Reglamento, ésta no debía hacerse por una situación coyuntural” (folio 497).

Del examen de las actas se desprende que el trámite de reforma del Reglamento, formalmente, no se presentó, sino que la Corte Suprema de Justicia adoptó, en sesión del 1º de diciembre de 2010, la decisión de “interpretar” el artículo 5º de su Reglamento en el sentido de que, “por esa sola vez”, las dos terceras (2/3) partes de los integrantes de la Sala Plena de la Corporación se calculara con la totalidad de Magistrados efectivamente posesionados para ese momento. Expresamente el Presidente (E) de la Comisión Accidental manifestó:

“ (…) una alternativa para superar la dificultad era adoptar por única vez, el criterio de que las dos terceras partes de los votos (mayoría exigida por el Reglamento), se calculara no sobre los 23 Magistrados que deben integrar la Corte Suprema de Justicia, sino sobre los 18 que actualmente la componen.
(…)” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

La anterior proposición fue puesta a consideración de la Sala Plena, la cual, luego de varias intervenciones de sus miembros, la acogió con 13 votos a favor y 5 en contra. Esto nos permite arribar a algunas conclusiones, veamos:

- Es evidente que toda autoridad encargada de aplicar el derecho debe efectuar un proceso hermenéutico que le permita pasar de un grado de abstracción -dado por el tenor literal de la norma- a una disposición concreta en el asunto estudiado . Bajo esta premisa, es dable afirmar que a la H. Corte Suprema de Justicia le es connatural, como intérprete autorizado de su propio Reglamento, fijar el alcance al mismo con el objeto de materializarlo en los asuntos sujetos a su consideración.

- En dicha interpretación, para darle legitimidad a sus actuaciones y propiciar -al mismo tiempo- la coherencia interna del ordenamiento (brindando así seguridad jurídica), la autoridad debe exponer razonadamente sus motivaciones y sujetarse a las disposiciones normativas a las que su Reglamento se encuentra sometido.

- En este proceso de intelección, no obstante, encuentra la Sala dos aspectos relevantes por considerar:

• El Reglamento de la H. Corte Suprema de Justicia, en su artículo 5º, establece una regla de mayoría para la elección del Fiscal General de la Nación (dos terceras partes) con referencia al concepto de “integrantes”.

El concepto de “integrante” deriva del artículo 15 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando dispone que la Alta Corporación está integrada por 23 Magistrados.

De considerarse, entonces, que cuando el Reglamento alude al concepto de “integrante” debe tenerse en cuenta que la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia lo ha ligado al número de 23. En consecuencia, no podría permitirse que, a título de interpretación, que se modifique dicho elemento.

En el presente asunto, si se revisa la decisión que sobre la “interpretación” de su Reglamento adoptó la Corporación, en sesión del 1º de diciembre de 2010, ésta recayó sobre el concepto “integrante”, porque decidió calcular las dos terceras (2/3) partes sobre 18 y no sobre 23 Magistrados, desconociendo así la jerarquía normativa.

• Desde otro punto de vista, puede admitirse que, aunque la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se refiere a la integración de la H. Corte por 23 Magistrados, es al Reglamento de la Corporación al que le corresponde fijar aquellas disposiciones que configuran todos los procedimientos que se dan al interior de la misma en cumplimiento de sus funciones (dando prevalencia a la facultad constitucional y legal concedida en los artículos 235 de la Constitución Política y 14 numeral 4º de la Ley 270 de 1996).

Bajo este supuesto, si lo que se buscaba era precisar que el término integrantes obedecía a aquellas Magistraturas efectivamente ocupadas al momento de una elección, debió recurrirse a la reforma y/o modificación del Reglamento, tal como lo sugirieron algunos Magistrados al interior de la Sala, pero con estricta sujeción a los procedimientos legales y reglamentarios.

Así, de acuerdo con los antecedentes de las discusiones dadas dentro del proceso electoral que ahora se analiza, se evidencia que el “tema electoral” -que en un primer momento se abordó bajo la consideración de la reforma al Reglamento-, terminó siendo avalado mediante un proceso al que se le denominó “interpretación” de la norma, decisión de la cual se separaron los Magistrados María del Rosario González de Lemos, Alfredo Gómez Quintero, William Namen Vargas, Edgardo Villamil Portilla y Gustavo José Gnecco Mendoza “(…) por considerar que la interpretación propuesta, contraría al Reglamento General de la Corporación, el cual es claro, además de que la propuesta, a su juicio, no era una interpretación sino en realidad un reforma al Reglamento para lo cual, el mismo señala un trámite específico.”. Concretamente, cada uno de ellos expuso (folios 511 a 513):

La doctora María del Rosario González de Lemos: “Mi voto es negativo porque el quórum es sobre la totalidad de los miembros de la Corporación.”.

El doctor Alfredo Gómez Quintero: “Mi voto es negativo porque considero que esa interpretación de Reglamento no es procedente, el Reglamento es supremamente claro en ese sentido.”.

El doctor William Namen Vargas: “(…) voto negativamente la proposición de interpretación” para disminuir las mayorías vigentes en las elecciones, porque en mi sentir, los artículos 1º y 3º del Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, son claros, explícitos e inequívocos a propósito, y la sugerida disminución, únicamente puede y debe adoptarse mediante reforma expresa, la cual sugiero a la Sala Plena”.

El doctor Edgardo Villamil Portilla: “Mi voto es negativo.”.

El doctor Gustavo José Gnecco Mendoza solicitó que la votación se hiciera nominal y pública.

En esta línea argumentativa, la propuesta de “interpretación” (que no lo fue) debía ser tramitada mediante reforma, con el cumplimiento, entre otros requisitos, de obtener una mayoría calificada (dos terceras partes de los integrantes) y con el procedimiento señalado. El primero no se cumplió, pues el cambio reglamentario se aprobó solamente con 13 votos (de los 16 requeridos) y, el segundo fue abiertamente desconocido.

Concluye la Sala que la “interpretación” (que obedeció a una pretendida reforma del Reglamento) efectuada por la H. Corte Suprema de Justicia, estuvo viciada -desde su nacimiento- por no haber atendido a las reglas de formación de las normas (establecidas en su propio Reglamento), según las cuales se exigía la aprobación de dos terceras parte de sus integrantes [23]. Por lo tanto, la Corporación violó las disposiciones en que debían fundarse los actos cuestionados, que no son otras que las que invocó el actor en la demanda (artículos 234 de la Constitución Política, 15 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 62 del Decreto Ley 250 de 1970, 14 del Decreto 1660 de 1978 ); es por ello que se impone declarar la nulidad de los actos demandados.

- Debe advertir la Sala que el Reglamento de las Cortes (particularmente el de la Corte Suprema de Justicia) si es susceptible de modificación, solo que, ello puede llevarse a cabo en los precisos términos que el mismo Reglamento prevé, como así lo prescribe el Artículo 52 del Acuerdo N° 006 de 2002, disposición que es del siguiente tenor:

“Artículo 52. Reformas. Las reformas al presente reglamento podrán proponerse por cualquiera de los Presidentes de Sala o por lo menos dos Magistrados y deberán sustentarse por escrito. Serán discutidas y aprobadas en dos reuniones ordinarias”.

Sin embargo, mientras no se cumpla el rigor del trámite allí establecido, el texto original de Reglamento es de rigurosa aplicación. Sobre el particular, es pertinente la referencia a la denominada “teoría de la intangibilidad del Reglamento”, que es propia del Derecho Administrativo y se considera exacta para explicar el fenómeno que aconteció en este caso. Lo que subyace a esta teoría es que la administración –en el sub-lite la Corte Suprema de Justicia ejerció la función administrativa- debe respetar la legalidad que ella misma crea y no le es dable separarse de sus propias reglas. Hacerlo significa violar el principio de legalidad de las actuaciones administrativas, para actuar por fuera del derecho vigente en el momento.

En efecto, este principio –recuérdese- consiste en que los Reglamentos, que son actos administrativos generales, que tienen vocación de permanencia en el tiempo, y que se aplican a un número (indeterminado) de personas o supuestos, no pueden, mientras están vigentes, dejar de aplicarse a un caso concreto –o aplicarse de manera diferente a lo que disponen-, porque en tal evento se estarían derogando -para un caso singular-, alternado su principio interno que dispone que rige de manera idéntica, siempre.

Claro está que esto no se opone a que el Reglamento se pueda derogar, es decir, a que la autoridad que lo expide lo cambie o lo modifique por otro, sólo que debe hacerlo de manera igualmente general, y hacia el futuro, con la vocación de aplicarlo a todos los casos por venir que se presenten y se subsuman en él.

De ninguna manera es admisible que el Reglamento vigente se inaplique a un solo supuesto fáctico, porque actuar así deja entrever la arbitrariedad de la administración, ya que en lugar de aplicar el Reglamento vigente, modifica su texto (sin haberlo derogado o cambiado previamente y de manera general), sólo para un caso concreto .

En el caso de autos, la Corte Suprema de Justicia, incurrió, precisamente, en ésta prohibición, porque estando vigente el artículo 5 de su Reglamento, pretendió inaplicarlo sin derogarlo, es decir, conservando su vigencia, solo que en la elección que se viene analizando no regiría como dispone su tenor literal. Esto vulneró el principio de legalidad, representado, en esta ocasión, en la regla contemplada en su propio Reglamento interno, cuya vinculación tiene que imponerle ahora el Consejo de Estado .

-Además, la decisión de “interpretar” el artículo 5º del Reglamento de la H. Corte Suprema de Justicia resulta lesiva de los principios y derechos constitucionales, tal como a continuación pasa a detallarse.

En efecto, es innegable que el ejercicio de la interpretación normativa por parte de la autoridad llamada a aplicar el derecho está mediada por un cierto margen, el cual será mayor o menor dependiendo de aspectos tales como la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje o el grado de abstracción de la norma. Sin embargo, es incuestionable que dicha actividad encuentra límites dentro del mismo ordenamiento jurídico. Así, atendiendo a un sistema de jerarquía normativa y a lo dispuesto en el artículo 4º de la Constitución Política, puede afirmarse que existe un principio de “interpretación conforme” , en virtud del cual el ejercicio cognitivo será ajustado y válido dentro de un sistema jurídico con pretensión de coherencia y consistencia en la medida en que respete los principios constitucionales .

- En este sentido, es oportuno resaltar, atendiendo a lo dispuesto en la Constitución Política, que el Estado está llamado a proteger la vida y los demás bienes trascendentes para los residentes en el país, dentro de un marco jurídico garantista de un orden político, económico y social justo. Ello permite afirmar, que es incuestionable el papel que en un sistema político cumple el ordenamiento jurídico, llamado a regular no solo las actuaciones del Estado, sino, incluso, la vida social entre los particulares, en relación con todas aquellas conductas que sean trascendentes para el derecho.

De este modo, todo sistema jurídico -si lo que pretende es ser un instrumento generador de convivencia perdurable- debe irradiar en el máximo grado posible, certidumbre a sus destinatarios, con el objeto de que de manera previsible éstos actúen de conformidad a él. Así mismo, y tal como se deduce del preámbulo, dicho sistema de normas (entendido este concepto en su sentido material) tiene, además, una pretensión de corrección, de justicia material, cuyo contenido no puede ser otro, en principio, que el catálogo de valores, principios y reglas intrínsecos a la Carta Superior, (sin olvidar, por supuesto, todos aquellos que por vía del artículo 93 de la Constitución Política se convierten en referente de validez e interpretación).

En este sentido, la seguridad jurídica adquiere trascendencia en la vida misma de la organización estatal y ello se logra cuando el poder se ejerce mediante normas preestablecidas y conocidas por sus destinatarios y, en consecuencia, los individuos receptores de las mismas tienen la capacidad de predecir la respuesta del ordenamiento y actuar en consecuencia . Al respecto, en Sentencia del Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo-, de 1º de abril de 1997 , se afirmó que la seguridad jurídica “no es sino certeza de que la regulación normativa se cumplirá a todo trance, es reflejo del orden en las situaciones individuales, el cual hace que el sujeto sepa a qué atenerse en el ámbito de sus relaciones” .

Íntimamente relacionada (sin que sea dable confundir la seguridad jurídica con el principio al que a continuación se hará referencia, pues cada uno de ellos conserva sus características propias ), “la confianza legítima” adquiere gran relevancia en el presente análisis. Dicha máxima se deriva del principio de la buena fe regulado en el artículo 83 de la Constitución Política (que viabiliza la construcción de una relación de confianza de doble vía entre la Administración y los particulares) y es entendida como aquella obligación a cargo de las autoridades administrativas de no alterar las reglas de juego que regulan sus relaciones con los particulares sin que previamente se otorgue un periodo de transición para que el comportamiento de los destinatarios de la norma se ajuste a lo que ahora exige el ordenamiento jurídico. Esta garantía, adicionalmente, parte de la idea de proteger expectativas legítimas que surgen de los hechos positivos de las autoridades que aplican -a una situación particular- el derecho. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-478 de 1998, consideró, en relación con este principio que: “(…) pretende proteger al administrado y al ciudadano frente a cambios bruscos e intempestivos efectuados por las autoridades. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo, si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación, y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege.”.

El derecho a la igualdad (dimensión subjetiva de un mandato constitucional) se encuentra regulado en el artículo 13 de la Constitución Política, a través del cual, en el inciso primero, se configuró la obligación de dar un trato paritario –prohibición de discriminación- y en los incisos 2º y 3º, la obligación de dar un trato diferenciado –deber de promoción- con el objeto de (dentro de un Estado Social y de derecho) efectuar actuaciones positivas en relación con grupos vulnerables y/o que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

El análisis de la garantía del derecho en estudio en cada caso concreto, en consecuencia, exige por parte del aplicador de la norma analizar si las circunstancias fácticas de un caso por definir son equiparables -en sus elementos esenciales- con aquellas ya abordadas en un asunto anterior; y, por tanto, que la respuesta jurídica al caso nuevo previsiblemente debe ser similar a la que se dio en el asunto.

Dentro de este marco, no obstante, es oportuno resaltar que los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima así como el principio – derecho a la igualdad no son óbice para la evolución del derecho, por lo que, de manera razonada, es válido que el ordenamiento rectifique o valore nuevamente sus decisiones previas en pro de dotar de mayor justicia material y coherencia interna al sistema normativo.

Finalmente, como corolario de lo que se ha venido sosteniendo desde el inicio de esta providencia, la sujeción del poder al ordenamiento jurídico [legalidad] incide de manera directa en la protección del derecho al debido proceso de todos los asociados, en virtud del cual las personas son blindadas contra los abusos y desviaciones de las autoridades en ejercicio de sus funciones, comprendiendo un amplio complejo de garantías como la defensa y el juez natural.

- Efectuadas las anteriores reflexiones, encuentra la Sala que en el presente asunto la decisión de “interpretar” el Reglamento de la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de considerar que la mayoría calificada requerida para elegir al Fiscal General de la Nación debía considerarse sobre un número de 18 Magistrados, vulneró los principios de la confianza legítima y de seguridad jurídica, así como los derechos a la igualdad y al debido proceso en la medida en que:

(i) De conformidad con la regla de mayoría que venía aplicando la H. Corte Suprema de Justicia a las elecciones de las autoridades a que se refiere el artículo 5º del Acuerdo No. 006 de 2002, los votos requeridos para considerar satisfactoria una elección eran 16, esto es las dos terceras (2/3) partes de los miembros de la Corporación. Este criterio, en efecto, fue el que reguló el proceso electoral que se inició cuando el anterior Presidente de la República presentó el 7 de julio de 2009 la primera terna de candidatos al cargo de Fiscal General de la Nación.

Por lo anterior, dada la actuación reiterada de dicha Corporación en este aspecto y en desarrollo del principio de confianza legítima, era de esperarse por todos y cada uno de los candidatos que participaron en el proceso en estudio, desde un punto de vista interno, que quien resultara electo obtuviera dicho apoyo a su candidatura (16 votos). A su turno, desde un punto de vista externo, la sociedad en general (interesada en la elección de los dignatarios que asumen el desempeño de una función pública) aguardaba que se siguieran estrictamente las reglas previamente definidas por la Corte para el ejercicio de su función en garantía de los principios de legalidad y seguridad jurídica al que se aspira en todo Estado Social y de Derecho.

(ii) A su turno, la conservación de una regla de procedimiento -si dicha imputación desea hacérsele a la mayoría requerida para resultar una persona electa- tiene una clara incidencia en la garantía del derecho al debido proceso, en virtud del cual toda actuación sea administrativa o judicial debe someterse en su integridad a unas pautas previamente establecidas. En este sentido, so pena de sorprender a los participantes dentro del proceso electoral que culminó con la elección de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, era preciso que las condiciones de elección que se impusieron desde el inicio del trámite permitieran la culminación del mismo.

(iii) Desde este punto de vista, la aplicación sostenida de dicho marco normativo durante la elección permitía, a su turno, la protección del derecho a la igualdad de quienes en ella intervinieron, principio – derecho que por dos claras razones resultó vulnerado en el presente asunto:

• La razón que motivó la “interpretación” del Reglamento por parte de la Alta Corporación fue la reducción de los Magistrados debidamente elegidos y posesionados en sus cargos; por lo que debe advertirse que esta situación, si bien se agravó cuando había un quórum de 18, se presentó a lo largo del proceso electoral, incluso en vigencia de la primera terna, en la medida en que la Sala en Pleno fue desintegrándose paulatinamente [de ello da cuenta el Acta No. 37 de Sesión ordinaria de 7 octubre de 2010, momento en que también se efectuaron votaciones]; por lo que, bajo el imperativo de la igualdad la posibilidad de ser elegidos con las dos terceras (2/3) partes de los Magistrados en actividad debió considerarse desde el momento en que el supuesto fáctico se presentó.

• Desde otro punto de vista, revisada el Acta contentiva de la sesión extraordinaria en la que resultó elegida la Fiscal General de la Nación, se evidencia que una vez aprobada la “interpretación” al Reglamento sólo se consideraron los nombres de los dos postulados que habían obtenido previamente las mejores votaciones. Ello permite afirmar que, si bien es válido que en el curso de procesos electorales se efectúen este tipo de ejercicios en aras de lograr su propósito, lo cierto es que en el presente asunto no se le permitió a uno de los integrantes la terna participar en la dinámica electoral con sujeción a una nueva regla, (esto es, la oportunidad a que su nombre fuera considerado).

Contra las dos referidas conclusiones podría argumentarse que la aplicación de la nueva regla cuando empezó a desintegrarse la H. Corte Suprema de Justicia no permite inferir que se hubiera llegado a una decisión diferente a la de ahora (teniendo en cuenta para el efecto las votaciones que se presentaron) y que, en consecuencia, no se vulneró materialmente el bien constitucional aludido. Al respecto, no obstante, ha de afirmarse que la validez o no de una interpretación a la luz de los postulados constitucionales no puede regularse por criterios consecuencialistas, máxime cuando ello desconocería el desarrollo imprevisible de estos ejercicios electorales, (lo que permite afirmar que no es lo mismo que a una persona le falten tres votos a que le falte solo uno).

Adicionalmente, en el segundo asunto planteado, es válido sostener que el cambio del número de votos que permitían acceder al cargo de Fiscal General de la Nación exigía la inclusión de toda la terna vigente en las votaciones bajo la nueva regla de elección, no solo en razón a que el nombre de todos debía ser considerado por la plenaria de la Corporación sino porque bajo el principio de pesos y contrapesos el Presidente de la República al ejercer su función de postulación con sujeción a la Carta Política presentó una terna y, se reitera, ante el cambio de reglas (consideración que como ya se dijo no comparte esta Sala), debió permitirse la participación de todos los integrantes.

En conclusión, no resulta válida la inclusión de solo 2 candidatos en la votación (efectuada inmediatamente después del cambio de las reglas) y, por tanto, resulta palmaria la violación al derecho a la igualdad (la Corte Suprema de Justicia debió considerar -en sus votaciones- a todos los ternados).

(iv) La modificación del alcance de la mayoría requerida para la elección del Fiscal General de la Nación, cambiando su propio precedente, tuvo una incidencia directa en la seguridad jurídica que no era admisible en el estado en el que se encontraba el proceso de elección.

(v) Por su parte, aunque es incuestionable que el derecho es un instrumento para la sociedad por lo que su petrificación [ante un escenario de estabilidad del marco normativo] no es deseable cuando las circunstancias sociales exigen unas respuestas diferentes, lo cierto es que dicho tránsito debe estar debidamente sustentado y no obedecer a situaciones excepcionales. Dicho de otro modo, es loable que quien aplica las normas jurídicas lo haga con pleno reconocimiento del ámbito social en el cual su decisión tendrá incidencia, pues no puede esperarse que el legislador o la autoridad competente para la expedición intervenga ante cada cambio social. Sin embargo dicho ejercicio interpretativo debe efectuarse atendiendo a las normas positivas y a su jerarquía y no a situaciones coyunturales, como las que llevaron en este caso a que la H. Corte Suprema de Justicia “interpretara” su Reglamento.

Tan evidente es que dicha consideración de excepcionalidad fue lo que motivó la “interpretación” de la Corte Suprema de Justicia a su Reglamento -sin desconocerse que lo efectuó con el objeto de conseguir un fin constitucionalmente válido como lo era la elección del Fiscal General de la Nación- que estimó que la aludida interpretación la haría por “una sola vez”, lo cual revela que en una situación similar no aplicaría regla idéntica, con lo que genera, nuevamente, inseguridad en el ordenamiento jurídico.

(vi) Finalmente, ha de advertirse que en el presente asunto, contrario a lo sostenido por la parte demandada, no puede considerarse que como la confirmación de la elección se aprobó con 16 votos ello convalidó el acto de designación, por las siguientes razones:

- De conformidad con lo sostenido por el doctrinante Cabanellas , la convalidación ha sido definida en los diccionarios jurídicos como “hacer válido lo que no era. La convalidación constituye un acto jurídico por el cual se torna eficaz otro que estaba viciado de nulidad relativa. Ahora bien, si el acto que se intenta convalidar es nulo, de nulidad absoluta, también lo será la convalidación; de tal manera que solo cabe realizarla en aquellos actos cuya nulidad sea saneable.”.

Por su parte, el tratadista Manuel María Díez sostiene que:
“La convalidación es una declaración de voluntad del órgano administrativo competente, por medio de la cual reconoce la existencia de un vicio en el acto administrativo y lo considera eliminado desde su origen mediante la supresión de la ilegalidad cometida. Si al acto le faltan ciertos requisitos estos serán cubiertos por la convalidación.
(…)
La convalidación en sentido estricto está constituida o resulta de una sucesiva determinación volitiva de la administración, destinada a confirmar el procedimiento inválido, eliminados los efectos de la invalidez que le afectaba” .

- Según lo anterior, para que pueda hablarse de la ocurrencia del fenómeno de la convalidación se requiere el cumplimiento de dos requisitos: (i) que se trate de un vicio saneable, y (ii) que sea manifiesta la voluntad de la administración de sanear el yerro cometido en el acto que se pretende convalidar.

Contrario a lo expuesto, en el presente asunto el vicio que se evidencia no es susceptible de saneamiento en la medida en que el acto de elección infringió la norma en que debía fundarse, o, más concretamente, desconoció lo que en relación con el concepto de integrante de la Corporación se encontraba regulado en la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y en su propio Reglamento.

A su turno, mediante el acto de elección se designa a la persona que de la terna, por decisión de la mayoría legal y reglamentaria, ocupará el cargo de Fiscal General de la Nación; y, el acto de confirmación tiene por objeto la verificación de los requisitos y calidades constitucionales y legales de quien resultó elegido con el objeto de alcanzar su posesión, tal como lo establece el artículo 133 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que a la letra en su inciso 3º dispone:
“(…)
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.”. (Las negrillas son de la Sala).

Por lo anterior, en el presente asunto no se evidencia una voluntad de la Corte Suprema de Justicia de subsanar irregularidad alguna pues, según el acta de confirmación visible a folios 31 y 32 del expediente, nunca hubo una manifestación de subsanar vicios. Se reitera, con éste acto solo se verificó el cumplimiento de unos requisitos y calidades del que fue elegido para que pudiera posesionarse en el cargo y, en consecuencia tal como lo ha venido sosteniendo la jurisprudencia el acto de elección y confirmación lo que configura es un acto complejo .

Por las razones previamente expuestas la Sala considera que el cargo en estudio debe prosperar y, por tanto, se declarará la nulidad de la elección demandada.

Lo anterior releva a la Sala del análisis del cargo formulado por el accionante que hace referencia al periodo constitucional del Fiscal General de la Nación.-

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA


DECLÁRASE la nulidad de los actos de elección y confirmación de la doctora Viviane Aleyda Morales Hoyos, como Fiscal General de la Nación, proferidos por la H. Corte Suprema de Justicia los días 1º y 14 de diciembre de 2010, respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.-

Cópiese, notifíquese a las partes, a los intervinientes y al Ministerio Público. Cúmplase. Ejecutoriada la presente providencia, archívense las diligencias.-

El presente fallo fue discutido y aprobado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sesión de la fecha ut supra.-

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN
Presidente.

VÍCTOR HERNANDO ALVARADO ARDILA HERNÁN ANDRADE RINCÓN

GERARDO ARENAS MONSALVE SUSANA BUITRAGO VALENCIA

HUGO F. BASTIDAS BÁRCENAS MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO RUTH STELLA CORREA PALACIO

MAURICIO FAJARDO GÓMEZ MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

ENRIQUE GIL BOTERO WILLIAM GIRALDO GIRALDO

CARMEN TERESA ORTÍZ RODRÍGUEZ BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ

DANILO ROJAS BETANCOURTH MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA MAURICIO TORRES CUERVO

OLGA MÉLIDA VALLE DE LA HOZ ALFONSO VARGAS RINCÓN

MARCO ANTONIO VELILLA MORERO LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO
Impedido

ALBERTO YEPES BARREIRO CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA

 

PROYECTO DE LEY PARA LEGALIZAR Y REGLAMENTAR LA CORRUPCION

Proyecto de Ley No. de 2011
Por la cual se Legaliza y se Reglamenta la Corrupción en Colombia como mecanismo Transitorio para evitar el desencaje de las finanzas y recursos públicos del país
EL PUEBLO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
DECRETA:

Artículo primero Objeto. La presente Ley tiene por objeto Legalizar y Reglamentar en todo el Territorio Colombiano La Corrupción y la apropiación en porcentajes considerables y razonables de los recursos públicos del Estado para evitar que las finanzas públicas dejen de cumplir el objeto de inversión en todos los sectores del Estado Colombiano por su mengua.

Articulo Segundo. Quedará rotundamente prohibido a particulares, consorcios, o personas jurídicas pedir para bien de estos mas del porcentaje que de acuerdo a las tablas fijará en su reglamentación las autoridades territoriales, estas como Alcaldes, Concejales, Gobernadores, Diputados, Ediles en la respectiva Jurisdicción.
PARAGRAFO. El Congreso de Colombia podrá participar en dicha reglamentación si algunos de sus miembros lo consideran pertinente y conducente.

Artículo Tercero. Con la presente Ley, quedan Legalizadas las denominadas coimas y comisiones al igual se deroga todo el capítulo de Peculado en el actual ordenamiento Penal Colombiano para el tráfico de influencias.


Artículo Cuarto. Quien desee hacer cabildeo o lobby para obtener comisiones por el otorgamiento de contratos deberá abrir una cuenta bancaria en el exterior especialmente en Islas Caiman para evitar el cobro del 4 por mil y evitar el descubrimiento de pruebas.


Artículo quinto. A los funcionarios y servidores públicos del estado les estará permitido recibir mordidas por colaborar, ayudar, asesorar y acompañar el otorgamiento de Contratos y Licitaciones sin el lleno de requisitos de Ley

Artículo Sexto. A quienes se vean afectados por el incumplimiento en el pago de comisiones por parte de contratistas, podrán denunciar desde cualquier parte del mundo y las autoridades competentes les otorgarán el principio de oportunidad como respeto a los pactos.

Artículo séptimo. Se permitirán los desayunos con contratistas, organismos de control y vigilancia, de autoridades que ejerzan control político, autoridad administrativa y policiva y quienes tengan a cargo la ejecución del presupuesto en todas las entidades del Estado única y exclusivamente para estos temas.
PARAGRAFO.- Nadie podrá ser filmado, chuzado o interceptado en sus comunicaciones, ni grabado cuando se desarrollen estas actividades de Cabildeo y desayuneo o almuerceo, con el fin de obtener coimas, comisiones, regalías u otras similares frente a la contratación en Colombia.


Artículo Octavo. A las fuerzas militares de Colombia les queda prohibido la aplicación de esta Ley, y en todo caso si se dejaren pillar también se les concederá el principio de oportunidad, por la delación que hagan de cualquier tipo de persona que abuse o desborde la presente ley.

Artículo Noveno. Los gobernantes de turno en cada territorio, propenderán para que mínimo el 50 por ciento del presupuesto. De cada anualidad se invierta en los programas del Plan de Desarrollo aprobados, y podrán decretar impuestos adicionales para dar cumplimiento a esta Ley en todos sus artículos.


Artículo Decimo. Con esta Ley quienes hayan sido engañados y estafados, o a quienes no les hayan cumplido con las comisiones o coimas, podrán denunciar y a los incumplidos se les sacará del registro de lobistas y no se les concederá ningún beneficio de rebaja de penas por incumplidos y faltos de seriedad

Artículo Decimo primero.
La reglamentación de porcentajes de que trata esta ley deberá hacerse de inmediato, antes de que se contraten y adjudiquen los actuales presupuestos y con ello evitar que el presupuesto del país se quede en coimas comisiones o mordidas y que no se invierta en lo social y en infraestructura en Colombia.


Articulo Decimo segundo. Esta ley rige a partir de la fecha y deberá socializarse con los comisionistas y lobistas de los contratistas en Colombia.


Artículo Decimo tercero. Publíquese, Notifíquese y Cúmplase, aprobada por el Pueblo Colombiano para evitar que se sigan robando la mayoría del Presupuesto de nuestro país por nuestros impuestos.

Autoría de www.SINTAPUJOS.NET


“PORQUE LA CORRUPCION HAY QUE REDUCIRLA A SU MAXIMA EXPRESION “

TEMAS JURIDICOS JURISPRUDENCIAS

ALTAS CORTES

HACIENDO CLICK EN EL ESCUDO EN CONTRARA LA ACTUALIDAD JURIDICA DE LAS ALTAS CORTES, JURISPRUDENCIAS, SETENCIAS DE TUTELA, CONCEPTOS EN LAS AREAS DEL DERECHO PENAL - CIVIL-FAMILIA-ADMINISTRATIVO ETC.

- SECRETARIA DE TRANSITO LE EXPROPIO SU VEHICULO Y LE APARECE COMPRADO POR LA FISCALIA ...QUE TAL ESTO...

SU CONSULTA AQUI

UNA NUEVA SECCION A SU SERVICIO AQUI ENCONTRARA LA ACTUALIDAD JURIDICA

ASESORIAS JURIDICAS EN LAS AREAS DEL DERECHO PENAL-CIVIL-FAMILIA-POLICIVO

ADEMAS ENCONTRARA TODOS LOS TEMAS DE INTERES

Haga su consulta aqui en... Contáctenos

También en:

E-mail: amorochoabogados@hotmail.com

TELEFONOS 4805263 . CEL. 3102340736

MUY PRONTO LE DAREMOS RESPUESTA

MARZO 06 DE 2011

PARA SOLUCIONAR LOS FRAUDES EN LAS NOTARIAS Y OFICNAS DE REGISTRO

 

PROYECTO DE LEY No. _____________SENADO 

POR LA CUAL SE  MODIFICA  EL ESTATUTO DE NOTARIADO  EN COLOMBIA
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.-  La  presente ley tiene por objeto, modificar el actual Estatuto  de Notariado  en Colombia,  ordenando al gobierno nacional, implementar los mecanismos correspondientes para evitar que se sigan generando suplantación  de personas al momento de protocolizar escrituras ante los Notarios del país.
Artículo 2º.- Ordénese al Gobierno Nacional, para que en el término de un  año, se sistematice en Colombia mediante medio idóneo  y en línea todo lo referente a las escrituras de propiedades de bienes inmuebles por los respectivos Notarios en el territorio Nacional, indicando nombre del propietario, identificación del mismo, registro de su firma,  huella  y fotografía e identificación del respectivo predio.  
Artículo 3º.- Ordénese  que mientras se da cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo anteriormente mencionado, el Gobierno Nacional deberá  de forma inmediata ordenar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que los Notarios del país tomen las medidas necesarias para evitar que se sigan suplantando personas con documentos de identidad  falsos,  sin que se esté verificando que las firmas y huellas concuerden con la escritura que  reposa en la última venta  o tradición del inmueble.
Parágrafo.- Si el lugar donde se protocoliza el respectivo acto, es diferente donde reposa el último registro, el Notario que conozca de éste, deberá exigir previo a su protocolización copia auténtica de la última escritura para con ello verificar la autenticidad de los vendedores mediante cotejo de firma y huella, y si estos coinciden deberá registrar en medio idóneo la firma, huella y fotografía del vendedor y comprador.
Artículo 4º. Vigencia.-  La presente Ley rige a partir de su promulgación  y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.
Autor:

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se hace necesario que mediante ésta Ley, el Congreso de la República  modifique el actual estatuto de Notariado en Colombia, para que éste le dé seguridad jurídica a los Colombianos que son propietarios de bienes inmuebles, y que de la noche a la mañana aparecen como si hubieran vendido los mismos.
En el actual desarrollo del país no es concebible, que no exista un sistema de identificación plena  en red, para que los Notarios puedan  tener certeza de la autenticidad de que quien está protocolizando un acto de venta sobre un bien inmueble sea el verdadero propietario del mismo.
Ante el Patrimonio Económico  la Fiscalía General de la Nación Unidad de Delitos Contra la Administración Pública  y a diario se  instauran denuncias por la suplantación de  los  propietarios de bienes inmuebles  que de forma fraudulenta acuden ante los Notarios del país a protocolizar la venta de bien inmueble, para ello  consiguen un Certificado de Registro de Instrumentos públicos  el cual es adquirido ante la respectiva oficina de registro con la dirección del predio, una vez el delincuente tiene en su poder el respectivo certificado, consigue una copia de la escritura pública donde se hizo la última protocolización del bien inmueble y allí aparecen los datos del verdadero propietario, con su respectiva identificación,  con estos datos consigue en el mercado negro una cédula con las características del actual propietario, que muchas veces la consiguen por la módica suma de $20.000.00 según las últimas crónicas periodísticas.
Una vez el delincuente tiene en su poder la cédula con los datos del propietario que aparece en  la escritura y certificado de tradición, acude a cualquier Notaría y corre una escritura de venta, el Notario partiendo de la buena fé  por la cédula que le presentan, da Fe pública de la venta del bien inmueble haciendo constar convencido que quien está protocolizando el  acto de venta es el verdadero propietario.
Una vez entregada la respectiva escritura con sus copias, éste hace el trámite correspondiente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, arrojando como resultado la inscripción de la respectiva venta en el folio de matrícula inmobiliaria.
Con el respectivo Certificado de Tradición, el delincuente busca un crédito por una determinada suma de dinero, ofreciendo como garantía la constitución de Hipoteca sobre dicho bien inmueble.
Cuando el verdadero propietario quiere vender o realizar cualquier acto de hipoteca, o venta cuando  solicita el Certificado de Tradición de su bien inmueble es cuando se da cuenta que el mismo ha sido vendido y han  suplantando su nombre y cédula. Ahí es cuando comienza la odisea para la recuperación de su derecho ante las autoridades competentes que muchas veces se demora mas de cuatro o cinco años, de igual forma lo debe hacer a quien le hicieron la hipoteca por el dinero prestado sobre dicho inmueble.  

En uno de los últimos casos conocidos, se supo de una persona a quien le arrebataron su predio en la localidad de Suba en Bogotá, sobre un casalote que nunca vendió, el verdadero propietario no había renovado nunca su cédula, es decir aún posee la inicialmente expedida cédula blanca, pero los delincuentes consiguieron una cédula de las últimas que se están expidiendo, donde el tipo de sangre es diferente a la del  propietario, la firma no coincide en sus rasgos, la huella a simple vista tampoco se parece, esto comparado con los datos registrados en la última protocolización que se hizo cuando se adquirió el bien inmueble mediante compra.
Los Notarios en su mayoría y así se ve por las diferentes denuncias instauradas ante la  Fiscalía General de la Nación, solo dan fe  de la comparecencia de quien dice ser quien aparece en la cédula sin que se verifique la firma, y huella registrada en el último acto de protocolización.
Muchas veces el delincuente acude a  una  Notaría diferente donde se hizo  el último acto de compraventa, especialmente en aquellas Notarías donde no se toma la fotografía como registro de los comparecientes.
Se debe tener en cuenta Honorables Colegas, que el actual sistema de notariado en muchas notarías aún se emplean equipos rudimentarios como la máquina de escribir, por ello se requiere que el Gobierno Nacional implemente los mecanismos necesarios para brindar seguridad jurídica a los actuales propietarios de bienes inmuebles en el país y compradores, buscando que los Notarios  sean obligados a verificar la autenticidad de las firmas, y huellas tal y como sucede en las oficinas de Tránsito cuando se hace la venta de un automotor, en el cual si no coincide la firma y la huella el respectivo traspaso no es aceptado.
El Gobierno Nacional mediante ésta ley, deberá ordenar la sistematización de los actuales propietarios de bienes inmuebles, mediante un sistema idóneo en línea para que cualquier Notario del país, cuando se presente la protocolización de un acto de venta de bien inmueble, se pueda verificar al ingresar el registro de matrícula inmobiliaria donde deberá aparecer el nombre, identificación y huella del actual propietario, proceso que no es difícil de implementar  tal y como opera con el sistema Financiero Colombiano, cuando se pueden hacer transacciones en cualquier sucursal bancaria  por cuanto la firma, identificación y huella se pueden comparar fácilmente.
Por las anteriores consideraciones y motivos, solicito a los Honorables Senadores  se dé trámite al presente proyecto de ley  el cual contribuirá a que no se sigan engañando y estafando a ciudadanos Colombianos.
Por último debe tenerse en cuenta que el actual Estatuto de Notariado se creó mediante el decreto 960 de 1.970 lo que hace necesario su revisión .

 

MARZO 02 DE 2011

Doctora:

 

PROYECTOS DE LEY QUE CURSAN EN EL CONGRESO SENADO Y CAMARA DE AUTORIA DEL SENADOR LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA, LOS CUALES FUERON ELABORADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE MEDIO COMO ASESOR DE LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA....

 

ËSPERAMOS SUS COMENTARIOS

 

PROYECTO DE LEY  No.303-2009 SENADO

 POR EL CUAL SE CREA  MI PRIMER EMPLEO SIN EL REQUISITO DE TENER  EXPERIENCIA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto de la ley.- La presente ley tiene como objeto crear y establecer algunos beneficios parafiscales para los empleadores del nivel público y privado por  la obligación de vincular y tener en su planta de personal  a personas jóvenes entre los 18 y 25 años de edad de estratos 1,2 y 3 ó sisben del mismo nivel,  sin que se les exija el  requisito para su  vinculación  de tener experiencia o de haber tenido un trabajo anterior. El empleador deberá tener en su   planta de personal  un 20%  de jóvenes de las anteriores edades como mínimo.
 
Artículo 2º. Modalidad  del Contrato.-  El contrato de mi  Primer Empleo deberá suscribirse necesariamente a término  indefinido.
 
Artículo 3º. Beneficios para el empleador. Los empleadores que vinculen laboralmente a jóvenes con edades entre 18 y 25 años sin la exigencia de tener experiencia laboral, tendrán como beneficio durante el primer año  de vigencia del contrato,  un descuento del 50%  en el   pago de los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes a este empleado.  

Durante el segundo y tercer   año de vigencia del Contrato de mi  Primer Empleo, el empleador tendrá un descuento del veinte por ciento (20%) en el pago de los correspondientes aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.

Artículo 4º. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. A los jóvenes beneficiados con ésta ley, les serán aplicadas íntegramente las normas generales del trabajo, en particular las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 5o. Vigencia . La presente ley regirá a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

 

AUTOR, 

 LUIS FERNADO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Este proyecto de ley tiene como finalidad disminuir el desempleo de los jóvenes quienes muchas veces no encuentran que hacer cuando de una parte cumplen la mayoría de edad y de otra cuando terminan su bachillerato, o su carrera técnica o profesional, pues al ir a solicitar un empleo siempre se les exige experiencia para el cargo.

Muchos de ellos, se ven obligados a ingresar a lo que conocemos como pandillas, o a organizaciones como expendios de drogas, bandas organizadas   para cometer cualquier clase de delito  con el fin muchas veces de conseguir el sustento diario y apoyar a sus padres y hermanos quienes viven en la miseria.

Nuestros jóvenes mujeres y hombres de los estratos 1,2 y 3  ò del mismo nivel de sisben, muchas veces por no tener un empleo no pueden ingresar a las instituciones de educación superior o técnica, y quienes no han podido  a estas edades terminar su bachillerato no lo pueden hacer por carecer igualmente de recursos.                                 

 

Con el presente proyecto de ley se propone reducir La carga laboral, descontando al empleador un porcentaje de los aportes parafiscales destinados al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar y a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes al empleado contratado bajo la modalidad de primer empleo .

Este proyecto se fundamenta en varias normas constitucionales. En primer lugar, el preámbulo de la Constitución Política consagra como uno de los fines de la Constitución el de asegurar el trabajo a los integrantes del pueblo colombiano.

Se ha previsto en el presente proyecto de Ley, que los beneficios otorgados a los empleadores que vinculen jóvenes con las anteriores características  gozaran de estas reducciones, teniendo en cuenta que sin duda alguna compensará con el tiempo que debe disponer el empleador para la enseñanza  como aprendices.

La finalidad especial de  tener en cuenta  como beneficiarios del  proyecto de ley, a jóvenes de estratos 1,2 y 3 ò  del mismo nivel sisben,  entre edades de 18 a 25 años, es por cuanto sin duda alguna  los jóvenes que hayan cumplido 25 años, de alguna forma ya han tenido algún empleo y de otra parte la mayoría de ellos  ya han terminado alguna carrera sea técnica o profesional.

Por lo anterior considero que es un proyecto que beneficia a un gran nùmero de jóvenes de nuestro paìs, y que con la aprobación de èste contribuiremos a que nuestros jóvenes tengan una mayor oportunidad de progreso y desarrollo en su vida.

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA .
SENADOR DE LA REPUBLICA

 

PROYECTO DE LEY No.________2.009 CAMARA
 
POR EL CUAL SE CREA EL BANCO DE PROYECTOS DE LEY- LEYES,   ACUERDOS DISTRITALES, MUNICIPALES, LOCALES,  Y ORDENANZAS EN COLOMBIA
El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Objeto,  Objetivos, Funcionamiento
Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente ley, es crear el Banco de proyectos de Ley, Leyes,  Acuerdos Distritales, Municipales, Locales,  y Ordenanzas  en Colombia.
Creando como tal una central que contenga el historial de las diferentes iniciativas de orden legislativo y administrativo  presentadas ante las diferentes corporaciones públicas mediante un sistema integral de información, ante el  Congreso de la República,  Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, Juntas Administradoras Locales.
Artículo 2º.- Objetivos del Banco de Proyectos de Ley –Leyes,   Acuerdos Distritales, Municipales, Locales, y ordenanzas en el territorio nacional, es que exista un registro histórico  sobre las diferentes iniciativas de orden legislativo y administrativo que se presenten ante las diferentes corporaciones públicas, por los diferentes Congresistas, Concejales, Diputados y Ediles del país.
Artículo 3º.- Funcionamiento.- En cada Corporación pública legislativa o administrativa, deberá crearse con cargo al presupuesto de cada entidad territorial el Banco de proyectos de Ley,  Leyes,  Acuerdos distritales, municipales, Locales y  Ordenanzas, mediante un sistema de consulta idóneo que registre el historial de cada iniciativa que haya cursado, o curse en cada Corporación pùblica. 
Ante dicho Banco, deberá radicarse la respectiva iniciativa, indicando el número del proyecto, comisión que conoce del debate, tema de la iniciativa, autor del proyecto o iniciativa, y por último se deberá indicar si la misma fue archivada o se convirtió en ley, acuerdo, u ordenanza.

De igual forma en dicho registro se tendrá en cuenta las modificaciones, como adiciones, modificaciones, o revocatorias.
Cada Corporación en el país deberá implementar los mecanismos para que los ciudadanos tengan acceso fácil de consulta mediante el sistema de Internet, que facilite la consulta por tema y que de igual forma puedan opinar sobre las iniciativas presentadas y que se encuentren en curso para sus respectivos debates.
Artículo 4º. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean  contrarias.

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
Senador de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

 Colombia es un país democrático, donde los Colombianos eligen mediante voto popular a Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales y Ediles.
La representación democrática de los ciudadanos se ve reflejada en la elección de miembros de las diferentes Corporaciones públicas, las cuales son de orden legislativa  como son el Honorable Congreso de la República, y las demás de orden administrativa.
La creación del Banco de proyectos de leyes, Leyes,  Acuerdos Distritales, Municipales y Locales, y  Ordenanzas   es importante para tener un registro histórico de las diferentes iniciativas presentadas por Senadores, Representantes, Concejales, Ediles, y  Diputados en cada Corporación Pública.
En la actualidad en la mayoría Corporaciones públicas del país, comenzando por el Senado de la República y Cámara de Representantes no existe un centro de información donde se indique si sobre un tema determinado cursa, o cursó alguna iniciativa que no ha sido convertida en ley, ó si la misma fue presentada y archivada, de igual forma sucede con iniciativas a nivel de Concejos y Juntas Administradoras Locales a nivel distrital y municipal, de igual forma a nivel de las Asambleas Departamentales.
La justificación que exista en cada Corporación pública de orden legislativo y administrativo, un banco de de leyes, acuerdos, y ordenanzas, es tener un  registro de cada iniciativa, por temas, autoría de cada iniciativa, si fue aprobada y convertida en ley, acuerdo, u ordenanza, o si por el contrario la misma fue archivada, modificada, o revocada.

Con ésta ley, hará más fácil el control histórico sobre iniciativas cursadas, aprobadas, y con ello se evitará que sobre el mismo tema se presenten iniciativas que muchas veces cursan en diferentes  comisiones de Cámara y Senado.
Para el caso del Congreso de la República, formará parte ésta ley, del tema de modernización y sistematización  dándole a los diferentes parlamentarios mecanismos rápidos de consulta, para presentación de iniciativas, al igual en las demás corporaciones públicas de elección popular en el territorio nacional.
Una  principal justificación de éste proyecto de Ley, es que por no existir un historial de iniciativas, cuando se quiere legislar sobre un tema determinado, no existe información al respecto y el único mecanismo de consulta son las páginas de información de Internet, pero allí únicamente aparecen las últimas leyes sancionadas y publicadas, mas no las que están en curso  y las diferentes iniciativas que fueron debatidas y no se convirtieron en leyes. De igual forma sucede en las demás Corporaciones Públicas,  por lo que  se hace necesario la creación de éste Banco, como medio informativo.
De igual forma en el proyecto se propone, que mediante un sistema el ciudadano se entere y participe del proyecto en curso, ya sea ante el Congreso, Concejos Distritales, Municipales, Juntas Administradoras Locales, y Asambleas Departamentales, además se podrá conocer de primera mano las iniciativas presentadas por cada uno de los miembros de las diferentes corporaciones públicas de elección popular.   
Por lo anterior solicito a los Honorables Representantes dar trámite a éste proyecto, ya que el único propósito de esta ley es contribuir a que en  las diferentes Corporaciones Públicas de Elección popular exista este banco de  información por ser Colombia un país de Leyes y que muchas veces los colombianos no tienen conocimiento de lo que se legisla a favor de ellos.

LUIS FERNANDO DUQUE  GARCIA
Senador de la República  

 

PROYECTO DE LEY No.302-2.009 SENADO

“ POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN LOS CONSEJOS DISTRITALES, MUNICIPALES Y LOCALES DEL ADULTO MAYOR COMO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN COLOMBIA”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto,  Objetivos, Funcionamiento
Artículo Primero.- Objeto. El objeto de la presente ley, es crear los  CONSEJOS DISTRITALES, MUNICIPALES, Y LOCALES del Adulto Mayor como mecanismos de participación ciudadana e instancia consultiva frente a cada administración en Colombia, teniendo en cuenta la diversidad de estrato social, género, religión y cultura.
Artículo Segundo.- Elección.  Los Consejos Distritales, Municipales, y Locales del Adulto Mayor, serán elegidos mediante elección popular con personas mayores de cincuenta y cinco (55 años) de acuerdo a la reglamentación que expida el correspondiente alcalde, por un periodo de dos años.
PARAGRAFO 1º.- Los Consejos de Adulto Mayor tendrán un número determinado de integrantes, para lo cual los Consejos Distritales, Municipales y las Juntas Administradoras Locales de acuerdo a sus competencias,  podrán crear mediante acuerdo el número de integrantes al Consejo teniendo en cuenta la división territorial, al igual tendrán en cuenta la participación de habitantes de UPZ Unidades de Planeación Zonal donde existan, comunas, veredas  y corregimientos al correspondiente Consejo.
Artículo Tercero.-   Objetivos de los Consejos de Adulto Mayor. Son  objetivos de los Consejos de Adulto Mayor los siguientes:
1.- Fomentar y desarrollar en el respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, políticas y programas para los adultos mayores ante las respectivas autoridades a nivel Distrital, Municipal, Local, Departamental, Nacional y Organizaciones Internacionales.
2.-   Desarrollar en conjunto con la administración territorial correspondiente, programas para el adulto mayor en cultura, deportes, bienestar social, educación, proyectos de productividad, salud e infraestructura y desarrollo.
Artículo Cuarto.- Funciones.  Son funciones de los Consejos del Adulto Mayor las siguientes:
1.- Gestionar recursos públicos o privados nacionales e internacionales para impulsar y desarrollar los programas sociales y recreativos de su interés.
2.- El Consejo del Adulto Mayor actualizará el censo de los adultos mayores en el respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, así como el de los que se beneficien con los programas de los diferentes entes gubernamentales.
3.- Servir de Instancia veedora frente a los recursos y programas  destinados a los adultos mayores.
4.- El respectivo Consejo del Adulto Mayor reglamentará su funcionamiento, para lo cual el respectivo alcalde lo garantizará con espacios para sus sesiones.
De igual forma el Consejo del Adulto Mayor, podrá utilizar las instalaciones como salones comunales, casas de la cultura, escuelas y colegios públicos, previa coordinación y autorización para el desarrollo de actividades en beneficio del adulto mayor. Para esto el respectivo alcalde apoyará en lo referente.
5.- Nombrar un presidente, un Vicepresidente, y un Secretario dentro de su seno,  los cuales serán elegidos para un periodo de un año.
6.-   Cada Consejo del Adulto Mayor deberá informar a los que conforman el censo de adultos mayores en su respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, mínimo dos veces al año, las labores desarrolladas en favor de estos.
Artículo Quinto.- Funcionamiento.-  Los Consejos de Adultos Mayores, serán presididos por el respectivo alcalde o su delegado, además de los miembros que conforman cada Consejo, al mismo en sus cesiones deberán asistir:
- El Alcalde o su delegado quien lo presidirá
- Un representante del respectivo Concejo ó de la Junta Administradora Local.
-  El director del Bienestar Social, y del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si los hay.
-  El Gerente o Director del respectivo Hospital zonal.
-  El comandante de la Policía Nacional zonal.
-  El representante del Ministerio Público
-  El representante del SENA
-  Los demás representantes o directores de instituciones que el Consejo considere necesario invitar para sus cesiones.
PARAGRAFO 2.- La inasistencia a las sesiones del Consejo de los anteriores miembros y a quienes invite la mesa directiva, incurrirán en causal de mala conducta.

PARÁGRAFO 3.-  En los Distritos, Municipios, Localidades,  donde se hayan creado los Consejos de Adulto Mayor, deberán adecuarlos a la presente ley en todas sus partes.

Artículo Sexto.- Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean  contrarias.
AUTOR,

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
Senador de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de Ley tiene como finalidad, fomentar la participación ciudadana en especial la del adulto mayor como instancia de participación ante las administraciones distritales, municipales,  y locales, mediante la creación de los Consejos de Adulto Mayor.
“Que son a las personas adultas mayores a quienes debemos las enseñanzas, experiencias,  y en especial el respeto por las costumbres y actividades que hicieron posible el desarrollo de nuestras familias y la sociedad, por lo que debemos retribuirles de alguna forma lo que hicieron por nosotros.”
Se hace necesario crear estas instancias de participación de los adultos mayores mediante los Consejo de Adultos Mayores, para que participen en la  discusión y creación de políticas  a favor de estos en actividades deportivas, lúdicas, culturales, en proyectos productivos  frente a los planes de desarrollo.
Sin duda alguna con la Creación de los Consejos de Adultos Mayores en Colombia, fortalecerà la participación ciudadana, se darà mayor importancia  a nuestros adultos mayores, que muchas veces por falta de espacios como estos no son tenidos en cuenta, y muchos de ellos al permanecer inactivos en sus casas se deprimen y aumentan la población enferma.
En algunas localidades de la capital de la repùblica, se han creado mediante acuerdo estos consejos de adulto mayor, pero no se la ha dado la importancia  quedando a la voluntad de la administración de turno el cumplimiento de los mismos.
Por lo anterior considero que es un proyecto de Ley que beneficia a nuestros adultos mayores de 55 años en el paìs,  y contribuirà a que tengan a que tengan oportunidad de progreso y desarrollo en su vida.

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA

SENADOR DE LA REPUBLICA

 

PROYECTO DE LEY No. _____________SENADO 

POR LA CUAL SE  MODIFICA  EL ESTATUTO DE NOTARIADO  EN COLOMBIA
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.-  La  presente ley tiene por objeto, modificar el actual Estatuto  de Notariado  en Colombia,  ordenando al gobierno nacional, implementar los mecanismos correspondientes para evitar que se sigan generando suplantación  de personas al momento de protocolizar escrituras ante los Notarios del país.
Artículo 2º.- Ordénese al Gobierno Nacional, para que en el término de un  año, se sistematice en Colombia mediante medio idóneo  y en línea todo lo referente a las escrituras de propiedades de bienes inmuebles por los respectivos Notarios en el territorio Nacional, indicando nombre del propietario, identificación del mismo, registro de su firma,  huella  y fotografía e identificación del respectivo predio.  
Artículo 3º.- Ordénese  que mientras se da cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo anteriormente mencionado, el Gobierno Nacional deberá  de forma inmediata ordenar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que los Notarios del país tomen las medidas necesarias para evitar que se sigan suplantando personas con documentos de identidad  falsos,  sin que se esté verificando que las firmas y huellas concuerden con la escritura que  reposa en la última venta  o tradición del inmueble.
Parágrafo.- Si el lugar donde se protocoliza el respectivo acto, es diferente donde reposa el último registro, el Notario que conozca de éste, deberá exigir previo a su protocolización copia auténtica de la última escritura para con ello verificar la autenticidad de los vendedores mediante cotejo de firma y huella, y si estos coinciden deberá registrar en medio idóneo la firma, huella y fotografía del vendedor y comprador.
Artículo 4º. Vigencia.-  La presente Ley rige a partir de su promulgación  y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.
Autor:

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se hace necesario que mediante ésta Ley, el Congreso de la República  modifique el actual estatuto de Notariado en Colombia, para que éste le dé seguridad jurídica a los Colombianos que son propietarios de bienes inmuebles, y que de la noche a la mañana aparecen como si hubieran vendido los mismos.
En el actual desarrollo del país no es concebible, que no exista un sistema de identificación plena  en red, para que los Notarios puedan  tener certeza de la autenticidad de que quien está protocolizando un acto de venta sobre un bien inmueble sea el verdadero propietario del mismo.
Ante el Patrimonio Económico  la Fiscalía General de la Nación Unidad de Delitos Contra la Administración Pública  y a diario se  instauran denuncias por la suplantación de  los  propietarios de bienes inmuebles  que de forma fraudulenta acuden ante los Notarios del país a protocolizar la venta de bien inmueble, para ello  consiguen un Certificado de Registro de Instrumentos públicos  el cual es adquirido ante la respectiva oficina de registro con la dirección del predio, una vez el delincuente tiene en su poder el respectivo certificado, consigue una copia de la escritura pública donde se hizo la última protocolización del bien inmueble y allí aparecen los datos del verdadero propietario, con su respectiva identificación,  con estos datos consigue en el mercado negro una cédula con las características del actual propietario, que muchas veces la consiguen por la módica suma de $20.000.00 según las últimas crónicas periodísticas.
Una vez el delincuente tiene en su poder la cédula con los datos del propietario que aparece en  la escritura y certificado de tradición, acude a cualquier Notaría y corre una escritura de venta, el Notario partiendo de la buena fé  por la cédula que le presentan, da Fe pública de la venta del bien inmueble haciendo constar convencido que quien está protocolizando el  acto de venta es el verdadero propietario.
Una vez entregada la respectiva escritura con sus copias, éste hace el trámite correspondiente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, arrojando como resultado la inscripción de la respectiva venta en el folio de matrícula inmobiliaria.
Con el respectivo Certificado de Tradición, el delincuente busca un crédito por una determinada suma de dinero, ofreciendo como garantía la constitución de Hipoteca sobre dicho bien inmueble.
Cuando el verdadero propietario quiere vender o realizar cualquier acto de hipoteca, o venta cuando  solicita el Certificado de Tradición de su bien inmueble es cuando se da cuenta que el mismo ha sido vendido y han  suplantando su nombre y cédula. Ahí es cuando comienza la odisea para la recuperación de su derecho ante las autoridades competentes que muchas veces se demora mas de cuatro o cinco años, de igual forma lo debe hacer a quien le hicieron la hipoteca por el dinero prestado sobre dicho inmueble.  

En uno de los últimos casos conocidos, se supo de una persona a quien le arrebataron su predio en la localidad de Suba en Bogotá, sobre un casalote que nunca vendió, el verdadero propietario no había renovado nunca su cédula, es decir aún posee la inicialmente expedida cédula blanca, pero los delincuentes consiguieron una cédula de las últimas que se están expidiendo, donde el tipo de sangre es diferente a la del  propietario, la firma no coincide en sus rasgos, la huella a simple vista tampoco se parece, esto comparado con los datos registrados en la última protocolización que se hizo cuando se adquirió el bien inmueble mediante compra.
Los Notarios en su mayoría y así se ve por las diferentes denuncias instauradas ante la  Fiscalía General de la Nación, solo dan fe  de la comparecencia de quien dice ser quien aparece en la cédula sin que se verifique la firma, y huella registrada en el último acto de protocolización.
Muchas veces el delincuente acude a  una  Notaría diferente donde se hizo  el último acto de compraventa, especialmente en aquellas Notarías donde no se toma la fotografía como registro de los comparecientes.
Se debe tener en cuenta Honorables Colegas, que el actual sistema de notariado en muchas notarías aún se emplean equipos rudimentarios como la máquina de escribir, por ello se requiere que el Gobierno Nacional implemente los mecanismos necesarios para brindar seguridad jurídica a los actuales propietarios de bienes inmuebles en el país y compradores, buscando que los Notarios  sean obligados a verificar la autenticidad de las firmas, y huellas tal y como sucede en las oficinas de Tránsito cuando se hace la venta de un automotor, en el cual si no coincide la firma y la huella el respectivo traspaso no es aceptado.
El Gobierno Nacional mediante ésta ley, deberá ordenar la sistematización de los actuales propietarios de bienes inmuebles, mediante un sistema idóneo en línea para que cualquier Notario del país, cuando se presente la protocolización de un acto de venta de bien inmueble, se pueda verificar al ingresar el registro de matrícula inmobiliaria donde deberá aparecer el nombre, identificación y huella del actual propietario, proceso que no es difícil de implementar  tal y como opera con el sistema Financiero Colombiano, cuando se pueden hacer transacciones en cualquier sucursal bancaria  por cuanto la firma, identificación y huella se pueden comparar fácilmente.
Por las anteriores consideraciones y motivos, solicito a los Honorables Senadores  se dé trámite al presente proyecto de ley  el cual contribuirá a que no se sigan engañando y estafando a ciudadanos Colombianos.
Por último debe tenerse en cuenta que el actual Estatuto de Notariado se creó mediante el decreto 960 de 1.970 lo que hace necesario su revisión .

 

LUIS FERNADO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA

MARZO 02 DE 2011

Doctora:
TULIA SOLHEY RAMIREZ ALDANA
JUEZ VEINTINUEVE PENAL MUNICIPAL CON FUNCION DE GARANTIAS
BOGOTA D.C.
E. S. D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

REF. IMPUGNACION FALLO TUTELA
No. 0031-2011
Accionado : Fundación Comunitaria Líderes en Acción –FUNDACOM –
Accionante: Alcaldía Mayor de Bogotá – Alcaldía Local de Usaquén – JAL Usaquén Secretaría de Educación Distrital

Respetada Señora Juez:

Con el presente escrito manifiesto a su despacho respetuosamente, que en mi calidad de representante legal de la FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN ACCION FUNDACOM – accionante de la Tutela de la referencia, IMPUGNO EL FALLO no sin antes agradecer a su despacho la diligencia con la que se adelantó el trámite de la acción, y con ello se superaron en gran parte los problemas tutelados tal y como se probó con las fotografías y demás en las que se ven los niños estudiando al intemperie.

De otra parte debo agradecer en nombre del Fundación que represento sus palabras o alagos en el objeto de la fundación por su despacho.

El único objeto de ésta impugnación del fallo, es por la decisión suya de declarar improcedente la TUTELA, por las consideraciones hechas por su despacho, por cuanto el suscrito como representante legal de la fundación, no tiene derechos violados, ni que porque mucho menos mis hijos no estudian allí, o de otra parte por no tener poder de los padres de familia afectados.

Si bien es cierto señora Juez, en el encabezado de la tutela, lo primero que se le aclara a su despacho es el fin y el objeto y en qué calidad actuaba el suscrito, como representante legal de la Fundación, que se debe tener en cuenta el objeto social para lo que fue creada o fundada la Fundación, y ese fue el solo objeto por el que de una parte se instauró la Tutela por el flagrante hecho notario de violación de los derechos fundamentales de los niños tal y como se prueba en las fotografías.

Con el merecido respeto de su despacho, cabe preguntarnos, Entonces para qué el objeto social de una Fundación sin ánimo de Lucro ? Entonces para qué se crean o se conforman las Juntas de Acción Comunal ?

Respetuosamente considero que es una percepción errada de su despacho, en especial cuando se dice que los derechos de los niños están por encima de otros, que toda persona debe velar por el derecho de ellos, como es en el presente caso cuando era el único mecanismo transitorio para evitar un peligro irremediable.

Pues esa función debió hacerla la Asociación de padres de familia, pero no sucedió así. En fin éste es el inconformismo del fallo, no sin ello debo reconocerle a su despacho que a pesar repito de su interpretación errada, cuando se dice que no me estaban violando un derecho, su despacho dio el trámite a la Tutela, cuando habría podido desecharla de tajo.

Respecto a los demás elementos decididos y contestados por las autoridades, nos ha quedado claro, que de una parte la Administración Local, en cabeza del señor Alcalde Local como es costumbre de ellos le dijeron mentiras a los padres y dirigentes comunales.

Pues en la Corporación Edilicia frente a los Ediles, se informó que estaban los recursos aprobados, que ya estaba listo y aprobado la entrega del predio, pero tiene toda la razón la Secretaría de Educación cuando informa que no podrá hacer ninguna construcción allí en el predio cuando el terreno no está a nombre o entregado a ellos.

Estaremos pendientes señora Juez, de los compromisos o acciones informadas por parte de las entidades, y en dado caso iniciaremos y pediremos ante su despacho el DESACATO si a ello hay lugar, siempre y cuando su despacho reconsidere que la Fundación que represento está plenamente facultada para iniciar éste tipo de acciones a favor de los ciudadanos en especial por los niños de nuestro país. Hechos que han sido aceptados por otras autoridades inclusive las judiciales.

PETICION

Respetuosamente solicito a su despacho se tenga como sustentada la impugnación del fallo, y como consecuencia de ello se ordene el trámite del mismo ante la Instancia correspondiente y con ello tener claridad, si éste tipo de acciones son procedentes interponerlas por una FUNDACION como la que represento a favor de los derechos vulnerados de niños, que muchas veces, los padres no las inician por el temor de que tomen reprecialas en contra de ellos, o como se dice en el argot popular los cojan entre ojos.

Repito el único interés que ha tenido la Fundación y para lo cual se creó como consta en su objeto social es el de adelantar acciones a favor de las clases menos favorecidas como niñas, niños, jóvenes, enfermos, adultos y en fin todo lo que tenga que ver en lo social.

Solicito a su despacho y al superior revisar la impugnación del fallo, no sin antes agradecer a su despacho las gestiones realizadas a favor de los niños del Colegio General Santander.

De la Señora Juez
Atentamente,

ORLANDO AMOROCHO CHACON
c.c. 19.494.198 de Bogotá
Representante Legal
FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN ACCION – FUNDAOM-
www.SINTAPUJOS.NET

FEBRERO 10-11

TUTELA POR EL DERECHO A LA EDUCACION EN CONTRA DE ALCALDIAS:

RADICADA ANTE UN JUEZ PENAL DE BOGOTA EN FEB. 07-11

SEÑOR
JUEZ PENAL MUNCIPAL
BOGOTA D.C.
E. S. D.
--------------------------------------------------------

REF. ACCION DE TUTELA POR VIOLACION AL DERECHO A LA EDUCACION
COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PELIGRO IRREMEDIABLE
ACCIONANTE: FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN ACCION – FUNDACOM –
ACCIONADOS: ALCALDE MAYOR DE BOGOTA – SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITAL DE BOGOTA – ALCALDE LOCAL DE USAQUEN – JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUEN

En mi calidad de representante legal de la FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN ACCION FUNDACOM, organización creada y que entre otros objetivos tiene por tal adelantar gestiones de beneficio social ante autoridades a nivel local, Distrital, Municipal, Departamental, y Nacionales, Además de ello soy corresponsal periodístico de varios medios de comunicación y director del periódico SINTAPUJOS.NET el cual se puede ver en la web con temas y crónicas como el que a continuación pido se tutele---por medio del presente escrito me permito formular ante su despacho ACCION DE TUTELA para que se tutelen los derechos a la educación de los estudiantes del Colegio Distrital General Santander de la localidad de Usaquén, y en contra del señor ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, SECRETARIO DE EDUCACION DE BOGOTA, ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUEN según los siguientes:

FOTOS ANEXAS


HECHOS


1.- El Colegio Distrital General Santander es una institución que brinda la educación primaria y secundaria a niñas y niños de los estratos 1,2, y 3 de la Localidad de Usaquén en cabeza de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Secretaría Distrital de Educación y con el apoyo de la Administración Local de Usaquén en cabeza del señor Alcalde Local y la Junta Administradora Local de Usaquén.
2.- Mas de un millar de niñas y niños desde hace mas de un año, por motivos y falta de apoyo de la Administración Distrital han debido buscar otros espacios de donde estaban que era en el centro de la localidad de Usaquén, y que por motivos de espacio, y daños en las estructuras de la sede, y por último debido a que la Alcaldía Local de Usaquén requiere el espacio para la construcción de la sede de la Alcaldía Local, tanto la Administración Local de Usaquén, junto con la JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUEN y el CADEL de la Localidad, convinieron ubicar a los estudiantes del Colegio General Santander en un predio ubicado en la CALLE 159 No. 8-56 donde funcionaba el Politécnico Comunitario Altablanca, donde funcionaba un Centro de Educación Técnica y que fue priorizado como centro de capacitación empresarial el cual funcionó para jóvenes, y adultos por mas de seis años.
3.- Según lo manifestado por el señor ALCALDE LOCAL DE USAQUEN señor Juan Pablo Camacho, la Administración Distrital con la Secretaría de Educación construiría aulas necesarias para que los niños pudieran estar allí, manifestación que hiciera en ese entonces esto es el mes de septiembre de 2010 en la Junta Administradora Local de Usaquén y ante la comunidad, como también lo hizo las directivas del CADEL DE USAQUEN y las directivas del Colegio General Santander junto con la Asociación de padres de Familia.
Además se convino que con la construcción de nuevas aulas y el resto de terreno desocupado, los niños podrían estar en la jornada de la mañana y en las tardes y en las noches lo podrían seguir utilizando los jóvenes y adultos con carreras técnicas y profesionales. Aceptación que se dio por parte de los beneficiarios como empresarios y otros en especial ante la JAL.
4.- Llegado el día de ingreso de los estudiantes esto es la última semana de enero de 2011 los estudiantes solo encontraron seis salones con una capacidad máxima de 40 estudiantes máximo en cada salón que multiplicado por seis da un total de estudiantes de 240.
5.- Las niñas y niños han tenido que recibir clases en el piso, y otros al aire libre debajo de un cambuche cubierto de plástico que se había hecho para cubrir un vivero de hortalizas tal y como se prueba en las fotografías que se anexan a la presente acción. .
6.- Además de lo anterior los niños deben someterse a sentarse debajo de unas vigas y planchas de una construcción vieja de hace mas de 25 años, que amenaza ruina y de las cuales no se tiene ninguna seguridad que puedan desprenderse y causar una tragedia a los menores.
7.- De otra parte no hay un espacio para una biblioteca, salón de profesores, hay ausencia de profesores para los niños y en general carecen de los mas mínimos requisitos como son la tranquilidad y seguridad, seguridad que no tienen por cuanto los salones y las instalaciones no son aptas para recibir esta cantidad de niños que si bien es cierto los están ubicando parte de ellos en otros sitios, deben estudiar dos o tres días a la semana para poder mantenerlos a todos.
Existe un grave riesgo de accidente por cuanto las instalaciones están cubiertas de vidrios como son los salones, la cafetería, instalaciones que se construyeron para atender a jóvenes y personas mayores como centro de educación técnica, y que por ser niños podrían resultar cortados o heridos con un vidrio por la inquietud de ellos mismos al empujar a un compañero como es acostumbrado en el juego.
8.- Según lo manifestado por las directivas del Colegio, las autoridades se comprometieron ante los padres, la comunidad y los líderes que mientras esto pasaba se traerían casetas, lo que tampoco es aceptable para ellos ya que esas casetas no son aptas cuando hay temperaturas variables en especial en tiempo de verano. Lo que si es que las únicas casetas que instalaron allí fueron unas de POSTOBON tal y como se prueba en las fotografías.
9.- Padres de familia y las misma directivas del Colegio han denunciado estas irregularidades ante medios de comunicación tanto en Radio y Televisión como lo fue con CityTv la semana anterior pero no se vé ninguna solución al respecto. ( PARA LO CUAL SU DESPACHO PUEDE PEDIR LOS ARCHIVOS FILMICOS)
Lo que ha generado que como Fundación sin ánimo de lucro acuda ante su despacho para que se tutelen los derechos de las niñas y niños de ésta institución, por violación al derecho a la educación, a la seguridad y la tranquilidad, COMO MECANISMO TRANSITORIO PARA EVITAR UN PELIGRO IRREMEDIABLE por una posible caída de las vigas y las planchas de concreto que sin duda llevan mas de 25 años en total abandono y de construidas.
10.- Estas circunstancias fueron puestas en conocimiento del señor Alcalde Local de Usaquen y de los Ediles de la Junta Administradora Local, al igual que de las autoridades del CADEL, pero el decir de algunas de ellas era que nosotros estábamos en contra de la educación de los niños, por pedir de una parte que primero se debería construir aulas y el acuerdo era ese, desde el mes de septiembre de 2010, cuando nos dijeron que ya estaban los recursos listos por mas de CINCO MIL MILLONES DE PESOS, lo que resulto ser falso de toda falsedad como dicen por ahí.
11.- Se hace necesario señor Juez, que su despacho ordene una visita de inspección ocular, para que tenga certeza que allí se están violando derechos fundamentales de los menores, como son a la educación y a la seguridad, por el tema de no tener un espacio digno como se lo merecen los menores, inclusive donde pueden recibir infecciones y enfermedades por cuanto los niños deben recibir clases sobre la maleza y que cuando llueve o hace calor no tienen donde refugiarse
12.- Si bien es cierto, que algunos tutelados pueden alegar que no me asiste interés en el tema, es imperioso señalar que tal y como lo hemos hecho en otras oportunidades y haber creado o fundado la Fundación que presido, lo hago como un ciudadano mas que ha recibido las quejas y las preocupaciones de padres de familia y vecinos del sector, que no pueden creer lo que han visto con estos estudiantes y que ni siquiera en los sitios o municipios donde hubo inundaciones pasa esto, y mas cuando estamos en la ciudad capital de la nación como es Bogotá, donde se debe dar prioridad a los niños antes de seguir invirtiendo muchas veces en infraestructuras o pavimentos los cuales son cuestionados por detrimento y malos manejos de recursos públicos.
13.- Reitero que estas circunstancias se le previnieron a las autoridades tanto Distritales como Locales e inclusive al Concejo de Bogotá quien ha guardado silencio sobre el tema. De igual forma a la personera local, que si bien es cierto dice haber hecho gestión y visita no se han visto los resultados para superar la emergencia.
Entonces cabe preguntarnos que tipo de educación y de qué calidad se le da a estas niñas y niños cuando ni siquiera tienen aulas suficientes, mucho menos profesores, y lo mas importante las ayudas auditivas y biblioteca…?
Por tal motivo acudimos a su despacho para que haciendo uso de la ACCION DE TUTELA su señoría como Juez constitucional ordene tutelar los derechos de estos menores de estratos bajos, para que no sigan mendigando una educación que por obligación debe garantizarles el estado en cabeza de sus gobernantes.


NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS
Además de los derechos fundamentales a la Educación, allí se está poniendo en riesgo la seguridad personal de los estudiantes, y la salud ya que los niños deben gozar de un buen ambiente para recibir educación, y que no se puede alegar la falta de recursos porque para ello es que pagamos impuestos los bogotanos, y en especial para que se garanticen y se prioricen los derechos de los niños.

CONSTITUCION POLITICA: EDUCACION


ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.
PRETENSIONES
Con fundamento en los hechos relacionados, solicitud del señor Juez disponer y ordenar a la parte accionada y a favor de los menores estudiantes del Colegio General Santander lo siguiente.
Tutelar el derecho fundamental a una educación digna, con todos los elementos necesarios para recibirla, que se garantice además el derecho a la seguridad y salud por los hechos antes mencionados en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 Horas se hagan los correctivos y con ello evitar un perjuicio irremediable en contra de los niños de esta institución educativa del Distrito Capital.
PRUEBAS
Como tales solicito se tengan los hechos antes mencionados, las fotografías que sirven como prueba fundamental, y de otra parte la existencia y representación legal de la Fundación tutelante.
-Ruego a su despacho si su señoría lo considera efectuar inspección o visita al predio donde actualmente están los niños con un horario de clases de 7 am a 12m en la Calle 159 número 8-56 de Bogotá.
- Se ordene citar al señor Alcalde Local de Usaquén y a las directivas del Colegio, a la señora Coordinadora del CADEL USAQUEN, y a la presidenta de la Junta Administradora Local para que informe a su despacho cuáles fueron los compromisos adquiridos para que los niños fueran trasladados a éste sitio. Lo anterior si así lo decide su despacho.
- Se ordene oficiar o citar al Director de Noticias de City Tv para que allegue el material fílmico de la crónica hecha la semana anterior sobre el hacinamiento y falta de elementos y aulas para que los niños puedan estar allí en el predio otorgado para ellos objeto de Tutela.
Manifiesto bajo la gravedad del Juramento que no he iniciado acción alguna por el mismo tema, y que el único interés que me asiste es el bienestar de los niños de esa institución educativa y que no se justifica que estén allí en esa situación tan degradante….
NOTIFICACIONES
SEÑOR ALCALDE MAYOR DE BOGOTA Y SECRETARIO DE EDUACION en el PALACIO LIEVANO ubicado en la CARRERA 8 No. 10-65 de Bogotá.
AL SEÑOR ALCALDE LOCAL DE USAQUEN Sr. JUAN PABLO CAMACHO en la CRA. 6 A No. 118-03 de BOGOTA.
A LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUEN EN LA CALLE 120 A No. 9-05 de Bogotá.
Al suscrito como representante legal de la FUNDACION COMUNITARIA LIDERES EN ACCION FUNDACOM en la Secretaría de su desapcho o en la Cra. 8 G Bis No. 159 B-73 of. 201 de Bogotá con teléfonos 4805263 y 3102340736
DEL SEÑOR JUEZ
Atentamente,

ORLANDO AMOROCHO CHACON
c.c. 19.494.198 de Bogotá
Representante Legal FUNDACOM

-NOVIEMBRE 20 DE 2010

Tribunal Superior de Bogotá tumba multa por exceso de Velocidad -Ordenan, mediante un fallo de tutela, dejar sin valor y sin efecto la sanción impuesta a una conductora. -EL TIEMPO.COM -
En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de Bogotá, dejó sin efectos las sanciones impuestas a una conductora de un vehículo particular por supuestamente violar los límites de velocidad.
El Tribunal, al fallar en favor de la señora Libia Mery Rodríguez una acción de tutela que interpuso contra el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, sede operativa de La Calera, no solo dejó sin piso esas sanciones, sino que le hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio por hacerle el quite a una Ley que está vigente hace más de dos años, y porque se está pasando por la faja lo aprobado sin una razón válida, pues las multas que se han venido imponiendo están sustentadas en un artículo de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito CNT), que dejó de existir al entrar a regir la Ley 1239 de 2008.
Al tutelar el derecho fundamental al debido proceso, el Tribunal acogió la petición de la accionante, a quien le fue impuesto un comparendo por transitar a 95 kilómetros por hora en un tramo de la vía Bogotá-Tunja.
Y le ordenó el pasado 7 de octubre al Ministerio y a la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, "que dentro de un término de 48 horas contadas a partir de la presente decisión, deje sin valor y efecto la sanción impuesta". (Ver 'Un desafuero injustificable').
Desde que entró a regir la ley 1239, el 25 de julio de 2008 y hasta el pasado 7 de octubre, en el país han sido sancionados más de 240 mil conductores por la misma causal.
Y aunque, según explicaron expertos a Vehículos, el efecto de la decisión que tomó el Tribunal solamente beneficia a la persona que interpuso la tutela, éste podría ser el camino para que otros afectados se beneficien de la decisión, si la Corte Constitucional unifica su jurisprudencia mediante la selección de este caso y otros que existan.
--------
Velocidad Tutela Nov. 20
'Un desafuero injustificable'
Están imponiendo multas con base en una ley que no está vigente.
El Tribunal Superior de Bogotá no aceptó el argumento del Ministerio de Transporte, según el cual, la acción de tutela "no es el mecanismo idóneo para discutir la validez de la sanción impuesta"; ni tampoco el de que la accionante "equivoca la interpretación de la norma".
En su respuesta al Tribunal, el Ministerio insistió en que los límites vigentes son los que contempla el artículo 107 de la ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito), y no los que se aprobaron en el 2008 a través de la Ley 1239.
Pero el Tribunal, en esta sentencia, les dio cátedra a los funcionarios de esa cartera señalar que, "...de la revisión detallada del proceso administrativo contravencional se puede constatar que el argumento jurídico utilizado por el funcionario que impuso la sanción a la accionante, es desacertado, con el agravante incluso de que la norma invocada no se encuentra vigente en nuestro ordenamiento del Código Nacional de Tránsito, por cuanto pretender edificar la sanción contravencional con base en el artículo 107 de la Ley 769 es un desafuero injustificable".
Entonces, para el Tribunal es claro que el artículo 107 de la Ley 769 (CNT), fue "modificado" por la Ley 1239 de 2008 y deja sin piso la posición del Ministerio y de las autoridades de Tránsito, según la cual los nuevos límites de velocidad solamente entrarían a regir una vez se reglamentara la Ley 1239. Esto, agrega el tribunal, no es más que "la infortunada interpretación jurídica" que están haciendo de Ley.
"No resulta acertado dentro del orden jurídico vigente pretender excepciones a la vigencia y obligatoriedad del cumplimiento de las leyes que han surtido el trámite establecido en la Constitución Nacional, fuera de las que la misma ley establece, y por lo tanto, son imperativas en su acatamiento para todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional", dice en la sentencia el Tribunal.

La ley 1239 está vigente fue sancionada y publicada en el diario oficial
En su fallo, la Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, ratificó que la Ley 1239 que permitió aumentar los límites de velocidad está vigente. "La vigencia de las normas en principio se entiende desde el momento de su promulgación en el Diario Oficial, que para el caso en concreto de la ley 1239 ocurrió el 25 de julio de 2008 en el Diario Oficial No. 47061, sin que prevea excepción alguna a su entrada en vigencia, como pretende hacer ver la entidad accionada", en este caso el Ministerio de Transporte.

La velocidad máxima permitida es 120 kph
Partiendo de la base de que la Ley 1239 de 2008 modificó el artículo 107 de la ley 769, el tribunal Superior de Bogotá señaló que, "contundente resulta que la velocidad máxima permitida en carreteras nacionales y departamentales no es otra que la de 120 kilómetros por hora, y no la inconsecuente idea del límite de 80 kph que establecía la norma modificada y por lo tanto no existente en la vida jurídica de la Nación".
Y agrega: "El hecho de que las autoridades pertinentes -Ministerio de Transporte o Gobernaciones- no hayan dado cumplimiento, a esta fecha, a su deber constitucional y legal de reglamentar el tema de los límites de velocidad, como lo ordena el artículo 2 de la ley 1239, no es razón suficiente para justificar la vigencia ultra-activa de la ley derogada su omisión ni para que la autoridad policiva asuma llenar el vacío y reviva normas a su arbitrio, facultad que no poseen, y no podrán poseer en estricto cumplimiento de los postulados de un estado Social Democrático de derecho, como el nuestro".
Más de 200 mil sancionados
La Ley 1239 fue aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente Álvaro Uribe en julio de 2008 y permitió aumentar la velocidad máxima permitida en carreteras nacionales de 80 a 120 kilómetros por hora.
Los vehículos de servicio público de transporte de carga y pasajeros, así como los escolares no podrán transitar a más de 80 kph por esas vías.
Pese a lo ordenado por la nueva ley, las autoridades de tránsito se negaron a cumplirla, argumentado que no estaba reglamentada.
Por esta razón más de 200 mil conductores han sido multados en el país desde el 25 de julio de 2008 hasta hoy.
El 2 de abril del 2009 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en un fallo de segunda y última instancia le fijó al Ministerio de Transporte un plazo de cinco meses para señalizar los nuevos límites de velocidad en el país.
El plazo se venció y solamente hasta comienzos de 2010 se conocieron los estudios técnicos que hizo la Universidad del Cauca que concluyeron que en Colombia no hay vías seguras, ni siquiera las nuevas de doble calzada, para andar a 120 kph, a lo sumo, y con base en las mediciones, las velocidades máximas solo podrían llegar a los 90 o 100 kph.
El 20 de abril pasado, el Ministerio de Transporte expidió la resolución 1384 que le ordenó al Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y al Instituto Nacional de Vías (Invías), proceder a poner en marcha la nueva señalización con base en los estudios técnicos en un plazo de seis meses para las vías en concesión y de un año para las carreteras a cargo del Invías.
El plazo para la señalización y demarcación de las vías concesionadas se venció el pasado 20 de octubre y a la fecha no se ha puesto una sola señal.
Pese al incumplimiento por parte del Estado, hoy se sigue multando a los conductores con base en un artículo que ya no existe en el Código de Tránsito.

CIFRAS
50.705
Comparendos se han impuesto por 'exceder límites de velocidad' en Bogotá desde el 16 de julio de 2008 hasta el 7 de octubre de 2010.
187.906
Comparendos se han impuesto en vías nacionales entre el 16 de julio de 2008 y el 7 de octubre de 2010.

Por robo en su casa, vecino demandó al conjunto residencial donde vive

-CRONICA DE EL TIEMPO-


Los copropietarios de unas casas, ubicadas en el norte de Bogotá, están indignados por esta demanda y afirman que no van a conciliar.
En un conjunto residencial del norte de Bogotá, el administrador convocó a una asamblea extraordinaria para que los copropietarios decidieran si conciliaban o no con uno de sus vecinos, quien decidió demandarlos porque los ladrones entraron a su casa y le robaron elementos de valor.

El hecho ocurrió en julio del año pasado, pero el pleito sigue. Por una de las ventanas de la vivienda, dice su dueño, entraron a su residencia y le sustrajeron joyas, dinero en efectivo y dos computadores portátiles. Las pérdidas, alega, superan los 100 millones de pesos. Pero también demandó a la empresa de seguridad, que no quiso conciliar.

"Nosotros tampoco lo vamos a hacer. Somos casi un centenar de casas y pagamos $ 260.000 de cuota de administración y más del 60 por ciento de ésta va para seguridad. Cada dueño debe responder por lo suyo y adquirir un seguro contra robo", afirma uno de los copropietarios.

Cuando se desconoce el autor del hurto, la responsabilidad de la empresa de vigilancia debe ser determinada por un juez, siempre y cuando éste compruebe que hubo descuido o abandono del lugar del trabajo por parte de alguno de los vigilantes o que uno de ellos participó en el hurto, afirma Germán Molano, presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal de Bogotá.

"Las empresas de vigilancia y seguridad privada no son seguros y están contratadas para disminuir un riesgo, pero no necesariamente para evitarlo", señala el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Luis Felipe Murgueitio.

Cuando la empresa de vigilancia va a prestar un servicio, dice, tiene la obligación de hacer un estudio de seguridad física sobre el sitio que va a cuidar y le dice a la administración qué necesita para ello. Si la asamblea, agrega, contrata un protocolo de seguridad más barato que el sugerido por la empresa de seguridad, la responsabilidad de esta última se va 'diluyendo'.

En la contratación de la empresa de vigilancia es igual de responsable el copropietario como la administración. La Superintendencia podría sancionar a la entidad de seguridad por haber prestado un servicio de forma inadecuada, mas no determinar su responsabilidad en un hurto.

"El ciudadano debe asegurar sus propios bienes y tomar medidas de autoprotección. La seguridad privada responde por las áreas comunes, no puede cuidar de la puerta para adentro", reitera el Superintendente.

¿Cuándo responde el conjunto?

"El conjunto a priori no responde por bienes privados. La persona jurídica de la propiedad horizontal sólo administra, cuida, vigila, conserva y responde por los bienes comunes. El conjunto responde sólo cuando el juez civil lo determine", señala Molano.

Según la abogada inmobiliaria Nora Pabón, si se demuestra que se contrató a una empresa de vigilancia que era ilegal o que no cumplía requisitos, podría estar comprometido el administrador.

"Si, por ejemplo, faltaba luz o vigilancia en determinada zona, poner una reja más alta, instalar cámaras o tener a un vigilante más y la asamblea no se reunió para definir esto o los copropietarios no dieron la cuota necesaria, habría responsabilidad de la persona jurídica, ya sea de la administración o del edificio de propiedad horizontal", indica.

El conjunto no puede asumir responsabilidades si en el hurto no participó ninguno de sus empleados. En la conciliación, el administrador se puede negar a las pretensiones del presunto afectado, aunque siempre debe acudir a la asamblea general de copropietarios para que sean ellos los que decidan sobre dichas pretensiones.

ACUERDO LOCAL PARA ADULTOS MAYORES QUE NO HA PUESTO A FUNCIONAR EL ALCALDE LOCAL DE USAQUEN


ACUERDO LOCAL 006 DE 2007

(Noviembre 16)

Por medio del cual se crea el Consejo Local del Adulto Mayor de Usaquén.

LA JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL DE USAQUÉN

En uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las conferidas por el decreto ley 1421 de 1993, acuerdo local 002 de 2.003 reglamento interno y en general por las demás normas concordantes y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Ley 1421 de 1.993 en su artículo 76. Establece: "Proyectos de Acuerdo. Pueden presentar proyectos de acuerdo local los ediles, el correspondiente alcalde y las organizaciones cívicas, sociales y comunitarias que tengan sede en la respectiva localidad. También los ciudadanos conforme a la respectiva ley estatutaria".

Que son las personas adultas mayores a quienes debemos las enseñanzas, experiencias, y en especial el respeto por las costumbres y actividades que hicieron posible el desarrollo de nuestras familias y la sociedad, por lo que debemos retribuirles de alguna forma lo que hicieron por nosotros.

Que es necesario trazar derroteros claros en la promoción de los proyectos que propendan por una mejor calidad de vida de los adultos mayores en la localidad de Usaquén, en las políticas con diferentes actividades deportivas, lúdicas, y culturales en favor de ellos.

Que es necesario para una mejor calidad de vida fortalecer los grupos de los adultos mayores en todas las UPZ de la localidad, en sus barrios y en los conjuntos residenciales por intermedio de la Junta Administradora Local, la Alcaldía Local y las Juntas de Acción Comunal, brindando y promoviendo en los escenarios comunales y lúdicos de la localidad.

Que se considera necesario para el crecimiento de calidad de vida, intelectual, cognitiva y física de las personas mayores adultas de la localidad, brindar por parte de las autoridades locales, el respaldo, apoyo con herramientas para ejecutar los programas de fortalecimiento de los adultos mayores de la localidad de Usaquén para colaborar y propender políticas que se encarguen de personas adultas mayores dirigiendo programas a favor de estos.

Que se hace necesario, la creación del Consejo Local del Adulto Mayor de Usaquén, para brindar mayor espacio y participación en los diferentes programas enmarcados dentro del plan de desarrollo Distrital y Local.

ACUERDA:

Artículo 1°. Créase el Consejo Local del Adulto mayor en la localidad de Usaquén.

Artículo 2°. El Consejo Local del adulto Mayor tiene como misión acompañar las políticas públicas locales y Distritales en la localidad y los demás temas que se relacionen.

Artículo 3°. El Consejo Local del adulto Mayor será una organización que privilegia la participación comunitaria comprometida en la búsqueda de promoción y actividades de desarrollo para personas adultas mayores, teniendo en cuenta la diversidad de estrato social, genero, religión y cultura dentro del territorio de la localidad de Usaquén.

Artículo 4°. El Consejo Local del Adulto mayor estará integrado por:

Miembros permanentes e invitados especiales:

Serán Miembros permanentes:

1. El Alcalde local o su delegado.

2. Un Edil de la Junta Administradora Local.

3. Un representante de cada una de las UPZ de la localidad, elegido democráticamente por los grupos de los adultos mayores existentes en cada una de ellas mayores de 55 años. Reglamentado por el Decreto Local 01 de 2008

4. El Subdirector local para la integración social o su delegado.

5. El Gerente del hospital de Usaquén o su delegado.

6. Un representante delegado del CADEL (Consideramos necesario que el CADEL esté dentro de los miembros permanentes por los proyectos de capacitación y validación del bachillerato para el adulto mayor que se manejan desde la localidad de Usaquén)

7. Un representante delegado del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. (IDPAC)

8. El coordinador local del SENA o su delegado.

9. El Coordinador zonal del Instituto colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.

10. El representante del IPES

Serán invitados especiales:

1. Un representante de la Policía Nacional - comando E1 de Usaquén.

2. Un representante del Ejercito Nacional, y,

3. Las personas naturales o jurídicas que el consejo local del adulto mayor considere pertinente.

Los invitados especiales tendrán voz pero no voto.

Artículo 5°. El Consejo Local del Adulto Mayor, se reunirá ordinariamente cada mes y extraordinariamente cuando sea necesario.

Artículo 6°. La duración de cada periodo del consejo local del Adulto mayor será de dos años.

Artículo 7°. FUNCIONES. El Consejo Local del adulto Mayor tendrá las siguientes funciones:

1. Presentar propuestas al Consejo Local de Planeación sobre los temas de su interés para la elaboración del Plan de Desarrollo Local de Usaquén.

2. Coordinar acciones con las instituciones locales distritales y nacionales en temas de su naturaleza.

3. Asesorar a cualquier ciudadano en la presentación de los proyectos de su interés en la localidad.

4. Gestionar recursos públicos o privados nacionales e internacionales para impulsar y desarrollar los programas sociales y recreativos de su interés en la localidad.

5. El consejo local del adulto mayor actualizará el censo de los adultos mayores en la localidad así como el de los que se beneficien con los programas del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y los del orden distrital, siendo veedores de los diferentes proyectos.

PARÁGRAFO. El Consejo Local del Adulto Mayor reglamentará su funcionamiento.

Artículo 8°. La Alcaldía Local de Usaquén dentro de los dos (2) meses de sanción del presente acuerdo, reglamentará la elección de un representante de los adultos mayores de 55 años por UPZ, de conformidad a lo establecido en el artículo 4, numeral 3 del presente acuerdo.

Artículo 9°. El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Expedido en Bogotá, D.C., a los 16 días del mes de noviembre de 2007

Aprobado en primer debate el día 18 de septiembre de 2007

Aprobado en segundo debate el día 20 de septiembre de 2007

Objeciones aprobadas el día 22 de octubre de 2007 comisión de Bienestar Social y Salud.

Coautor: ORLANDO AMOROCHO CHACÓN

Ponentes:

LUIS ALFONSO VILLAMIL ponencia POSITIVA

ÓMAR ALFREDO CÁRDENAS ponencia SUSTITUTIVA

OLGA LUCÍA SERRANO FALLA

Presidente JAL

ANA MARÍA PAREDES

Presidente Comisión Bienestar Social y Salud

MARTHA EUGENIA BOTERO TERREROS

Alcaldesa Local de Usaquén

NOTA: Publicado en el Registro Distrital 3876 de noviembre 19 de 2007.

 

Ordenan al Distrito suspender el cobro del impuesto al deporte y la cultura
La orden suspende el cobro que actualmente se hace a través de la factura telefónica.
La medida fue adoptada en el marco de una acción popular que se tramita en el Juzgado 18 Administrativo del Circuito de Bogotá. La jueza Gloria Mercedes Jaramillo consideró que existe una vulneración clara de los derechos colectivos de los consumidores y usuarios y por eso ordenó, a través de una medida cautelar, que se suspenda el cobro.

Según este despacho, tal contribución figuraba dentro de un conjunto de normas que fueron derogadas por el acuerdo 90 de 2003. La jueza aceptó el argumento del demandante Herman Gustavo Garrido, de que por esa razón el impuesto es ilegal.

La decisión del juzgado cita, incluso, un fallo previo del Consejo de Estado, en el año 2007, en el que advierte que el recaudo, creado por el acuerdo 3 de 1967, había sido derogado por normas posteriores.

El impuesto se cobra a favor de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que en 1967 nació como el 'Fondo de Desarrollo Popular Deportivo y de Cultura del Distrito Especial de Bogotá' y que en 2003 se convirtió en el 'Fondo Cuenta Distrital de Fomento y Desarrollo del Deporte', por medio del acuerdo 90. Hoy es la Secretaría de Cultura. Recreación y Deporte.

La Secretaría de Hacienda, a través de su dirección de impuestos, afirmó que no se pronunciará sobre el tema hasta tanto se le notifique formalmente esta medida cautelar y sus alcances

Procuraduría dice que condena a médico por negarse a practicar aborto es ilegal
La considera una "manifiesta violación de los derechos fundamentales a la justicia, a la igualdad y al debido proceso".

El caso es el del médico Germán Arango Rojas, que fue suspendido por el Tribunal de Ética Médica y obligado a indemnizar a una menor a la que no se le realizó un aborto a pesar de que cumplía con las condiciones impuestas por la Corte Constitucional para realizar dicho procedimiento.
Según la Procuraduría, el doctor no tuvo la oportunidad de defenderse y fue condenado en abstracto. Dice que el médico solo vio una vez a la niña, que es discapacitada y fue abusada sexualmente.
El procurador Alejandro Ordóñez pretende ahora que la Corte revise una de sus propias tutelas, la T-946 de 2008, pues dice que la misma le viola derechos básicos al galeno. También aclara que "por estos mismos hechos, el Ministerio Público adelanta acciones para amparar los derechos fundamentales de la madre discapacitada y de su hijo dado en adopción".


LAS PERLAS Y LOS MICOS DE LA REFORMA AL CODIGO DE TRANSITO:


La ley 1386 de marzo 16 de 2010 dice que los alcaldes y gobernadores pueden llegar a acuerdos con los deudores hasta diciembre 31 de 2009 y quitaron el grado de embriaguez grado uno ..Podemos tomarnos unas polas y manejar. Si el código lo promulgan el 16 de marzo de 2010 cómo puede ser que den plazo para negociar hasta diciembre 31 de 2009, tendrá que ir a la corte constitucional para que lo adecuen, o regresar al congreso, pero si las autoridades lo aplican así interpretando que es hasta diciembre de 2010 pueden estar en un prevaricato...

Divorcio no es causa para desafiliación en salud, señala fallo de la Corte Constitucional


Según el alto tribunal, las EPS deben tener en cuenta que ninguna persona puede ser retirada de un momento a otro del sistema.


"En ningún evento puede una EPS desafiliar abruptamente a un usuario, ya sea cotizante o beneficiario", así se trate de casos en que exista una separación o divorcio de por medio.

Esta fue una de las conclusiones a las que llegó la Corte Constitucional al fallar una tutela en la que dos mujeres reclamaron que dos EPS las retiraron del sistema de salud por petición de sus ex esposos. Esto, pese a que estaban en tratamientos.

El alto tribunal consideró que "mientras no se profiera sentencia judicial o se pacte un acuerdo entre las partes, en el que se disponga lo contrario, no se ha perdido el derecho a acceder al servicio de salud como beneficiario".

La Corte señaló que antes de desafiliar a un beneficiario, las EPS deben tener en cuenta que ninguna persona puede ser retirada de un momento a otro del sistema y menos si está en tratamiento y no puede cancelar las cuotas.

En el caso de separación de bienes y de cuerpos, las EPS deberán pedir el acta de escritura pública o la sentencia para corroborar si se acordó independencia entre los cónyuges, respecto a obligaciones alimentarias. Lo mismo deberá hacer en casos de divorcio.

"Si se pactaron disposiciones sobre el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en favor del cónyuge dependiente, en este caso deberá seguir afiliado. Pero si en la sentencia de divorcio no se dispuso la trascendencia del deber de alimentos, podrá ser desafiliado, siempre y cuando no se compruebe la existencia de un tratamiento a una enfermedad adquirida con anterioridad", concluye la Corte.

 

PROYECTOS DE LEY QUE CURSAN EN EL CONGRESO SENADO Y CAMARA DE AUTORIA DEL SENADOR LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA, LOS CUALES FUERON ELABORADOS POR EL DIRECTOR DE ESTE MEDIO COMO ASESOR DE LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA....

 

ËSPERAMOS SUS COMENTARIOS

 

PROYECTO DE LEY  No.303-2009 SENADO

 POR EL CUAL SE CREA  MI PRIMER EMPLEO SIN EL REQUISITO DE TENER  EXPERIENCIA

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto de la ley.- La presente ley tiene como objeto crear y establecer algunos beneficios parafiscales para los empleadores del nivel público y privado por  la obligación de vincular y tener en su planta de personal  a personas jóvenes entre los 18 y 25 años de edad de estratos 1,2 y 3 ó sisben del mismo nivel,  sin que se les exija el  requisito para su  vinculación  de tener experiencia o de haber tenido un trabajo anterior. El empleador deberá tener en su   planta de personal  un 20%  de jóvenes de las anteriores edades como mínimo.
 
Artículo 2º. Modalidad  del Contrato.-  El contrato de mi  Primer Empleo deberá suscribirse necesariamente a término  indefinido.
 
Artículo 3º. Beneficios para el empleador. Los empleadores que vinculen laboralmente a jóvenes con edades entre 18 y 25 años sin la exigencia de tener experiencia laboral, tendrán como beneficio durante el primer año  de vigencia del contrato,  un descuento del 50%  en el   pago de los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar correspondientes a este empleado.  

Durante el segundo y tercer   año de vigencia del Contrato de mi  Primer Empleo, el empleador tendrá un descuento del veinte por ciento (20%) en el pago de los correspondientes aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y a las Cajas de Compensación Familiar.

Artículo 4º. Aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. A los jóvenes beneficiados con ésta ley, les serán aplicadas íntegramente las normas generales del trabajo, en particular las previstas en el Código Sustantivo del Trabajo.

Artículo 5o. Vigencia . La presente ley regirá a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

 

AUTOR, 

 LUIS FERNADO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Este proyecto de ley tiene como finalidad disminuir el desempleo de los jóvenes quienes muchas veces no encuentran que hacer cuando de una parte cumplen la mayoría de edad y de otra cuando terminan su bachillerato, o su carrera técnica o profesional, pues al ir a solicitar un empleo siempre se les exige experiencia para el cargo.

Muchos de ellos, se ven obligados a ingresar a lo que conocemos como pandillas, o a organizaciones como expendios de drogas, bandas organizadas   para cometer cualquier clase de delito  con el fin muchas veces de conseguir el sustento diario y apoyar a sus padres y hermanos quienes viven en la miseria.

Nuestros jóvenes mujeres y hombres de los estratos 1,2 y 3  ò del mismo nivel de sisben, muchas veces por no tener un empleo no pueden ingresar a las instituciones de educación superior o técnica, y quienes no han podido  a estas edades terminar su bachillerato no lo pueden hacer por carecer igualmente de recursos.                                 

 

Con el presente proyecto de ley se propone reducir La carga laboral, descontando al empleador un porcentaje de los aportes parafiscales destinados al Sena, al Instituto Colombiano de Bienestar y a las Cajas de Compensación Familiar, correspondientes al empleado contratado bajo la modalidad de primer empleo .

Este proyecto se fundamenta en varias normas constitucionales. En primer lugar, el preámbulo de la Constitución Política consagra como uno de los fines de la Constitución el de asegurar el trabajo a los integrantes del pueblo colombiano.

Se ha previsto en el presente proyecto de Ley, que los beneficios otorgados a los empleadores que vinculen jóvenes con las anteriores características  gozaran de estas reducciones, teniendo en cuenta que sin duda alguna compensará con el tiempo que debe disponer el empleador para la enseñanza  como aprendices.

La finalidad especial de  tener en cuenta  como beneficiarios del  proyecto de ley, a jóvenes de estratos 1,2 y 3 ò  del mismo nivel sisben,  entre edades de 18 a 25 años, es por cuanto sin duda alguna  los jóvenes que hayan cumplido 25 años, de alguna forma ya han tenido algún empleo y de otra parte la mayoría de ellos  ya han terminado alguna carrera sea técnica o profesional.

Por lo anterior considero que es un proyecto que beneficia a un gran nùmero de jóvenes de nuestro paìs, y que con la aprobación de èste contribuiremos a que nuestros jóvenes tengan una mayor oportunidad de progreso y desarrollo en su vida.

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA .
SENADOR DE LA REPUBLICA

 

PROYECTO DE LEY No.________2.009 CAMARA
 
POR EL CUAL SE CREA EL BANCO DE PROYECTOS DE LEY- LEYES,   ACUERDOS DISTRITALES, MUNICIPALES, LOCALES,  Y ORDENANZAS EN COLOMBIA
El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Objeto,  Objetivos, Funcionamiento
Artículo 1º.- Objeto. El objeto de la presente ley, es crear el Banco de proyectos de Ley, Leyes,  Acuerdos Distritales, Municipales, Locales,  y Ordenanzas  en Colombia.
Creando como tal una central que contenga el historial de las diferentes iniciativas de orden legislativo y administrativo  presentadas ante las diferentes corporaciones públicas mediante un sistema integral de información, ante el  Congreso de la República,  Asambleas Departamentales, Concejos Distritales y Municipales, Juntas Administradoras Locales.
Artículo 2º.- Objetivos del Banco de Proyectos de Ley –Leyes,   Acuerdos Distritales, Municipales, Locales, y ordenanzas en el territorio nacional, es que exista un registro histórico  sobre las diferentes iniciativas de orden legislativo y administrativo que se presenten ante las diferentes corporaciones públicas, por los diferentes Congresistas, Concejales, Diputados y Ediles del país.
Artículo 3º.- Funcionamiento.- En cada Corporación pública legislativa o administrativa, deberá crearse con cargo al presupuesto de cada entidad territorial el Banco de proyectos de Ley,  Leyes,  Acuerdos distritales, municipales, Locales y  Ordenanzas, mediante un sistema de consulta idóneo que registre el historial de cada iniciativa que haya cursado, o curse en cada Corporación pùblica. 
Ante dicho Banco, deberá radicarse la respectiva iniciativa, indicando el número del proyecto, comisión que conoce del debate, tema de la iniciativa, autor del proyecto o iniciativa, y por último se deberá indicar si la misma fue archivada o se convirtió en ley, acuerdo, u ordenanza.

De igual forma en dicho registro se tendrá en cuenta las modificaciones, como adiciones, modificaciones, o revocatorias.
Cada Corporación en el país deberá implementar los mecanismos para que los ciudadanos tengan acceso fácil de consulta mediante el sistema de Internet, que facilite la consulta por tema y que de igual forma puedan opinar sobre las iniciativas presentadas y que se encuentren en curso para sus respectivos debates.
Artículo 4º. Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean  contrarias.

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
Senador de la República

EXPOSICION DE MOTIVOS

 Colombia es un país democrático, donde los Colombianos eligen mediante voto popular a Senadores, Representantes a la Cámara, Diputados, Concejales y Ediles.
La representación democrática de los ciudadanos se ve reflejada en la elección de miembros de las diferentes Corporaciones públicas, las cuales son de orden legislativa  como son el Honorable Congreso de la República, y las demás de orden administrativa.
La creación del Banco de proyectos de leyes, Leyes,  Acuerdos Distritales, Municipales y Locales, y  Ordenanzas   es importante para tener un registro histórico de las diferentes iniciativas presentadas por Senadores, Representantes, Concejales, Ediles, y  Diputados en cada Corporación Pública.
En la actualidad en la mayoría Corporaciones públicas del país, comenzando por el Senado de la República y Cámara de Representantes no existe un centro de información donde se indique si sobre un tema determinado cursa, o cursó alguna iniciativa que no ha sido convertida en ley, ó si la misma fue presentada y archivada, de igual forma sucede con iniciativas a nivel de Concejos y Juntas Administradoras Locales a nivel distrital y municipal, de igual forma a nivel de las Asambleas Departamentales.
La justificación que exista en cada Corporación pública de orden legislativo y administrativo, un banco de de leyes, acuerdos, y ordenanzas, es tener un  registro de cada iniciativa, por temas, autoría de cada iniciativa, si fue aprobada y convertida en ley, acuerdo, u ordenanza, o si por el contrario la misma fue archivada, modificada, o revocada.

Con ésta ley, hará más fácil el control histórico sobre iniciativas cursadas, aprobadas, y con ello se evitará que sobre el mismo tema se presenten iniciativas que muchas veces cursan en diferentes  comisiones de Cámara y Senado.
Para el caso del Congreso de la República, formará parte ésta ley, del tema de modernización y sistematización  dándole a los diferentes parlamentarios mecanismos rápidos de consulta, para presentación de iniciativas, al igual en las demás corporaciones públicas de elección popular en el territorio nacional.
Una  principal justificación de éste proyecto de Ley, es que por no existir un historial de iniciativas, cuando se quiere legislar sobre un tema determinado, no existe información al respecto y el único mecanismo de consulta son las páginas de información de Internet, pero allí únicamente aparecen las últimas leyes sancionadas y publicadas, mas no las que están en curso  y las diferentes iniciativas que fueron debatidas y no se convirtieron en leyes. De igual forma sucede en las demás Corporaciones Públicas,  por lo que  se hace necesario la creación de éste Banco, como medio informativo.
De igual forma en el proyecto se propone, que mediante un sistema el ciudadano se entere y participe del proyecto en curso, ya sea ante el Congreso, Concejos Distritales, Municipales, Juntas Administradoras Locales, y Asambleas Departamentales, además se podrá conocer de primera mano las iniciativas presentadas por cada uno de los miembros de las diferentes corporaciones públicas de elección popular.   
Por lo anterior solicito a los Honorables Representantes dar trámite a éste proyecto, ya que el único propósito de esta ley es contribuir a que en  las diferentes Corporaciones Públicas de Elección popular exista este banco de  información por ser Colombia un país de Leyes y que muchas veces los colombianos no tienen conocimiento de lo que se legisla a favor de ellos.

LUIS FERNANDO DUQUE  GARCIA
Senador de la República  

 

PROYECTO DE LEY No.302-2.009 SENADO

“ POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN LOS CONSEJOS DISTRITALES, MUNICIPALES Y LOCALES DEL ADULTO MAYOR COMO MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA EN COLOMBIA”
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPITULO I
Objeto,  Objetivos, Funcionamiento
Artículo Primero.- Objeto. El objeto de la presente ley, es crear los  CONSEJOS DISTRITALES, MUNICIPALES, Y LOCALES del Adulto Mayor como mecanismos de participación ciudadana e instancia consultiva frente a cada administración en Colombia, teniendo en cuenta la diversidad de estrato social, género, religión y cultura.
Artículo Segundo.- Elección.  Los Consejos Distritales, Municipales, y Locales del Adulto Mayor, serán elegidos mediante elección popular con personas mayores de cincuenta y cinco (55 años) de acuerdo a la reglamentación que expida el correspondiente alcalde, por un periodo de dos años.
PARAGRAFO 1º.- Los Consejos de Adulto Mayor tendrán un número determinado de integrantes, para lo cual los Consejos Distritales, Municipales y las Juntas Administradoras Locales de acuerdo a sus competencias,  podrán crear mediante acuerdo el número de integrantes al Consejo teniendo en cuenta la división territorial, al igual tendrán en cuenta la participación de habitantes de UPZ Unidades de Planeación Zonal donde existan, comunas, veredas  y corregimientos al correspondiente Consejo.
Artículo Tercero.-   Objetivos de los Consejos de Adulto Mayor. Son  objetivos de los Consejos de Adulto Mayor los siguientes:
1.- Fomentar y desarrollar en el respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, políticas y programas para los adultos mayores ante las respectivas autoridades a nivel Distrital, Municipal, Local, Departamental, Nacional y Organizaciones Internacionales.
2.-   Desarrollar en conjunto con la administración territorial correspondiente, programas para el adulto mayor en cultura, deportes, bienestar social, educación, proyectos de productividad, salud e infraestructura y desarrollo.
Artículo Cuarto.- Funciones.  Son funciones de los Consejos del Adulto Mayor las siguientes:
1.- Gestionar recursos públicos o privados nacionales e internacionales para impulsar y desarrollar los programas sociales y recreativos de su interés.
2.- El Consejo del Adulto Mayor actualizará el censo de los adultos mayores en el respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, así como el de los que se beneficien con los programas de los diferentes entes gubernamentales.
3.- Servir de Instancia veedora frente a los recursos y programas  destinados a los adultos mayores.
4.- El respectivo Consejo del Adulto Mayor reglamentará su funcionamiento, para lo cual el respectivo alcalde lo garantizará con espacios para sus sesiones.
De igual forma el Consejo del Adulto Mayor, podrá utilizar las instalaciones como salones comunales, casas de la cultura, escuelas y colegios públicos, previa coordinación y autorización para el desarrollo de actividades en beneficio del adulto mayor. Para esto el respectivo alcalde apoyará en lo referente.
5.- Nombrar un presidente, un Vicepresidente, y un Secretario dentro de su seno,  los cuales serán elegidos para un periodo de un año.
6.-   Cada Consejo del Adulto Mayor deberá informar a los que conforman el censo de adultos mayores en su respectivo distrito, municipio, localidad o comuna, mínimo dos veces al año, las labores desarrolladas en favor de estos.
Artículo Quinto.- Funcionamiento.-  Los Consejos de Adultos Mayores, serán presididos por el respectivo alcalde o su delegado, además de los miembros que conforman cada Consejo, al mismo en sus cesiones deberán asistir:
- El Alcalde o su delegado quien lo presidirá
- Un representante del respectivo Concejo ó de la Junta Administradora Local.
-  El director del Bienestar Social, y del  Instituto Colombiano de Bienestar Familiar si los hay.
-  El Gerente o Director del respectivo Hospital zonal.
-  El comandante de la Policía Nacional zonal.
-  El representante del Ministerio Público
-  El representante del SENA
-  Los demás representantes o directores de instituciones que el Consejo considere necesario invitar para sus cesiones.
PARAGRAFO 2.- La inasistencia a las sesiones del Consejo de los anteriores miembros y a quienes invite la mesa directiva, incurrirán en causal de mala conducta.

PARÁGRAFO 3.-  En los Distritos, Municipios, Localidades,  donde se hayan creado los Consejos de Adulto Mayor, deberán adecuarlos a la presente ley en todas sus partes.

Artículo Sexto.- Esta Ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le sean  contrarias.
AUTOR,

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
Senador de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Este proyecto de Ley tiene como finalidad, fomentar la participación ciudadana en especial la del adulto mayor como instancia de participación ante las administraciones distritales, municipales,  y locales, mediante la creación de los Consejos de Adulto Mayor.
“Que son a las personas adultas mayores a quienes debemos las enseñanzas, experiencias,  y en especial el respeto por las costumbres y actividades que hicieron posible el desarrollo de nuestras familias y la sociedad, por lo que debemos retribuirles de alguna forma lo que hicieron por nosotros.”
Se hace necesario crear estas instancias de participación de los adultos mayores mediante los Consejo de Adultos Mayores, para que participen en la  discusión y creación de políticas  a favor de estos en actividades deportivas, lúdicas, culturales, en proyectos productivos  frente a los planes de desarrollo.
Sin duda alguna con la Creación de los Consejos de Adultos Mayores en Colombia, fortalecerà la participación ciudadana, se darà mayor importancia  a nuestros adultos mayores, que muchas veces por falta de espacios como estos no son tenidos en cuenta, y muchos de ellos al permanecer inactivos en sus casas se deprimen y aumentan la población enferma.
En algunas localidades de la capital de la repùblica, se han creado mediante acuerdo estos consejos de adulto mayor, pero no se la ha dado la importancia  quedando a la voluntad de la administración de turno el cumplimiento de los mismos.
Por lo anterior considero que es un proyecto de Ley que beneficia a nuestros adultos mayores de 55 años en el paìs,  y contribuirà a que tengan a que tengan oportunidad de progreso y desarrollo en su vida.

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA

SENADOR DE LA REPUBLICA

 

PROYECTO DE LEY No. _____________SENADO 

POR LA CUAL SE  MODIFICA  EL ESTATUTO DE NOTARIADO  EN COLOMBIA
EL CONGRESO DE COLOMBIA,
DECRETA:

Artículo 1º.- Objeto de la Ley.-  La  presente ley tiene por objeto, modificar el actual Estatuto  de Notariado  en Colombia,  ordenando al gobierno nacional, implementar los mecanismos correspondientes para evitar que se sigan generando suplantación  de personas al momento de protocolizar escrituras ante los Notarios del país.
Artículo 2º.- Ordénese al Gobierno Nacional, para que en el término de un  año, se sistematice en Colombia mediante medio idóneo  y en línea todo lo referente a las escrituras de propiedades de bienes inmuebles por los respectivos Notarios en el territorio Nacional, indicando nombre del propietario, identificación del mismo, registro de su firma,  huella  y fotografía e identificación del respectivo predio.  
Artículo 3º.- Ordénese  que mientras se da cumplimiento a lo ordenado en el artículo segundo anteriormente mencionado, el Gobierno Nacional deberá  de forma inmediata ordenar a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que los Notarios del país tomen las medidas necesarias para evitar que se sigan suplantando personas con documentos de identidad  falsos,  sin que se esté verificando que las firmas y huellas concuerden con la escritura que  reposa en la última venta  o tradición del inmueble.
Parágrafo.- Si el lugar donde se protocoliza el respectivo acto, es diferente donde reposa el último registro, el Notario que conozca de éste, deberá exigir previo a su protocolización copia auténtica de la última escritura para con ello verificar la autenticidad de los vendedores mediante cotejo de firma y huella, y si estos coinciden deberá registrar en medio idóneo la firma, huella y fotografía del vendedor y comprador.
Artículo 4º. Vigencia.-  La presente Ley rige a partir de su promulgación  y deroga todas las disposiciones que sean contrarias.
Autor:

 

LUIS FERNANDO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA

EXPOSICION DE MOTIVOS

Se hace necesario que mediante ésta Ley, el Congreso de la República  modifique el actual estatuto de Notariado en Colombia, para que éste le dé seguridad jurídica a los Colombianos que son propietarios de bienes inmuebles, y que de la noche a la mañana aparecen como si hubieran vendido los mismos.
En el actual desarrollo del país no es concebible, que no exista un sistema de identificación plena  en red, para que los Notarios puedan  tener certeza de la autenticidad de que quien está protocolizando un acto de venta sobre un bien inmueble sea el verdadero propietario del mismo.
Ante el Patrimonio Económico  la Fiscalía General de la Nación Unidad de Delitos Contra la Administración Pública  y a diario se  instauran denuncias por la suplantación de  los  propietarios de bienes inmuebles  que de forma fraudulenta acuden ante los Notarios del país a protocolizar la venta de bien inmueble, para ello  consiguen un Certificado de Registro de Instrumentos públicos  el cual es adquirido ante la respectiva oficina de registro con la dirección del predio, una vez el delincuente tiene en su poder el respectivo certificado, consigue una copia de la escritura pública donde se hizo la última protocolización del bien inmueble y allí aparecen los datos del verdadero propietario, con su respectiva identificación,  con estos datos consigue en el mercado negro una cédula con las características del actual propietario, que muchas veces la consiguen por la módica suma de $20.000.00 según las últimas crónicas periodísticas.
Una vez el delincuente tiene en su poder la cédula con los datos del propietario que aparece en  la escritura y certificado de tradición, acude a cualquier Notaría y corre una escritura de venta, el Notario partiendo de la buena fé  por la cédula que le presentan, da Fe pública de la venta del bien inmueble haciendo constar convencido que quien está protocolizando el  acto de venta es el verdadero propietario.
Una vez entregada la respectiva escritura con sus copias, éste hace el trámite correspondiente ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, arrojando como resultado la inscripción de la respectiva venta en el folio de matrícula inmobiliaria.
Con el respectivo Certificado de Tradición, el delincuente busca un crédito por una determinada suma de dinero, ofreciendo como garantía la constitución de Hipoteca sobre dicho bien inmueble.
Cuando el verdadero propietario quiere vender o realizar cualquier acto de hipoteca, o venta cuando  solicita el Certificado de Tradición de su bien inmueble es cuando se da cuenta que el mismo ha sido vendido y han  suplantando su nombre y cédula. Ahí es cuando comienza la odisea para la recuperación de su derecho ante las autoridades competentes que muchas veces se demora mas de cuatro o cinco años, de igual forma lo debe hacer a quien le hicieron la hipoteca por el dinero prestado sobre dicho inmueble.  

En uno de los últimos casos conocidos, se supo de una persona a quien le arrebataron su predio en la localidad de Suba en Bogotá, sobre un casalote que nunca vendió, el verdadero propietario no había renovado nunca su cédula, es decir aún posee la inicialmente expedida cédula blanca, pero los delincuentes consiguieron una cédula de las últimas que se están expidiendo, donde el tipo de sangre es diferente a la del  propietario, la firma no coincide en sus rasgos, la huella a simple vista tampoco se parece, esto comparado con los datos registrados en la última protocolización que se hizo cuando se adquirió el bien inmueble mediante compra.
Los Notarios en su mayoría y así se ve por las diferentes denuncias instauradas ante la  Fiscalía General de la Nación, solo dan fe  de la comparecencia de quien dice ser quien aparece en la cédula sin que se verifique la firma, y huella registrada en el último acto de protocolización.
Muchas veces el delincuente acude a  una  Notaría diferente donde se hizo  el último acto de compraventa, especialmente en aquellas Notarías donde no se toma la fotografía como registro de los comparecientes.
Se debe tener en cuenta Honorables Colegas, que el actual sistema de notariado en muchas notarías aún se emplean equipos rudimentarios como la máquina de escribir, por ello se requiere que el Gobierno Nacional implemente los mecanismos necesarios para brindar seguridad jurídica a los actuales propietarios de bienes inmuebles en el país y compradores, buscando que los Notarios  sean obligados a verificar la autenticidad de las firmas, y huellas tal y como sucede en las oficinas de Tránsito cuando se hace la venta de un automotor, en el cual si no coincide la firma y la huella el respectivo traspaso no es aceptado.
El Gobierno Nacional mediante ésta ley, deberá ordenar la sistematización de los actuales propietarios de bienes inmuebles, mediante un sistema idóneo en línea para que cualquier Notario del país, cuando se presente la protocolización de un acto de venta de bien inmueble, se pueda verificar al ingresar el registro de matrícula inmobiliaria donde deberá aparecer el nombre, identificación y huella del actual propietario, proceso que no es difícil de implementar  tal y como opera con el sistema Financiero Colombiano, cuando se pueden hacer transacciones en cualquier sucursal bancaria  por cuanto la firma, identificación y huella se pueden comparar fácilmente.
Por las anteriores consideraciones y motivos, solicito a los Honorables Senadores  se dé trámite al presente proyecto de ley  el cual contribuirá a que no se sigan engañando y estafando a ciudadanos Colombianos.
Por último debe tenerse en cuenta que el actual Estatuto de Notariado se creó mediante el decreto 960 de 1.970 lo que hace necesario su revisión .

 

LUIS FERNADO DUQUE GARCIA
SENADOR DE LA REPUBLICA

 

Comunicado No. 09 de 26 de febrero de 2010
Por el cual el Alto Tribunal Constitucional del país informa a la Nación sobre la “inexequibilidad” de la Ley 1354 de 2009, que buscaba imponer el “referendo reeleccionista”


Magistrado Juan Carlos Sierra, Presidente de la Corte Constitucional en la Rueda de Prensa

"No son meras irregularidades, son violaciones sustanciales a los principios democráticos"


República de Colombia

Corte Constitucional
COMUNICADO No. 9
Febrero 26 de 2010


EXPEDIENTE CRF-003 - SENTENCIA C-141/10
M.P. Humberto Antonio Sierra Porto


POR MEDIO DE LA CUAL SE DECIDE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1354 DE 2009, DE CONVOCATORIA A UN REFERENDO CONSTITUCIONAL.


1. Texto de la ley objeto de revisión.

Ley 1354 de 2009[1]
(septiembre 8)

Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional.

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

Artículo 1o. El inciso 1o del artículo 197 de la Constitución Política quedará así:

“Quien haya sido elegido a la Presidencia de la República por dos períodos constitucionales, podrá ser elegido únicamente para otro período”.

Aprueba usted el anterior inciso.
Sí: ( )
No: ( )
Voto en Blanco: ( )

Artículo 2o. La presente ley regirá a partir de la fecha de su promulgación.


2. Fundamento de la decisión.

2.1. Control constitucional: alcance de la competencia y parámetro de control.

En ejercicio de la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política, corresponde a la Corte Constitucional realizar el control automático de una ley convocatoria a un referendo constitucional, de conformidad con lo señalado en el numeral 2 del artículo 241 de la Constitución Política.

Al abordar el examen de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009, la Corte Constitucional señala el alcance de su competencia, abocando el estudio tanto del procedimiento de formación de la norma legal en el Congreso de la República como del trámite mismo de la iniciativa legislativa ciudadana. Así, el parámetro normativo para el ejercicio del control de constitucionalidad se halla conformado por los preceptos constitucionales, la Ley 134 de 1994 (Ley estatutaria de los Mecanismos de Participación Ciudadana), la Ley 130 de 1994 (Ley estatutaria de los partidos y movimientos políticos) y las normas legales orgánicas regulatorias del proceso legislativo (Ley 5 de 1992).

Adicionalmente, la Corte Constitucional reitera su jurisprudencia en relación con los límites del poder de reforma de la Constitución, insistiendo en que el poder constituyente derivado tiene competencia para reformar la Constitución, mas no para sustituirla, por lo cual todo cambio en la identidad del texto constitucional implica un vicio de competencia por exceso en el ejercicio del poder reformatorio.

2.2. Principio democrático y formas.

Entre los distintos elementos que configuran toda democracia se encuentra el respeto de los procedimientos formales previstos para el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana. Para la Corte Constitucional, más que meros ritualismos, tales formas están instituidas en garantía de las reglas fundamentales de la democracia representativa y de participación y son componentes sustanciales del principio democrático.

2.3. Vicios en el trámite de la iniciativa legislativa ciudadana.

Al examinar el trámite de la iniciativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 20 09, la Corte Constitucional verificó la ocurrencia de un conjunto de irregularidades vinculadas a la financiación de la campaña en favor de la iniciativa de reforma constitucional. Tales anomalías, vistas en conjunto, configuran una grave violación de principios básicos de un sistema democrático, a saber: la transparencia y el pluralismo político del elector consagrados en los artículos 1, 155, 374 constitucionales y en los artículos 24, 27, 97 y 98 de la Ley 134 de 1994.

(i) En primer término, una organización ajena a la iniciativa -la Asociación Primero Colombia- adelantó gestiones propias de un Comité de Promotores desconociendo los mandatos del legislador estatutario, y en últimas, principios constitucionales. Desde la conformación misma del Comité de Promotores, la Asociación tuvo a su cargo dos labores fundamentales en el manejo de la campaña a favor del referendo: (i) la contabilidad; y (ii) el “manejo de los fondos”. Con apoyo en tan imprecisas tareas, la Asociación Colombia Primero recaudó y administró importantes aportes económicos para financiar la campaña de recolección de apoyos ciudadanos para referendo, recursos que fueron trasladados al Comité de Promotores mediante un contrato de mutuo. Resulta evidente la existencia de unidad de gestión y administrativa, entre el Comité de Promotores de la iniciativa legislativa ciudadana y la Asociación Colombia Primero, dato relevante al momento de examinar la transparencia del proceso de financiación de la campaña de recolección de apoyos ciudadanos, y por supuesto, la vulneración de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación y de la Constitución Política. Se concluyó, por lo tanto, que el Comité de Promotores de la iniciativa se sirvió de una asociación particular, que siempre controló, para adelantar labores que según la ley le eran propias; en concreto, las relativas a la financiación de la campaña para la recolección de los apoyos ciudadanos conducentes al trámite de una reforma constitucional.

(ii) Igualmente se estableció que durante la campaña de la iniciativa legislativa ciudadana que dio origen a la Ley 1354 de 2009, el Comité de Promotores gastó una suma global que supera más de seis (6) veces lo autorizado por el Consejo Nacional Electoral; a eso se añade que recibió aportes individuales superiores hasta casi treinta (30) veces lo permitido, contribuciones éstas realizadas a una organización no facultada para ello por el legislador estatutario, como la Asociación Colombia Primero. Estas actuaciones además de suponer una trasgresión de los mandatos de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación (artículos 97 y 98), vulneró el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuación fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como también el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional.

2.4. Vicios en el procedimiento legislativo.

(i) Estos vicios que tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana tuvieron a su vez incidencia en el procedimiento legislativo pues el trámite ante el Congreso de la república de la Ley 1354 de 2009 comenzó sin que fuera adjuntada la certificación del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el artículo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realización de los mecanismos de participación ciudadana, entre otros, el cumplimiento de los topes globales e individuales de financiación. La ausencia de esta certificación inhibe la iniciación del trámite legislativo y vicia la constitucionalidad de todo el procedimiento adelantado ante el Congreso de la República.

(ii) Un segundo vicio del procedimiento legislativo consiste en la modificación del texto original del proyecto de ley respaldado por la iniciativa ciudadana apoyada por el 14.59% del censo electoral, que tuvo lugar durante el tercer debate, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado . Tal cambio entrañaba la posibilidad de proponer al Pueblo la segunda reelección inmediata, mientras que el texto original refería a una reelección mediata o por período interpuesto. Consideró la Corte que con una modificación de esta envergadura el Congreso, constitucionalmente privado de iniciativa legislativa en materia de referendos constitucionales, excedió las limitaciones que el principio de democracia participativa le impone a la función legislativa que surge de la iniciativa ciudadana, lo que constituye un vicio de inconstitucionalidad de la Ley 1354 de 2009. Con ello se introdujo un cambio sustancial al proyecto que vulneró, a su vez, el principio de identidad y de consecutividad en el trámite legislativo, al presentarse una vez transcurridos los debates ante la Cámara de Representantes, de modo que el texto finalmente aprobado únicamente fue objeto de dos debates, los realizados en comisión primera y en la plenaria del Senado. A consecuencia de lo anterior, no era posible someter el desacuerdo entre los textos aprobados por cada cámara a la comisión de conciliación, órgano interno que no tiene competencia para reemplazar ninguna de las instancias previstas para la realización de los cuatro debates.
(iii) Del análisis de las circunstancias fácticas relacionadas con la publicación del decreto 4742 de 2008, mediante el cual se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la República se desprende que la plenaria de la Cámara de Representantes se reunió cuando ese Decreto aún no había sido publicado en el Diario Oficial. En este escenario, la Corte concluye que el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, a las 0:05 a.m. d el 17 de diciembre de 2009, carecía de sustento jurídico que autorizara su reunión en sesiones extraordinarias. De hecho, sólo se presentó este soporte a los 18:20 minutos del 17 de diciembre de 2009, cuando finalizó el proceso de elaboración del Diario Oficial.
(iv) La Corte constata que a la cadena de irregularidades que constituyen vicios de inconstitucionalidad, se suma el hecho de que cinco representantes del partido Cambio Radical votaron en contra de las directivas internas suscritas y aprobadas por ellos. Esta situación conlleva a desconocer el artículo 108, norma con eficacia jurídica directa que ordena que los miembros de las Corporaciones Públicas elegidos por un mismo partido o movimiento político actuarán en ellos como bancadas. Independientemente de las consideraciones de carácter subjetivo sobre debido proceso, que deben respetarse, desde una dimensión objetiva relativa a la racionalidad política del Congreso de la República, la consecuencia de la infracción directa de la Constitución genera la invalidez de los votos proferidos en contra de la norma constitucional expresa. Así, un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución en los términos no sólo del artículo 108, sino también del artículo 133.

(v) En relación con los posibles vicios competenciales o de exceso en el ejercicio del poder de reforma constitucional, la Corte hace un recuento de la línea jurisprudencial trazada desde el 2003 bajo la denominación de la teoría de la sustitución, reiterando que a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Política de 1991, pudiendo realizarse el control incluso sobre la ley misma que las convoquen. Respecto de la ley 1353 de 2009, encontró la Corte que desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes.

3. Conclusión.

Los vicios de trámite referidos, los cuales tuvieron lugar en el curso de la iniciativa ciudadana y durante el procedimiento legislativo que culminó con la expedición de la Ley 1354 de 2009, suponen el desconocimiento de importantes principios constitucionales y de los procedimientos formales previstos por la Constitución y la ley para la convocatoria de un referendo de iniciativa popular reformatorio de la Constitución. No se trata, por lo tanto, de meras irregularidades formales sino de violaciones sustanciales al principio democrático, uno de cuyos componentes esenciales es el respeto de las formas previstas para que las mayorías se pronuncien.

4. Decisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve:

Declarar INEXEQUIBLE en su totalidad, la Ley 1354 de 2009, “Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional”.

5. Consideraciones adicionales.

Los magistrados Jorge Pretelt y Mauricio González salvaron su voto frente a la inexequibilidad declarada en esta sentencia.



MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO
Presidente

________________________________________
[1] Diario Oficial No. 47.466 de 8 de septiembre de 2009.

Nota: La Ley fué sancionada ayer por el Presidente de la República.

El salvavidas para morosos ya es ley; el presidente Álvaro Uribe sancionó iniciativa de Simón Gaviria

El Gobierno expidió la reglamentación para que miles de deudores morosos puedan hacer uso de este recurso", afirmó Simón Gaviria

Un novedosa y poderosa herramienta recibirán los colombianos que estén 'colgados' en sus obligaciones con los bancos, la Dian, entes territoriales o con otro particular. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, acaba de sancionar la Ley de Insolvencia (1380), de autoría del Representante a la Cámara por Bogotá, Simón Gaviria Muñoz, con la cual se les brindará a las personas una segunda oportunidad antes de ser embargados o desalojados de sus propiedades.

¿Qué falta ahora para que miles de potenciales beneficarios puedan hacer uso de este 'salvavidas'? Simón Gaviria explicó que el siguiente y último paso es que el Gobierno Nacional expida los decretos reglamentarios. "Confiamos en que ese proceso no tarden más de un mes", agregó Simón.

La nueva Ley de Insolvencia o 'Salvavidas para morosos' cobijaría a al menos 15,7 millones de usuarios del sistema financiero, así como a los que tengan obligaciones tributarias pendientes con el Estado o deudas con otro particular. "Conscientes de lo poderosa de la herramienta que estamos entregando adaptamos medidas para que no se abuse de la misma y no se promueva la cultura del no pago. Por ejemplo, una persona se podrá declarar insolvente solamente una vez cada seis años. Además, entre otros puntos, quien incumpla el acuerdo de pago perderán ese derecho de por vida".

Simón Gaviria anunció que a partir de la próxima semana empezará una campaña pedagógica para explicarles a los colombianos cómo pueden hacer uso de la Ley de Insolvencia. El congresista agregó: "Este beneficio para millones de colombianos es histórico. Así como la tutela fue a partir de 1991 la herramienta de los ciudadanos para hacer valer sus derechos fundamentales ante el sistema judicial, este 'salvavidas' será la ‘tutela’ de los morosos que demuestren buena fe y voluntad de pago".

Novedades de la norma

Para que una persona se pueda acoger a la insolvencia, y tomando todas las precauciones del caso para cerrarle el paso a la cultura del no pago, deberá cumplir con algunos requisitos. El más novedoso, es que se aumentará del 10 al 50 por ciento el porcentaje del monto de la deuda en mora.

“En otras palabras -explicó Simón Gaviria-, si una persona tiene deudas por un total de 100 pesos y se ‘cuelga’ en el pago de 50 pesos, podrá beneficiarse de la insolvencia”.

También se estableció la posibilidad que el deudor efectúe un intercambio de activos. Esta figura consiste en que si la persona tiene una deuda de 100 millones de pesos en cualquier tipo de crédito y quiere pagarla total o parcialmente con un bien inmueble avaluado en 150 millones de pesos, lo entregará y recibirá la diferencia”.

CONSULTE AQUí LA SANCIÓN PRESIDENCIAL A LA LEY DE INSOLVENCIA http://web.presidencia.gov.co/leyes/2010/enero/ley13802501%202010.pdf

ASI FUNCIONARA LA LEY DE INSOLVENCIA PARA PERSONAS NATURALES - Autor Simón Gaviria

Los colombianos afectados por deudas superiores a su nivel de pago podrán acudir a la figura de la "insolvencia económica" y acordar pagos con sus acreedores, como hoy ocurre con empresas y entidades.

La llamada Ley de Insolvencia fue aprobada en conciliación de textos en la plenaria extra de la Cámara de Representantes, y permitirá que las personas naturales tengan "una segunda oportunidad económica" para evitar su quiebra absoluta y la pérdida de todos sus bienes, dijo su principal promotor, el representante a la Cámara Simón Gaviria.

La insolvencia, que sólo se aceptará por una sola vez en seis años, permitirá negociar las deudas de la persona por hipotecas, servicios financieros, impuestos nacionales y locales, deudas comerciales y hasta por facturas y mora en servicios públicos.

Gaviria dijo que la persona que por cualquier circunstancia entra en quiebra podrá acudir a centros de conciliación para acordar con sus acreedores unas formas de pago y la inmediata cesación de pleitos ejecutivos o coactivos.

"Es una situación en la que cualquier persona puede caer: una desgracia personal, un mal negocio, un robo, un accidente. Esa persona tiene derecho a esa segunda oportunidad económica sin quedar estigmatizada", señaló el congresista liberal.

Por su parte el representante Roy Barreras, otro de los autores de la norma, dijo que los endeudados podrán acogerse a acuerdos de pagos que les permita seguir rebajando con nuevos plazos sin que les rematen sus bienes.

La ley de insolvencia en personas naturales permitirá también negociar todo tipo de deudas por impuestos nacionales, departamentales, municipales y distritales.
Quién puede acogerse

Podrán acogerse a la figura los deudores que hayan incumplido en el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de 90 días o cuando en contra del deudor cursen una o más demandas de ejecución o de cobro coactivo exigiendo el pago de alguna de sus obligaciones.

Sin embargo, en el proceso no se podrán incluir las deudas que tenga el cónyuge o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Los requisitos que se deberán cumplir para hacer la solicitud de la insolvencia, deben consignarse en un informe sobre las causas que llevaron a la situación de insolvencia (ver recuadros).

Pasos para declararse en quiebra

1 El deudor deberá tener dos o más obligaciones con las que no pueda cumplir y que las haya saldado en un 50 por ciento del monto total. Deberá anexar una lista con sus acreedores y con los activos del deudor, un resumen de los procesos judiciales en su contra y una certificación de un contador independiente.

2 El segundo paso es presentar una certificación de ingresos del deudor, expedida por el empleador, una relación del monto necesario para la subsistencia del deudor y de sus personas a cargo y, finalmente, y el monto de las obligaciones que deberá seguir pagando durante el proceso de negociación.

3 En la negociación, el deudor podrá presentar propuestas de pago parcial o total con bienes inmuebles, previo avalúo de un perito. El proceso fracasa si 6 meses antes de la declaratoria de quiebra el deudor transfirió sus bienes, si simuló una separación de bienes con su cónyuge o incumplió con su oferta de pago.

Más información en la página web del Representante Simón Gaviria ó en el Consultorio Jurídico Virtual de Amorocho -

DIC. 28-09

¿Prescriben o no las multas y Comparendos?


Una amplia serie de cartas de los lectores con interrogantes y dudas llegaron esta semana a la Redacción de Vehículos, relacionadas con los comparendos, como consecuencia de la amnistía que aprobó el Concejo de Bogotá.

Las inquietudes de los lectores van desde saber saber exactamente qué es un comparendo, si estos prescriben pasado algún tiempo, hasta cómo reclamar ante las autoridades cuando consideran que no tienen responsabilidad.

Esas dudas se las trasladamos a la Secretaría de Movilidad (SDM) y al Fondatt, el organismo encargado de la liquidación de la antigua Secretaría de Tránsito de Transporte (STT). A continuación, las respuestas que nos entregaron las dos entidades.

¿Qué es un comparendo?
De acuerdo con el artículo 2 del Código Nacional de Tránsito, un comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. En otras palabras, es una citación a comparecer ante la autoridad de tránsito para hacer la reclamación sobre la inconformidad de la infracción que ha sido señalada por el agente de tránsito en el comparendo.

¿Qué es un parte? ¿Qué es una multa?
Un parte corresponde en el argot popular al comparendo. O es lo que es mal llamado al comparendo. Una multa es una sanción pecuniaria, para efectos de la Ley 769 del 2002 (Código Nacional de Tránsito), y salvo disposición en contrario, la multa debe entenderse en salarios mínimos diarios vigentes, en lo que respecta a los comparendos en los cuales finalmente se declara al conductor como contraventor de una norma de tránsito.

¿Es cierto que pasado un tiempo los comparendos, partes o multas (o como se les llame) prescriben o caducan?
La prescripción es una figura jurídica por medio de la cual el Estado -para el caso, la Secretaría de la Movilidad (SDM)- cesa su potestad punitiva por el cumplimiento del término señalado en la ley, en otras palabras, es cuando el Estado por el transcurso del tiempo no puede ejercer su potestad para cobrar las multas que han sido impuestas a su favor.

De acuerdo con el artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, la prescripción ocurre cuando una sanción que ha sido impuesta por la violación a las normas de tránsito no se cobra por jurisdicción coactiva dentro de los tres años siguientes contados a partir de la ocurrencia del hecho.

Esta prescripción se interrumpe únicamente cuando se libra el mandamiento de pago por parte de la SDM. Es decir, que habría lugar al fenómeno de la prescripción si y solo si, la Secretaría no libra el mandamiento de pago dentro de los tres años siguientes a la imposición de la sanción, y perdería la facultad para cobrar el valor impuesto por la multa a favor de la SDM.

Ahora bien, el artículo 161 del Código Nacional de Tránsito, establece que la acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia, es decir, que la administración cuenta ese lapso de tiempo para iniciar el proceso por medio del cual se determina si se declara o no contraventor al infractor de las normas de tránsito.

¿En cuánto tiempo prescribe?
Como nos estamos refiriendo solamente a las multas impuestas por comparendos, el término de prescripción es de tres años. Teniendo en cuenta que la SDM entró en funcionamiento el 2 de enero de 2007, esta figura todavía no tiene aplicación alguna respecto de las multas impuestas.

¿Qué pasa si una persona no asiste a la audiencia?
Si un conductor, presunto infractor a las normas de tránsito no asiste a la audiencia pública ante la autoridad de tránsito, dentro de los tres días hábiles siguientes a la imposición del comparendo, al cuarto día hábil, el sistema con el que cuenta la SDM, automáticamente emite la audiencia pública, en la que señala que el infractor no compareció a la diligencia de audiencia, la cual se entiende notificada en estrados.

Así mismo, el infractor tiene hasta el décimo día hábil después de la imposición del comparendo para comparecer ante la autoridad de tránsito, y si la persona no se presenta dentro de este término, el sistema continúa con la diligencia y emite una resolución por medio de la cual lo declara contraventor e impone la sanción correspondiente.

Vale la pena destacar que si la persona concurre dentro de los tres primeros días hábiles, la infracción no se duplica, evento que sí sucede cuando la persona no comparece dentro de este término o dentro de los 10 días hábiles siguientes a la imposición.

¿Qué pasa si una persona no paga un parte?
Si una persona no paga la multa que le fue impuesta, la misma se duplica dentro de los tres días siguientes, y la administración tiene la facultad de iniciar el proceso de cobro coactivo en contra de la misma, una vez esta se encuentre en firme.

La norma ha facultado a la Administración para iniciar el proceso de cobro coactivo, con el fin de ejecutar al deudor por la multa que le fue impuesta.

Dentro de este proceso se efectúa la investigación de bienes que se encuentren a nombre del deudor y se procede a decretar el embargo de los mismos, los cuales son finalmente rematados y la SDM se cobra el valor de la sanción y se termina el proceso por pago de la obligación.

Cuando hay un proceso de cobro coactivo, la licencia de conducción no se ve afectada, razón por la cual no se suspende ni se quita.

¿Hasta qué cuantía se inicia un cobro jurídico?
El cobro coactivo se puede iniciar por cualquier cuantía.

Una persona no puede ir a parar a la cárcel por el no pago de un comparendo toda vez que el Código Penal no da pena de cárcel por deudas.

¿En qué consisten los recursos de solicitud de revocatoria y de exoneración por caducidad?
Vale la pena aclarar que la solicitud de revocatoria y de exoneración por caducidad no son recursos, sino solicitudes que un ciudadano puede hacer respetuosamente a las autoridades para que las mismas sean resueltas.

La solicitud de revocatoria directa de un acto administrativo se puede hacer cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él y cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona, tal y como lo establece el artículo 69 del Código Contencioso Administrativo.

La exoneración por caducidad solo sería procedente si no se efectuara la audiencia pública en la que se declare contraventor a las normas de tránsito al infractor, pero como siempre el sistema genera la audiencia electrónica, este fenómeno, casi nunca, por no decir que nunca, sucede.

¿Cómo puede un ciudadano acceder a estos recursos?
Por medio del escrito que presente ante la autoridad administrativa.

¿Qué es y cómo se hace un acuerdo de pago?
La persona que tenga una obligación para con la SDM, puede acceder a un acuerdo de pago, siempre y cuando el monto que adeude sea superior a 216.900 pesos. La cantidad de cuotas y el plazo a otorgar se determina de acuerdo al monto adeudado.

La persona puede dirigirse al Supercade de Movilidad, en donde lo atenderá un funcionario de la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, quien le explicará las condiciones para acceder al acuerdo de pago, aclarándole que la cuota inicial debe pagarse dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acuerdo de pago y el pago de la(s) cuota(s), al mes siguiente.

Ante el incumplimiento del acuerdo de pago, la Subdirección de Jurisdicción Coactiva procede a iniciar el proceso de cobro por jurisdicción coactiva y libra el mandamiento de pago por el saldo adeudado del acuerdo de pago.

¿Cómo hace una persona que ya pagó el parte para no seguir figurando en el sistema?
Si una persona ya pagó la sanción que le fue impuesta y la misma no ha sido borrada del sistema (página de la SDM o Sistema Integrado de Contravenciones), debe dirigirse al Supercade de Movilidad ubicado en la Calle 13 con carrera 37, con la copia del recibo de pago, para que se efectúe la revisión del mismo y se proceda a ordenar el descargue del sistema.

¿Qué se hace con la plata recaudada por las multas?
Conforme al Artículo 162 del Código Nacional de Tránsito, los recursos recaudados se han invertido en: promoción de la movilidad segura y prevención de la accidentalidad vial; generación de movilidad con seguridad, comprometiendo al ciudadano en el conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito y expansión y mantenimiento del sistema integral de control de tránsito.

Los que tienen deudas pendientes del 31 de diciembre de 2006 hacia atrás

En el caso de las multas impuestas por comparendos por la antigua STT, ¿estas no prescribieron ya teniendo en cuenta que fueron impuestas antes del 31 de diciembre de 2006?
Es importante manifestar que no todos los comparendos impuestos antes del 31 diciembre del 2006 se encuentran prescritos, ya que es necesario estudiar y analizar cada caso en particular para determinar la ocurrencia y aplicación de los fenómenos jurídicos de prescripción, caducidad y pérdida de fuerza ejecutoria, al tenor de lo planteado por el infractor.

¿Cómo se aplica en ese caso la amnistía que aprobó el Concejo?
Una vez el Alcalde Mayor sancione el acuerdo, Fondatt en liquidación pondrá en marcha un procedimiento mediante el cual se haga efectivo este beneficio temporal que ofrece la Administración Distrital.

Para ello, se requerirá que cada deudor se presente a la entidad a notificarse de las actuaciones administrativas que se estén adelantando en su contra y formule las excepciones que procedan. Fondatt en liquidación procederá a resolver en el corto plazo las solicitudes, reconociendo el efecto que, respecto a cada actuación procesal, genere la aplicación de prescripciones, caducidades y pérdida de fuerza ejecutoria a favor del deudor. Al saldo resultante se le aplicará la amnistía aludida.

La cifra: 461.500 pesos. Es el valor de un salario mínimo mensual vigente, y base de cobro de las multas. Hay tres días hábiles para pagar. Al no hacerlo, el valor se duplica, pero se obtiene un descuento del 25 por ciento si asiste a un curso de educación vial.

EL DERECHO DE PETICION

Consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, éste es un medio para elevar peticiones a las diferentes autoridades, quienes deben dar respuesta en los 15 días siguientes a su radicación. No tiene ninguna formalidad, solo en la referencia debe mencionar: Acudiendo al artículo 23 de la Constitución Nacional derecho de petición, solicito se me informe lo siguiente en el término ordenado por ley a la siguiente dirección...

Comentario:

Si el derecho de petición no es respondido en el término ordenado por la ley que es de 15 días hábiles, usted podrá iniciar acción de tutela, para que se tutele el derecho a la información. El desacato a dar respuesta será causal de mala conducta por parte de los funcionarios o servidores públicos.

Téngase en cuenta que de igual forma existe el derecho de petición a la información cuyo término es de diez días, el procedimiento es el mismo del antes mencionado.

LA ACCION DE TUTELA

Figura jurídica creada en la Constitución Nacional, está acción pretende que las autoridades entendidas estas como los Jueces,Ttribunales y Consejo Superior de la judicatura, hagan respetar mediante fallo derechos fundamentales violados por la acción u omisión del estado,entendido éste por cualquier funcionario o servidor público.

Comentarios:

La acción de tutela puede ser interpuesta por escrito o verbal ante las autoridades arriba mencionadas, debe decirse claramente cuál es el derecho fundamental violado, como el derecho a la vida, a la salud, al medio ambiente, a la educación, debe tenerse en cuenta que se deben agotar otros medios existentes para obtener el beneficio, al no ser que con la tutela se pretenda obtener rápidamente como medio transitorio para solucionar un perjuicio irremediable. Caso intervención quirúrgica y que si no se hace muere la persona, el otorgamiento de medicamentos para garantizar la vida y la salud, etc. etc. Usted puede acudir a la defensoría del pueblo o a las diferentes personerías locales o distritales.

El término para fallo de la acción de tutela es de 10 días, si el fallo es contrario a su petición dentro de los 3 días siguientes a su notificación se podrá Impugnar, para que la misma sea revisada por una instancia superior, de igual forma la misma será enviada a la Corte Constitucional para una eventual revisión, para con ello sentar jurisprudencia.

El cumplimiento del fallo debe ser acatado de inmediato, de no ser así usted podrá interponer incidente de desacato ante la autoridad que profirió el fallo.

QUERELLA POLICIVA

Es una forma de poner en conocimiento el atropello o violación a normas establecidas por el Código de policía, es competencia de los Alcaldes e inspectores de policía, los comandantes de estación y de comandos de atención inmediata según el caso y el lugar donde sucedieron los hecos, y en segunda instancia conoce el Consejo de Justicia, se presenta mediante escrito relacionando los hechos, pruebas etc. Ejemplo de querellas la perturbación a la propiedad, construcción de obra sin licencia, ruido, contaminación ambiental, cambio de uso del suelo y del objeto de la licencia de construcción y funcionamiento como el caso de HOSTAL por MOTEL, violación y no cumplimiento de reglas de convivencia ciudadana, construcción u obra que amenaza peligro, etc. etc. Ver código de policía distrital y Nacional.

Comentario:

La acción caduca en un año contado a partir de la ocurrencia del hecho, que tipifique un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana o del momento en que el afectado tuvo conocimiento de él. La caducidad se suspende por la iniciación de la actuación de la autoridad competente o por la presentación de la petición en interés de la comunidad o de la querella de parte en interés particular. Pasado éste término la acción civil deberá iniciarse ante los jueces de la república son sus competencias mediantes procesos ordinarios. Contra las providencias respectivas proceden los recuros de reposición y en subsidio el de apelación y por último el de queja. Para efectos de recursos téngase en cuenta los términados ordenados por el procedimiento los cuales empiezan a correr una vez notificado el fallo.

COMO HACER RECLAMACION ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.

Inicialmente usted podrá acudir ante respectiva entidad prestadora de servicios, de no tener respuesta podrá hacer la petición mediante derecho de petición haciendo una relación de los hechos y la inconformidad, solicitando se corrija o se modifique lo requerido, usted deberá obtener respuesta dentro de los 15 días siguientes, y si su petición no es satisfactoria, usted podrá interponer recurso de reposición y en subsido el de apelación para que se modifique, aclare o revoque lo pedido, dicho recurso debe interponerse por escrito dentro de los 3 días siguientes a la notificación ante el funcionario correspondiente, quien si no modifica o le da la razón de su petición remitirá el mismo a la Superintendencia de Servicios públicos para la revisión respectiva.

Comentario:

Téngase en cuenta los términos ordenados por el procedimiento, el recurso debe decir: INTERPONGO RECURSO DE REPOSICION Y EN SUBSIDIO EL DE APELACION FRENTE A LA DECISION PROFERIDA CON FECHA.... debe sustentarce con los hechos y la inconformidad respecto a lo pedido y lo resuelto, ojalá anexando pruebas que den claridad y certeza a su reclamo.

Nota: En los últimos días se ha ordenado el reembolso de dineros por el exceso de cobro de traslado de contadores efectuado por CODENSA, denuncias que efectuamos en su debido tiempo y que el Concejo de Bogotá a tomado atenta nota sobre el caso, si usted ha sido afectado deberá presentar mediante reclamación los soportes que demuestren el mayor cobro efectuado. De igual forma si en un bien arrendado su inquilino no pagó las facturas de los servicios, usted no está obligado a pagar más de los tres primeros meses, pues es negligencia de las empresas por no haber suspendido el respectivo servicio. De igual forma usted podrá utilizar la acción de tutela, para garantizar sus derechos o exigir la prestación de servicios públicos. Ver sentencias de la Corte Constitucional.

SISTEMA PENAL ACUSATORIO

Apartir del 1 de enero del 2.005, entra a regir para la capital de la república el nuevo sistema penal acusatorio, el nuevo código de procedimiento penal es la ley 906 de agosto 21 de 2.004

Las características de éste sistema es que todas las actuaciones y acciones se realizan en audiencias y en forma oral. La Fiscalía ya no tendrá competencia para decidir la libertad del capturado, existen ahora jueces de garantías quienes son los encargados de conocer de la libertad, captura, imputaciones etc. Con el nuevo sistema se dan funciones a la policía judicial para recaudar pruebas y presentarlas al Fiscal, las cuales serán avaladas y conocidas por el juez de garantías, una vez capturado el presunto delincuente la policía judicial lo pondrá a disposición de la autoridad y es el juez de garantías quien valorará la prueba y decidirá si le ordena el encarcelamiento o le da libertad.

Posteriormente por reparto se dará traslado al juez competente quien ordenará y valorará las pruebas y dictará sentencia, éste proceso es oral, y rápido, todas las pruebas deben tener un procedimiento especial en su recaudo para lo cual se llamará la cadena de custodia.

Con éste sistema se busca obtener condenas o absoluciones rápidas, pues con el anterior sistema un delito como el porte ilegal de armas se demoraba tres o cuatro años, ahora con el nuevo sistema podrá tardar máximo horas o meses.

El nuevo sistema permite que existan investigadores quienes recaudarán la prueba, y una vez leída la imputación es el sindicado y su abogado quienes deben desvirtuar todas las pruebas obrantes en su contra. Lo mejor para no incurrir ante este procedimiento que para alguno es violatorio a derechos constituciones es mejor no delingquir, es decir portarce muy bien. Si desea mayor información con gusto le informaré al respecto.

LEY DE HABEAS DATA - PARA MOROSOS-

¿Cuánto tiempo puedo estar reportado en las centrales de riesgo?

Comentarios de Revista Semana - ver texto ley en la sección Consultorio Jurídico-

La ley, que fue iniciativa del senador liberal Luis Fernando Velasco, entra en vigencia desde hoy, en momentos en que se prevén dificultades económicas y, el reporte positivo de quienes están injustamente reportados, permitirá darles acceso a créditos y dinamizar la economía del país.
Desde ahora, entonces, cuando una persona vaya a ser reportada en una central de riesgo, debe avisársele, cosa que no ocurría antes, y la gente, cuando menos pensaba, aparecía dizque como deudor moroso, sin posibilidad de recibir préstamos y con un turbio pasado crediticio.
El primero es un periodo de transición que dura seis meses. La regla es que quienes ya se pusieron al día antes de entrar en vigencia la ley o durante este lapso, pueden tener su reporte negativo hasta el doble del tiempo que se demoraron en ponerse al día con sus deudas y por máximo un año. La norma opera si se extingue la deuda o si la paga.
Un ejemplo explicaría más fácil este primer momento de la norma. Si una persona tuvo una deuda que se demoró cinco meses en pagar, pero ya la pagó o la paga en cualquiera de los próximos seis meses, en su historia crediticia debe aparecer, palabras más, palabras menos, que ya pagó, pero se demoró cinco meses en pagarla. Ese pero, en este caso, debe aparecer máximo 10 meses, el doble del tiempo que tardó en pagar la deuda. En este periodo de transición, aquel pero no puede ser superior a un año, así el deudor haya tardado mucho tiempo en pagar.

El segundo momento se inicia dentro de seis meses, el 6 de julio. Ese día, entra una nueva regla de juego. Consiste en que ese pero, que se refiere a la tardanza en pagar, puede estar reportado máximo por cuatro años después de que la persona pague o se extinga su deuda, aunque su paz y salvo sí debe aparecer en tiempo real.

Por ejemplo, una persona tuvo una obligación que no pagó durante cinco años y se puso al día. En su historia crediticia consignada en las centrales de riesgo debe decir que pagó desde el momento en que lo hizo, pero que se demoró cinco años en pagar.

La ley dice que el reporte negativo, es decir, ese pero, puede permanecer el doble del tiempo que el deudor se demoró en pagar. Pero en este caso no se aplicaría, porque el doble de cinco años son 10 años y la ley dice que, después del periodo de transición, el tope máximo para aquel reporte es de cuatro años.

De manera que el reporte en las centrales de riesgo por ‘colgarse’ con una ‘culebra’ ya no es eterno. Desde ahora, hay herramientas para dar constancia del verdadero cumplimiento de los deudores con sus deudas.

Los ejemplos podrían ser inagotables de acuerdo con cada caso de quienes tienen historial crediticio. Y más de una persona estaría necesitando asesoría individual que le ayude a limpiar su registro en las centrales de riesgo. Para mayor información llame al 650 08 38, en Bogotá.

“PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NUMERO 221 DE 2007 CAMARA, 027 DE 2006 SENADO ACUMULADO
CON EL NUMERO 05 DE 2006 SENADO

por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países
y se dictan otras disposiciones.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en Bancos de Datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los datos de información personal registrados en un Banco de Datos, sean estos administrados por entidades de naturaleza pública o privada.
Esta ley se aplicará sin perjuicio de normas especiales que disponen la confidencialidad o reserva de ciertos datos o información registrada en Bancos de datos de naturaleza pública, para fines estadísticos, de investigación o sanción de delitos o para garantizar el orden público.
Se exceptúan de esta ley las bases de datos que tienen por finalidad producir la Inteligencia de Estado por parte del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad nacional interna y externa.
Los registros públicos a cargo de las cámaras de comercio se regirán exclusivamente por las normas y principios consagrados en las normas especiales que las regulan.

Igualmente, quedan excluidos de la aplicación de la presente ley aquellos datos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico y aquellos que circulan internamente, esto es, que no se suministran a otras personas jurídicas o naturales.
Artículo 3°. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 
a) Titular de la información. Es la persona natural o jurídica a quien se refiere la información que reposa en un Banco de Datos y sujeto del derecho de Hábeas Data y demás derechos y garantías a que se refiere la presente ley;
b) Fuente de información. Es la persona, entidad u organización que recibe o conoce datos personales de los titulares de la información, en virtud de una relación comercial o de servicio o de cualquier otra índole y que, en razón de autorización legal o del titular, suministra esos datos a un operador de información, el que a su vez los entregará al usuario final. Si la fuente entrega la información directamente a los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de fuente y operador y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos. La fuente de la información responde por la calidad de los datos suministrados al operador la cual, en cuanto tiene acceso y suministra información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstas para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos;
c) Operador de información. Se denomina operador de información a la persona, entidad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios bajo los parámetros de la presente ley. Por tanto el operador, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. Salvo que el operador sea la misma fuente de la información, este no tiene relación comercial o de servicio con el titular y por ende no es responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente;
d) Usuario. El usuario es la persona natural o jurídica que, en los términos y circunstancias previstos en la presente ley, puede acceder a información personal de uno o varios titulares de la información suministrada por el operador o por la fuente, o directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a información personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y responsabilidades previstos para garantizar la protección de los derechos del titular de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y asumirá los deberes y responsabilidades de ambos;

e) Dato personal. Es cualquier pieza de información vinculada a una o varias personas determinadas o determinables o que puedan asociarse con una persona natural o jurídica. Los datos impersonales no se sujetan al régimen de protección de datos de la presente ley. Cuando en la presente ley se haga referencia a un dato, se presume que se trata de uso personal. Los datos personales pueden ser públicos, semiprivados o privados;
f) Dato público. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados, de conformidad con la presente ley. Son públicos, entre otros, los datos contenidos en documentos públicos, sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas;
g) Dato semiprivado. Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima, reservada, ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular sino a cierto sector o grupo de personas o a la sociedad en general, como el dato financiero y crediticio de actividad comercial o de servicios a que se refiere el Título IV de la presente ley.
h) Dato privado. Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada solo es relevante para el titular;
i) Agencia de Información Comercial. Es toda empresa legalmente constituida que tenga como actividad principal la recolección, validación y procesamiento de información comercial sobre las empresas y comerciantes específicamente solicitadas por sus clientes, entendiéndose por información comercial aquella información histórica y actual relativa a la situación financiera, patrimonial, de mercado, administrativa, operativa, sobre el cumplimiento de obligaciones y demás información relevante para analizar la situación integral de una empresa. Para los efectos de la presente ley, las agencias de información comercial son operadores de información y fuentes de información.
Parágrafo. A las agencias de información comercial, así como a sus fuentes o usuarios, según sea el caso, no se aplicarán las siguientes disposiciones de la presente ley: Numerales 2 y 6 del artículo 8°, artículo 12 y artículo 14;
j) Información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.
Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, aquella referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.
 
Artículo 4°. Principios de la administración de datos. En el desarrollo, interpretación y aplicación de la presente ley, se tendrán en cuenta, de manera armónica e integral, los principios que a continuación se establecen:
a) Principio de veracidad o calidad de los registros o datos. La información contenida en los Bancos de Datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error;
b) Principio de finalidad. La administración de datos personales debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley. La finalidad debe informársele al titular de la información previa o concomitantemente con el otorgamiento de la autorización, cuando ella sea necesaria o en general siempre que el titular solicite información al respecto;
c) Principio de circulación restringida. La administración de datos personales se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos, de las disposiciones de la presente ley y de los principios de la administración de datos personales especialmente de los principios de temporalidad de la información y la finalidad del Banco de Datos.
Los datos personales, salvo la información pública, no podrán ser accesibles por Internet o por otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido solo a los titulares o los usuarios autorizados conforme a la presente ley;
d) Principio de temporalidad de la información. La información del titular no podrá ser suministrada a usuarios o terceros cuando deje de servir para la finalidad del Banco de Datos;
e) Principio de interpretación integral de derechos constitucionales. La presente ley se interpretará en el sentido de que se amparen adecuadamente los derechos constitucionales, como son el Hábeas Data, el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Los derechos de los titulares se interpretarán en armonía y en un plano de equilibrio con el derecho a la información previsto en el artículo 20 de la Constitución y con los demás derechos constitucionales aplicables;
f) Principio de seguridad. La información que conforma los registros individuales constitutivos de los Bancos de Datos a que se refiere la ley, así como la resultante de las consultas que de ella hagan sus usuarios, se deberá manejar con las medidas técnicas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado;
g) Principio de confidencialidad. Todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en la administración de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas en todo tiempo a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende la administración de datos, pudiendo solo realizar suministro o comunicación de datos cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.
Artículo 5°. Circulación de información. La información personal recolectada o suministrada de conformidad con lo dispuesto en la ley a los operadores que haga parte del Banco de datos que administra, podrá ser entregada de manera verbal, escrita, o puesta a disposición de las siguientes personas y en los siguientes términos:
a) A los titulares, a las personas debidamente autorizadas por estos y a sus causahabientes mediante el procedimiento de consulta previsto en la presente ley;
b) A los usuarios de la información, dentro de los parámetros de la presente ley;
c) A cualquier autoridad judicial, previa orden judicial;
d) A las entidades públicas del poder ejecutivo, cuando el conocimiento de dicha información corresponda directamente al cumplimiento de alguna de sus funciones;
e) A los órganos de control y demás dependencias de investigación disciplinaria, fiscal, o administrativa, cuando la información sea necesaria para el desarrollo de una investigación en curso;
f) A otros operadores de datos, cuando se cuente con autorización del titular, o cuando sin ser necesaria la autorización del titular el Banco de Datos de destino tenga la misma finalidad o una finalidad que comprenda la que tiene el operador que entrega los datos. Si el receptor de la información fuere un Banco de Datos extranjero, la entrega sin autorización del titular solo podrá realizarse dejando constancia escrita de la entrega de la información y previa verificación por parte del operador de que las leyes del país respectivo o el receptor otorgan garantías suficientes para la protección de los derechos del titular;
g) A otras personas autorizadas por la ley.

TITULO II
DERECHOS DE LOS TITULARES DE LA INFORMACION

Artículo 6°. Derechos de los titulares de la información. Los titulares tendrán los siguientes derechos: 
1. Frente a los operadores de los Bancos de Datos: 
1.1 Ejercer el derecho fundamental al Hábeas Data en los términos de la presente ley, mediante la utilización de los procedimientos de consultas o reclamos, sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales y legales.
1.2 Solicitar el respeto y la protección de los demás derechos constitucionales o legales, así como de las demás disposiciones de la presente ley, mediante la utilización del procedimiento de reclamos y peticiones.
1.3 Solicitar prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida por la fuente o por el usuario.
1.4 Solicitar información acerca de los usuarios autorizados para obtener información.
Parágrafo. La administración de información pública no requiere autorización del titular de los datos, pero se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley.
La administración de datos semi-privados y privados requiere el consentimiento previo y expreso del titular de los datos, salvo en el caso del dato financiero, crediticio, comercial, de servicios y el proveniente de terceros países el cual no requiere autorización del titular. En todo caso, la administración de datos semi-privados y privados se sujeta al cumplimiento de los principios de la administración de datos personales y a las demás disposiciones de la presente ley.
2. Frente a las fuentes de la información: 
2.1 Ejercer los derechos fundamentales al Hábeas Data y de petición, cuyo cumplimiento se podrá realizar a través de los operadores, conforme lo previsto en los procedimientos de consultas y reclamos de esta ley, sin perjuicio de los demás mecanismos constitucionales o legales.
2.2 Solicitar información o pedir la actualización o rectificación de los datos contenidos en la base de datos, lo cual realizará el operador, con base en la información aportada por la fuente, conforme se establece en el procedimiento para consultas, reclamos y peticiones. 
2.3 Solicitar prueba de la autorización, cuando dicha autorización sea requerida conforme lo previsto en la presente ley. 

3. Frente a los usuarios: 
3.1 Solicitar información sobre la utilización que el usuario le está dando a la información, cuando dicha información no hubiere sido suministrada por el operador. 
3.2 Solicitar prueba de la autorización, cuando ella sea requerida conforme lo previsto en la presente ley. 
Parágrafo. Los titulares de información financiera y crediticia tendrán adicionalmente los siguientes derechos: 
Podrán acudir ante la autoridad de vigilancia para presentar quejas contra las fuentes, operadores o usuarios por violación de las normas sobre administración de la información financiera y crediticia.
Así mismo, pueden acudir ante la autoridad de vigilancia para pretender que se ordene a un operador o fuente la corrección o actualización de sus datos personales, cuando ello sea procedente conforme lo establecido en la presente ley.

TITULO III
DEBERES DE LOS OPERADORES, LAS FUENTES
Y LOS USUARIOS DE INFORMACION

Artículo 7°. Deberes de los operadores de los Bancos de Datos. Sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones contenidas en la presente ley y otras que rijan su actividad, los operadores de los Bancos de Datos están obligados a:
1. Garantizar, en todo tiempo al titular de la información, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Hábeas Data y de petición, es decir, la posibilidad de conocer la información que sobre él exista o repose en el Banco de Datos, y solicitar la actualización o corrección de datos, todo lo cual se realizará por conducto de los mecanismos de consultas o reclamos, conforme lo previsto en la presente ley.
2. Garantizar, que en la recolección, tratamiento y circulación de datos, se respetarán los demás derechos consagrados en la ley.
3. Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que, de conformidad con lo previsto en esta ley, pueden tener acceso a ella.

4. Adoptar un manual interno de políticas y procedimientos para garantizar el adecuado cumplimiento de la presente ley y, en especial, para la atención de consultas y reclamos por parte de los titulares.
5. Solicitar la certificación a la fuente de la existencia de la autorización otorgada por el titular, cuando dicha autorización sea necesaria, conforme lo previsto en la presente ley.
6. Conservar con las debidas seguridades los registros almacenados para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
7. Realizar periódica y oportunamente la actualización y rectificación de los datos, cada vez que le reporten novedades las fuentes, en los términos de la presente ley.
8. Tramitar las peticiones, consultas y los reclamos formulados por los titulares de la información, en los términos señalados en la presente ley.
9. Indicar en el respectivo registro individual que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma y no haya finalizado dicho trámite, en la forma en que se regula en la presente ley.
10. Circular la información a los usuarios dentro de los parámetros de la presente ley.
11. Cumplir las instrucciones y requerimientos que la autoridad de vigilancia imparta en relación con el cumplimiento de la presente ley.
12. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.
Artículo 8°. Deberes de las fuentes de la información. Las fuentes de la información deberán cumplir las siguientes obligaciones, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones previstas en la presente ley y en otras que rijan su actividad: 
1. Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los Bancos de Datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable.
2. Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada.
3. Rectificar la información cuando sea incorrecta e informar lo pertinente a los operadores.
4. Diseñar e implementar mecanismos eficaces para reportar oportunamente la información al operador.
5. Solicitar, cuando sea del caso, y conservar copia o evidencia de la respectiva autorización otorgada por los titulares de la información, y asegurarse de no suministrar a los operadores ningún dato cuyo suministro no esté previamente autorizado, cuando dicha autorización sea necesaria, de conformidad con lo previsto en la presente ley.
6. Certificar, semestralmente al operador, que la información suministrada cuenta con la autorización de conformidad con lo previsto en la presente ley.
7. Resolver los reclamos y peticiones del titular en la forma en que se regula en la presente ley.
8. Informar al operador que determinada información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado la solicitud de rectificación o actualización de la misma, con el fin de que el operador incluya en el Banco de Datos una mención en ese sentido hasta que se haya finalizado dicho trámite.
9. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control en relación con el cumplimiento de la presente ley.
10. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.
Artículo 9°. Deberes de los usuarios. Sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley y demás que rijan su actividad, los usuarios de la información deberán: 
1. Guardar reserva sobre la información que les sea suministrada por los operadores de los Bancos de Datos, por las fuentes o los titulares de la información y utilizar la información únicamente para los fines para los que le fue entregada, en los términos de la presente ley.
2. Informar a los titulares, a su solicitud, sobre la utilización que le está dando a la información.
3. Conservar con las debidas seguridades la información recibida para impedir su deterioro, pérdida, alteración, uso no autorizado o fraudulento.
4. Cumplir con las instrucciones que imparta la autoridad de control, en relación con el cumplimiento de la presente ley.
5. Los demás que se deriven de la Constitución o de la presente ley.

TITULO IV
DE LOS BANCOS DE DATOS DE INFORMACION FINANCIERA, CREDITICIA, COMERCIAL, DE SERVICIOS Y LA PROVENIENTE DE TERCEROS PAISES

Artículo 10. Principio de favorecimiento a una actividad de interés público. La actividad de administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países está directamente relacionada y favorece una actividad de interés público, como lo es la actividad financiera propiamente, por cuanto ayuda a la democratización del crédito, promueve el desarrollo de la actividad de crédito, la protección de la confianza pública en el sistema financiero y la estabilidad del mismo, y genera otros beneficios para la economía nacional y en especial para la actividad financiera, crediticia, comercial y de servicios del país. 
Parágrafo 1°. La administración de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, por parte de fuentes, usuarios y operadores deberá realizarse de forma que permita favorecer los fines de expansión y democratización del crédito. Los usuarios de este tipo de información deberán valorar este tipo de información en forma concurrente con otros factores o elementos de juicio que técnicamente inciden en el estudio de riesgo y el análisis crediticio, y no podrán basarse exclusivamente en la información relativa al incumplimiento de obligaciones suministrada por los operadores para adoptar decisiones frente a solicitudes de crédito.
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá imponer las sanciones previstas en la presente ley a los usuarios de la información que nieguen una solicitud de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.
Parágrafo 2º. La consulta de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países por parte del titular, será gratuita al menos una (1) vez cada mes calendario.
Artículo 11. Requisitos especiales para los operadores. Los operadores de Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países que funcionen como entes independientes a las fuentes de la información, deberán cumplir con los siguientes requisitos especiales de funcionamiento: 
1. Deberán constituirse como sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, o entidades cooperativas.
2. Deberán contar con un área de servicio al titular de la información, para la atención de peticiones, consultas y reclamos.

3. Deberán contar con un sistema de seguridad y con las demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente ley.
4. Deberán actualizar la información reportada por las fuentes con una periodicidad no superior a diez (10) días calendario contados a partir del recibo de la misma.
Artículo 12. Requisitos especiales para fuentes. Las fuentes deberán actualizar mensualmente la información suministrada al operador, sin perjuicio de lo dispuesto en el Título III de la presente ley. 
El reporte de información negativa sobre incumplimiento de obligaciones de cualquier naturaleza, que hagan las fuentes de información a los operadores de Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, sólo procederá previa comunicación al titular de la información, con el fin de que este pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación, así como controvertir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y la fecha de exigibilidad. Dicha comunicación podrá incluirse en los extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes.
En todo caso, las fuentes de información podrán efectuar el reporte de la información transcurridos veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de envío de la comunicación en la última dirección de domicilio del afectado que se encuentre registrada en los archivos de la fuente de la información y sin perjuicio, si es del caso, de dar cumplimiento a la obligación de informar al operador, que la información se encuentra en discusión por parte de su titular, cuando se haya presentado solicitud de rectificación o actualización y esta aún no haya sido resuelta. 
Artículo 13. Permanencia de la información. La información de carácter positivo permanecerá de manera indefinida en los Bancos de Datos de los operadores de información. 
Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los Bancos de Datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida. 

Artículo 14. Contenido de la información. El Gobierno Nacional establecerá la forma en la cual los Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, deberán presentar la información de los titulares de la información. Para tal efecto, deberá señalar un formato que permita identificar, entre otros aspectos, el nombre completo del deudor, la condición en que actúa, esto es, como deudor principal, deudor solidario, avalista o fiador, el monto de la obligación o cuota vencida, el tiempo de mora y la fecha del pago, si es del caso. 
El Gobierno Nacional al ejercer la facultad prevista en el inciso anterior deberá tener en cuenta que en el formato de reporte deberá establecer que: 
a) Se presenta reporte negativo cuando la(s) persona(s) naturales o jurídicas efectivamente se encuentran en mora en sus cuotas u obligaciones;
b) Se presenta reporte positivo cuando la(s) persona(s) naturales y jurídicas están al día en sus obligaciones.
El incumplimiento de la obligación aquí prevista dará lugar a la imposición de las máximas sanciones previstas en la presente ley.
Parágrafo 1°. Para los efectos de la presente ley se entiende que una obligación ha sido voluntariamente pagada, cuando su pago se ha producido sin que medie sentencia judicial que así lo ordene. 
Parágrafo 2°. Las consecuencias previstas en el presente artículo para el pago voluntario de las obligaciones vencidas, será predicable para cualquier otro modo de extinción de las obligaciones, que no sea resultado de una sentencia judicial. 
Parágrafo 3°. Cuando un usuario consulte el estado de un titular en las bases de datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, estas tendrán que dar información exacta sobre su estado actual, es decir, dar un reporte positivo de los usuarios que en el momento de la consulta están al día en sus obligaciones y uno negativo de los que al momento de la consulta se encuentren en mora en una cuota u obligaciones.
El resto de la información contenida en las bases de datos financieros, crediticios, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países harán parte del historial crediticio de cada usuario, el cual podrá ser consultado por el usuario, siempre y cuando hubiere sido informado sobre el estado actual. 
Parágrafo 4°. Se prohíbe la administración de datos personales con información exclusivamente desfavorable. 

Artículo 15. Acceso a la información por parte de los usuarios. La información contenida en Bancos de Datos de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países podrá ser accedida por los usuarios únicamente con las siguientes finalidades:
Como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, así como para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente.
Como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas.
Para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente.
Para cualquier otra finalidad, diferente de las anteriores, respecto de la cual y en forma general o para cada caso particular se haya obtenido autorización por parte del titular de la información.

TITULO V
PETICIONES DE CONSULTAS Y RECLAMOS

Artículo 16. Peticiones, consultas y reclamos.
I. Trámite de consultas. Los titulares de la información o sus causahabientes podrán consultar la información personal del titular, que repose en cualquier Banco de Datos, sea este del sector público o privado. El operador deberá suministrar a estos, debidamente identificados, toda la información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la identificación del titular.
La petición, consulta de información se formulará verbalmente, por escrito, o por cualquier canal de comunicación, siempre y cuando se mantenga evidencia de la consulta por medios técnicos. 
La petición o consulta será atendida en un término máximo de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender la petición o consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término. 

Parágrafo. La petición o consulta se deberá atender de fondo, suministrando integralmente toda la información solicitada. 
II. Trámite de reclamos. Los titulares de la información o sus causahabientes que consideren que la información contenida en su registro individual en un Banco de Datos debe ser objeto de corrección o actualización podrán presentar un reclamo ante el operador, el cual será tramitado bajo las siguientes reglas: 
1. La petición o reclamo se formulará mediante escrito dirigido al operador del Banco de Datos, con la identificación del titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y si fuere el caso, acompañando los documentos de soporte que se quieran hacer valer. En caso de que el escrito resulte incompleto, se deberá oficiar al interesado para que subsane las fallas. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la información requerida, se entenderá que ha desistido de la reclamación o petición.
2. Una vez recibido la petición o reclamo completo el operador incluirá en el registro individual en un término no mayor a dos (2) días hábiles una leyenda que diga “reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo. Dicha información deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido y deberá incluirse en la información que se suministra a los usuarios.
3. El término máximo para atender la petición o reclamo será de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atender la petición dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se atenderá su petición, la cual en ningún caso podrá superar los ocho (8) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término.
4. En los casos en que exista una fuente de información independiente del operador, este último deberá dar traslado del reclamo a la fuente en un término máximo de dos (2) días hábiles, la cual deberá resolver e informar la respuesta al operador en un plazo máximo de diez (10) días hábiles. En todo caso, la respuesta deberá darse al titular por el operador en el término máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la reclamación, prorrogables por ocho (8) días hábiles más, según lo indicado en el numeral anterior. Si el reclamo es presentado ante la fuente, esta procederá a resolver directamente el reclamo, pero deberá informar al operador sobre la recepción del reclamo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga “reclamo en trámite” y la naturaleza del mismo dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente.

5. Para dar respuesta a la petición o reclamo, el operador o la fuente, según sea el caso, deberá realizar una verificación completa de las observaciones o planteamientos del titular, asegurándose de revisar toda la información pertinente para poder dar una respuesta completa al titular.
6. Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del Hábeas Data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida. La demanda deberá ser interpuesta contra la fuente de la información la cual, una vez notificada de la misma, procederá a informar al operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, de forma que se pueda dar cumplimiento a la obligación de incluir la leyenda que diga “información en discusión judicial” y la naturaleza de la misma dentro del registro individual, lo cual deberá hacer el operador dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a haber recibido la información de la fuente y por todo el tiempo que tome obtener un fallo en firme. Igual procedimiento deberá seguirse en caso que la fuente inicie un proceso judicial contra el titular de la información, referente a la obligación reportada como incumplida, y este proponga excepciones de mérito.

TITULO VI
VIGILANCIA DE LOS DESTINATARIOS DE LA LEY

Artículo 17. Función de vigilancia. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá la función de vigilancia de los operadores, las fuentes y los usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales que se regula en la presente ley. 
En los casos en que la fuente, usuario u operador de información sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta ejercerá la vigilancia e impondrá las sanciones correspondientes, de conformidad con las facultades que le son propias, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas pertinentes y las establecidas en la presente ley. 

Para el ejercicio de la función de vigilancia a que se refiere el presente artículo, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera de Colombia, según el caso, tendrán en adición a las propias las siguientes facultades: 
1. Impartir instrucciones y órdenes sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones de la presente ley relacionadas con la administración de la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar procedimientos para su cabal aplicación.
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de las normas que la reglamenten y de las instrucciones impartidas por la respectiva Superintendencia.
3. Velar porque los operadores y fuentes cuenten con un sistema de seguridad y con las demás condiciones técnicas suficientes para garantizar la seguridad y actualización de los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta o uso no autorizado conforme lo previsto en la presente ley.
4. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario la realización de auditorías externas de sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
5. Ordenar de oficio o a petición de parte la corrección, actualización o retiro de datos personales cuando ello sea procedente, conforme con lo establecido en la presente ley. Cuando sea a petición de parte, se deberá acreditar ante la Superintendencia que se surtió el trámite de un reclamo por los mismos hechos ante el operador o la fuente, y que el mismo no fue atendido o fue atendido desfavorablemente.
6. Iniciar de oficio o a petición de parte investigaciones administrativas contra los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, con el fin de establecer si existe responsabilidad administrativa derivada del incumplimiento de las disposiciones de la presente ley o de las órdenes o instrucciones impartidas por el organismo de vigilancia respectivo, y si es del caso imponer sanciones u ordenar las medidas que resulten pertinentes.
Artículo 18. Sanciones. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera podrán imponer a los operadores, fuentes o usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países previas explicaciones de acuerdo con el procedimiento aplicable, las siguientes sanciones:

Multas de carácter personal e institucional hasta por el equivalente a mil quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por violación a la presente ley, normas que la reglamenten, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por dicha Superintendencia. Las multas aquí previstas podrán ser sucesivas mientras subsista el incumplimiento que las originó.
Suspensión de las actividades del Banco de Datos, hasta por un término de seis (6) meses, cuando se estuviere llevando a cabo la administración de la información en violación grave de las condiciones y requisitos previstos en la presente ley, así como por la inobservancia de las órdenes e instrucciones impartidas por las Superintendencias mencionadas para corregir tales violaciones.
Cierre o clausura de operaciones del Banco de Datos cuando, una vez transcurrido el término de suspensión, no hubiere adecuado su operación técnica y logística, y sus normas y procedimientos a los requisitos de ley, de conformidad con lo dispuesto en la resolución que ordenó la suspensión.
Cierre inmediato y definitivo de la operación de Bancos de Datos que administren datos prohibidos.
Artículo 19. Criterios para graduar las sanciones. Las sanciones por infracciones a que se refiere el artículo anterior se graduarán atendiendo los siguientes criterios, en cuanto resulten aplicables:
a) La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos tutelados por la presente ley;
b) El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción, o el daño que tal infracción hubiere podido causar;
c) La reincidencia en la comisión de la infracción;
d) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio;
e) La renuencia o desacato a cumplir, con las órdenes impartidas por la Superintendencia de Industria y Comercio;
f) El reconocimiento o aceptación expresos que haga el investigado sobre la comisión de la infracción antes de la imposición de la sanción a que hubiere lugar.
Artículo 20. Régimen de transición para las Entidades de Control. La Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia Financiera asumirán, seis (6) meses después de la entrada en vigencia de la presente ley, las funciones aquí establecidas. Para tales efectos, dentro de dicho término el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias para adecuar la estructura de la Superintendencia de Industria, Comercio y Financiera dotándola de la capacidad presupuestal y técnica necesaria para cumplir con dichas funciones.

TITULO VII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES

Artículo 21. Régimen de transición. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley, las personas que, a la fecha de su entrada en vigencia ejerzan alguna de las actividades aquí reguladas, tendrán un plazo de hasta seis (6) meses para adecuar su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley. 
Los titulares de la información que a la entrada en vigencia de esta ley estuvieren al día en sus obligaciones objeto de reporte, y cuya información negativa hubiere permanecido en los Bancos de Datos por lo menos un año contado a partir de la cancelación de las obligaciones, serán beneficiarios de la caducidad inmediata de la información negativa.
A su vez, los titulares de la información que se encuentren al día en sus obligaciones objeto de reporte, pero cuya información negativa no hubiere permanecido en los Bancos de Datos al menos un año después de canceladas las obligaciones, permanecerán con dicha información negativa por el tiempo que les hiciere falta para cumplir el año, contado a partir de la cancelación de las obligaciones.
Los titulares de la información que cancelen sus obligaciones objeto de reporte dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, permanecerán con dicha información negativa en los Bancos de Datos por el término de un (1) año, contado a partir de la fecha de cancelación de tales obligaciones. Cumplido este plazo de un (1) año, el dato negativo deberá ser retirado automáticamente de los Bancos de Datos.
El beneficio previsto en este artículo se perderá en caso que el titular de la información incurra nuevamente en mora, evento en el cual su reporte reflejará nuevamente la totalidad de los incumplimientos pasados, en los términos previstos en el artículo 13 de esta ley.
Artículo 22. Vigencia y derogatorias. Esta ley rige a partir de la fecha de publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” 

Cortesía de: WWW.SINTAPUJOS.NET
                     Orlando Amorocho –Director-

LEY No. 159 de 2008

"POR MEDIO DE LA CUAL SE INSTAURA EN EL TERRITORIO NACIONAL LA
APLICACiÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL A lOS INFRACTORES DE LAS
NORMAS DE ASEO, LIMPIEZA Y RECOLECCiÓN DE ESCOMBROS; Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES".

ELCONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
Disposiciones Generales
ARTíCULO 1o. Objeto. La finalidad de la presente leyes crear e implementar el
Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el
adecuado manejo de residuossólidosy escombros, previendo la afectación del
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y
económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la
normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el
fomento de estímulosa lasbuenas prácticas ambientalistas.
ARTíCULO 20
Breviario de términos. Con el fin de facilitar la comprensión de esta
ley, se dan las siguientesdefiniciones:
l. Residuo sólido. Todo tipo de material, orgánico o inorgánico, y de
naturaleza compacta, que ha sido desechado luego de consumir su
parte vital.
2. Residuosólido recuperable. Todo tipo de residuo sólido al que, mediante
un debido tratamiento, se le puede devolver su utilidad original u otras
utilidades.
3. Residuosólido orgánico. Todo tipo de residuo, originado a partir de un ser
compuesto de órganos naturales.
4, Residuo sólido inorgánico. Todo tipo de residuo sólido, originado a partir
de un objeto artificial creado por el hombre.
5. Separación en la fuente. Acción de separar los residuossólidosorgánicos
y los inorgánicos, desde el sitiodonde estosse producen.
6. Reciclar. Proceso por medio del cual a un residuo sólido se le recuperan
suforma y utilidad original, u otras.
7. Sitio de disposición final. Lugar, técnica y ambientalmente
acondicionado, donde se deposita la basura. A este sitiose le denomina
RellenoSanitario.
8, Lixivlado. Sustancia líquida, de color amarillo y naturaleza ácida que
supura la basura o residuo orgánico, como uno de los productos
derivados de sudescomposición.
9. Escombro. Todo tipo de residuo sólido, resultante de demoliciones,
reparación de inmuebles o construcción de obras civiles; es decir, los
sobrantes de cualquier acción que se ejerza en las estructuras urbanas.
10.Escombrera. Lugar, técnica y ambientalmente acondicionado para
depositar escombros.
11.Espacio público. Todo lugar del cual hace uso la comunidad .
12.Medio ambiente. Interrelación que se establece entre el hombre y su 1
entorno, sea este de carácter natural o artificial.
ARTÍCULO 30. Breviario de leyes y normas. Las siguientes leyes y códigos,
relacionados con el buen manejo de la basura y escombros por parte de la
comunidad, y cuyo efectivo cumplimiento se logrará por medio de la
aplicación del Comparendo Ambiental, son:
• Ley 142de 1994,sobre SeNicios Públicos Domiciliarios.
• Ley 286 de julio de 1996,con la cual se modifican las Leyes 142y 143
de 1994.
• Decreto 548 de marzo de 1995,por la cual se compilan las funciones
de la Superintendencia de SeNicios Públicos.
• Decreto 605 de 1996, sobre prohibiciones y sanciones relativas al
seNicio público de aseo. Artículos 104,105,106, 107.
• Acuerdo 14 de 2001, artículo 50, donde se establece la citación
ambiental a los usuariospor conductas sancionables, respecto al mal
uso del seNicio domiciliario de aseo, en concordancia con el Decreto
605 de 1996.
• Resoluciones CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y
Saneamiento Básico).
• Manual de Convivencia Ciudadana.
• Decreto 1713de 2002.
ARTÍCULO 4°. Sujetos Pasivos del Comparendo Ambiental. Serán sujetos pasivos
del Comparendo Ambiental todas las personas naturales y jurídicas que
incurran en faltas contra el medio ambiente, el ecosistema y la sana
convivencia, sean ellos: propietarios o arrendatarios de bienes inmuebles,
dueños, gerentes, representantes legales o administradores de todo tipo de
local, de todo tipo de industria o empresa, las personas responsables de un
recinto o de un espacio público o privado, de instituciones oficiales, educativas,
conductores o dueños de todo tipo de vehículos desde donde se incurra en
alguna o varias de esasfaltas mediante la mala disposición o mal manejo de los
residuossólidoso los escombros.
CAPITULO 11
De las infracciones objeto de Comparendo Ambiental
ARTÍCULO 5°. De la Determinación de las Infracciones. Todas las infracciones
que se determinan en la presente ley, constituyen faltas sancionables mediante
el Comparendo Ambiental, por representar un grave riesgo para la convivencia
ciudadana, el óptimo estado de los recursos naturales, el tránsito vehicular y
peatonal, el espacio público, el buen aspecto urbano de las ciudades, las
actividades comercial y recreacional, en fin, la preseNación del medio
ambiente y la buena salud de las personas, es decir, la vida humana.
ARTÍCULO 6°. De las Infracciones. Son infracciones en contra de las normas
ambientales de aseo, las siguientes:
1. Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora
del seNicio.
2. No usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depositar la
basura.
3. Disponer residuos sólidos y escombros en sitios de uso público no
acordados ni autorizados por autoridad competente.
4,. Disponer basura, residuos y escombros en bienes inmuebles de
carácter público o privado, como colegios, centros de atención de
salud, expendios de alimentos, droguerías, entre otros.
5. Arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques.
6. Destapar y extraer, parcial o totalmente, sin autorización alguna, el
contenido de las bolsas y recipientes para la basura, una vez
colocados para su recolección, en concordancia con el decreto 1713
de 2002.
7. Disponer inadecuadamente animales muertos, partes de estos y
residuosbiológicos dentro de losresiduosdomésticos.
8. Dificultar, de alguna manera, la actividad de barrido y recolección de
la basura y escombros.
9. Almacenar materiales y residuos de obras de construcción o de
demoliciones en víasy/o áreas públicas.
10. Realizarquema de basura y/o escombros sin las debidas medidas de
seguridad, en sitiosno autorizados por autoridad competente.
11. Improvisar e instalar sin autorización legal, contenedores u otro tipo de
recipientes, con destino a la disposición de basura.
12. Lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en vías y áreas públicas,
actividades estasque causen acumulación o esparcimiento de basura.
13. Permitirla deposición de heces fecales de mascotas y demás animales
en prados y sitiosno adecuados para tal efecto, y sincontrol alguno.
14. Darle mal manejo a sitiosdonde se clasifica, comercializa, recicla o se
transforman residuossólidos.
15. Fomentar el trasteo de basura y escombros en medios no aptos ni
adecuados.
16. Arrojar basuras desde un vehículo automotor o de tracción humana o
animal en movimiento o estático a las vías públicas, parques o áreas
públicas.
17. Disponer de Desechos Industriales, sin las medidas de seguridad
necesarias o en sitiosno autorizados por autoridad competente.
18. El no recoger los residuos sólidos en los horarios establecidos por la
misma empresa recolectora, salvo información previa debidamente
publicitada e informada y debidamente justificada.
Parágrafo 1.- Seentiende por sitios de uso público para los efectos del presente
artículo esquinas, semáforos, cajas de teléfonos, alcantarillas o drenajes,
hidrantes, paraderos de buses,cebras para el paso de peatones, zonas verdes,
entre otros.
CAPITULO 111
De las sanciones a imponerse por medio del Comparendo Ambiental
ARTíCULO 7°, De las sanciones del Comparendo Ambiental. Lassanciones a ser
impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán las contempladas en la
normatividad existente, del orden nacional o local, acogidas o promulgadas
por las administraciones municipales, y susrespectivos concejos municipales, las
cuales son:
l. Citación al infractor para que reciba educación ambiental, durante
cuatro (4) horas por parte de funcionarios pertenecientes a la entidad
relacionada con el tipo de infracción cometida, sean Secretarías de
Gobierno u otras.
2. En caso de reincidencia se obligará al infractor a prestar un día de
seNicio social, realizando tareas relacionadas con el buen manejo de la
disposición final de los residuossólidos.
3. Multa hasta por dos (2) salarios mínimos mensuales vigentes por cada
infracción, sies cometida por una persona natural. La sanción es gradual
y depende de la gravedad de la falta.
4. Multa hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes por cada
infracción, cometida por una persona jurídica. Este monto depende de
la gravedad de la falta, sin embargo nunca será inferior a cinco (5)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
5. Sies reincidente, sellamiento de inmuebles. (Parágrafo del artículo 16 de
la Ley 142de 1994).
6. Suspensión o cancelación del registro o licencia, en el caso de
establecimientos de comercio, edificaciones o fábricas, desde donde se
causan infracciones a la normatividad de aseo y manejo de escombros.
Siel desacato persisteen grado extremo, cometiéndose reiteradamente
la falta, las sanciones antes enumeradas pueden convertirse en arresto.
CAPITULOIV
Entidades responsables de la instauración y aplicación del Comparendo
Ambiental
ARTíCULO 8°. De la instauración del Comparendo Ambiental. En todos los
municipios de Colombia se instaurará el instrumento de Comparendo
Ambiental, para lo cual los Concejos Municipales deberán aprobar su
reglamentación a través de un acuerdo municipal.
Parágrafo: Losconcejos municipales tendrán un plazo máximo de (1) un año a
partir de la vigencia de la presente ley para aprobar los respectivos acuerdos
municipales reglamentarios del presente comparendo ambiental.
ARTíCULO9°. Responsable de la Aplicación del Comparendo Ambiental. El
responsable de la aplicación de la sanción por Comparendo Ambiental en
cada circunscripción municipal será su respectivo alcalde, quien podrá delegar
en suSecretario de Gobierno o en quien haga susveces.
Encuanto a las infracciones ambientales en vías o espacios públicos causadas
desde vehículos automotores o de tracción humana o animal, el responsable
será el respectivo alcalde, quien podrá delegar en su Secretario de Tránsitoo
en la autoridad que haga susveces.
Parágrafo: La Policía Nacional, los Agentes de Tránsito,los Inspectores de Policía
y Corregidores serán los encargados de imponer directamente el Comparendo
Ambiental a los infractores.
ARTíCULO 10. Responsables de imponer el Comparendo Ambiental por
Infracción desde Vehículos: Para el caso de los conductores o pasajeros de
vehículos automotores o de tracción humana o animal, en movimiento o
estacionados, como infractores de las normas de aseo y limpieza, serán los
Agentes de Policía en funciones de tránsito o los Agentes de tránsito, los
encargados de imponer el Comparendo Ambiental, con la respectiva multa de
un (1) salario mínimo mensual legal vigente.
ARTíCULO11. Plan de Acción. ElGobierno Nacional deberá elaborar un plan de
acción con metas e indicadores medibles que propendan por la recuperación
del medio ambiente, por la aplicación de los recursos recaudados en la
aplicación de la presente ley.
ARTíCULO 12. Destinación de los recursos provenientes del Comparendo
Ambiental. Losdineros recaudados por concepto de multas correspondientes al
Comparendo Ambiental deberán ser destinados a financiar programas y
campañas cívicas de Cultura Ciudadana dirigidos a sensibilizar, educar,
concienciar y capacitar a la comunidad y a las personas dedicadas a la
actividad del reciclaje, sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos
(basuras y escombros), como también a programas de limpieza de vías,
caminos, parques, quebradas y ríos.
Parágrafo. Losrecursosque se recauden por este concepto serán destinados a
los municipios correspondientes. Su destinación será específica para lo
establecido en el presente artículo, y se deberán dedicar al logro de los
indicadores fijados de la aplicación del artículo 11de la presente ley.
CAPITULOV
De la manera como se aplicará el Comparendo Ambiental
ARTíCULO 13. De la fijación de Horarios para Recolección de Basura. Las
empresas prestadoras del servicio público domiciliario de aseo, oficiales,
privadas o mixtas, establecerán de manera precisa e inmodificable, las fechas,
horariosy rutasde recolección de basura.
ARTíCULO 14. De Obligaciones de las Empresas de Aseo. Las empresas
prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, pondrán a
disposición de la comunidad todos los medios, como la instalación de
recipientes para la basura, y la proveerán de elementos, de recursoshumanos y
técnicos, con losque se le facilite ejercer buenos hábitos de aseo y limpieza en
suentorno.
ARTíCULO15. Del censo de puntos críticos para el Comparendo Ambiental. Las
empresas prestadoras del servicio de aseo, oficiales, privadas o mixtas, en su
ámbito, harán periódicamente censos de puntos críticos a ser intervenidos por
medio del Comparendo Ambiental.
ARTíCULO16. De la Pedagogía sobre Manejo de Basurasy Escombros.Entoda
jurisdicción municipal se impartirá, de manera pedagógica e informativa, a
través de los despachos u oficinas escogidas para tal fin y medios de
comunicación, Cultura Ciudadana sobre las normas que rigen el acertado
manejo de la basura y de losescombros.
ARTíCULO 17. De la Promulgación del Comparendo Ambiental. Las alcaldías
municipales harán suficiente difusión e inducción a la comunidad, a través de
los medios de comunicación, exposiciones y talleres, acerca de la fecha en
que comenzará a regir el Comparendo Ambiental y la forma como se operará i
mediante este instrumentode control.
ARTíCULO 18. De la Forma de Aplicación e Imposición del Comparendo
Ambiental. El Comparendo Ambiental se aplicará con base en denuncias
formuladas por la comunidad. a través de losmedios dispuestospara ello, o con
base en el censo de puntos críticos realizado por la instancia encargada de
este oficio, o cuando un agente de tránsito, un efectivo de la Policía, o
cualesquiera de los funcionarios investidos de autoridad para imponer dicho
Comparendo, sorprendan a alguien en el momento mismo de cometer una
infracción contra las normas de aseo y de la correcta disposición de
escombros.
ARTíCULO19. De la constatación de denuncias. Enel caso de denuncias hechas
por la comunidad. las autoridades mencionadas en el anterior Artículo, irán
hasta el lugar de los hechos, harán inspección ocular y constatarán el grado de
veracidad de la denuncia. De resultar positiva procederán a aplicar el
Comparendo Ambiental.
ARTíCULO20. De la obligación Estadística.Cada entidad responsable de aplicar
el Comparendo Ambiental llevará estadísticasen medio digital con las que se
pueda evaluar, tanto la gestión del Gobierno Municipal y de las entidades
garantes de la protección del medio ambiente, como la participación
comunitaria en pro del acertado manejo de la basura.
ARTíCULO21. De la Divulgación de Estadísticas.Dichas estadísticas serán dadas
a conocer a la opinión pública e incluso, en los foros Municipales,
Departamentales, Regionales, Nacionales e internacionales, como muestra del
logro de resultados en pro de la preservación del medio ambiente.
CAPITULOVI
De otras disposiciones
ARTíCULO 22. De las Facultades para Reglamentación del Comparendo
Ambiental. Facúltese al Gobierno Nacional para que en el término máximo de
seis(6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reglamente el
formato, presentación y contenido del Comparendo Ambiental fijado por la
misma y teniendo en cuenta su filosofía y alcance.
ARTICULO23. De la Incorporación en el Comparendo Nacional de Tránsito. En
cuanto al comparendo ambiental por norma de transito, facúltese al Gobierno
Nacional para incorporarlo dentro del comparendo nacional de transito dentro
de los seis(6) meses contados a partir de la vigencia de la presente ley.
ARTíCULO24. Del Plazo de Implementación por las Empresas de Aseo. A partir
de la sanción de la presente ley, las empresas de prestación del servicio de
aseo, o de recolección y disposición de basuras y residuos, oficiales, privadas o
mixtas, tendrán seis(6) meses para cumplir con lo establecido en ella.
ARTíCULO 25. De los Incentivos por Campañas Ambientales. Autorícese al
Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, para que
en sujurisdicción y en lo de su competencia, establezcan incentivos destinados
a las personas naturales y jurídicas que adelanten campañas o programas que
propugnen por el mejoramiento, conservación y restauración del medio
ambiente, con el propósito de disminuir las infracciones objeto del Comparendo
Ambiental.
ARTíCULO 26. De la Vigencia. La presente ley rige desde su fecha de
promulgación y publicación.
EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA
DE SERRANO
EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA
EL